Plañiol aborda la deuda del turno de oficio con el colegio de abogados

La nueva consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol, se ha reunido esta mañana con el decano del Colegio de Abogados madrileño (ICAM), Antonio Hernández-Gil, para tratar de desatascar el conflicto laboral con los 4.700 abogados del turno de oficio, que aseguran llevar siete meses sin cobrar y que la Comunidad les adeuda 13 millones de euros. De momento, ninguna de las dos partes ha hablado sobre los resultados de la reunión y advierten de que, en todo caso, se trata de "una primera toma de contacto". Los letrados estuvieron casi todo el mes pasado de huelga para exigir los atrasos, pero el colegio decidió suspenderla temporalmente a la espera de los resultados de la cita.

Al mediodía, las principales asociaciones de abogados del turno de oficio se han concentrado ante el edificio de la Consejería de Justicia. Se han reunido unos 25 letrados, convocados "en defensa de sus derechos" por la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (Apaem), la Asociación Libre de Abogados (ALA) y la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), que se oponen a suspender los paros -la decisión la tomó el colegio-. Entre las asociaciones hay un "gran malestar" por la reanundación del servicio desde el 28 de junio al 12 de julio. Consideran que se ha hecho "unilateralmente", sin tener en cuenta su opinión y sin "ningún compromiso por parte de Consejería". En consecuencia, van a proponer que se retomen los paros lo antes posible porque los problemas persisten y siguen sin cobrar.

A su juicio, el silencio que mantienen colegio y consejería es "una auténtica vergüenza". Ante esta situación, quieren paralizar el servicio de nuevo a partir del 13 de julio y tomarán la decisión la próxima semana. Teodoro Mota, de ALA, explica que el decado ha querido acudir a la cita "sin conflictos ni problemas" pero a su juicio, el colegio "está haciendo daño a unos abogados que están trabajando sin cobrar". Por su parte, Juana Naría Malca, de Apaem, denuncia que les "están dejando a un lado" y anuncia que seguirán las movilizaciones porque no van "a permitir que se privatice el servicio como se rumorea". "No estamos dispuestos a que cada vez se pidan más requisitos a los extranjeros o que sea el abogado el que tenga que comprobar si el cliente tiene medios o no para pagar defensa", añade. Mercedes Martínez, de Altodo, cree que es "factible buscar una solución" pero que no están "dispuestos a que se les tome el pelo" y a que se les dé "la callada por respuesta". "Ahora nos dicen que tienen que retomar toda la negociación porque la consejera es nueva". A su juicio, este argumento es "mentira porque el equipo es el mismo".

Movilizaciones y protestas

El Colegio de Abogados de Madrid suspendió a primeros de mes las designaciones de los letrados de turno de oficio con carácter indefinido salvo en aquellos casos en los que se pudiera causar perjuicio directo e irreversible al ciudadano de cuya defensa se tratase, básicamente los casos de violencia de género. Desde ese día, los letrados de oficio sólo han realizado el 44,1% de las asistencias respecto a la media diaria que se venía realizando hasta la fecha, según el Colegio.

La reunión con la consejera se acordó el pasado lunes momentos antes de que los letrados que ofrecen este servicio se reunieran en asamblea en los juzgados de Plaza de Castilla para decidir sobre futuras movilizaciones. Entonces, el ICAM comunicó que levantaba la suspensión hasta el próximo 12 de julio a expensas del resultado de la reunión.

Las reivindicaciones de los abogados de turno de oficio madrileños han recibido el apoyo del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que exigió al Gobierno regional que pagara lo que adeudan a este servicio público de justicia gratuita. El CGAE recordó que la Comunidad de Madrid adeuda las cantidades correspondientes a casi todo 2010 y lo que se ha pagado se ha hecho con cargo a los presupuestos de 2011.

Detrás de todo el debate está el anuncio del Gobierno regional de intentar limitar al máximo la justicia gratuita y el turno de oficio, sobre todo, cuando se les ha disparado la factura. Los juicios por delitos contra la seguridad vial, en concreto por alcoholemia, han supuesto un aumento de intervenciones del turno de oficio, lo que ha repercutido en las arcas regionales. A ello se ha unido la denuncia del Ejecutivo regional de que en los temas de extranjería, en especial en las expulsiones del país, los abogados del turno siguen todo el procedimiento hasta llegar a veces al Tribunal Supremo, pese a no contar con el visto bueno de su cliente, que en la mayoría de los casos ya ha sido repatriado a su país de origen. Los letrados mantienen por su parte que la ley les obliga a defender a sus clientes hasta las últimas instancias judiciales. En caso contrario, estarían causándoles indefensión y vulnerando el derecho constitucional a una tutela judicial efectiva.