Presentada en la Audiencia una querella por genocidio

La Liga Española pro Derechos Humanos presentó ayer en la Audiencia Nacional una querella por delitos de genocidio y lesa humanidad, asesinato, lesiones, torturas y secuestros contra los ministros de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores de Marruecos, así como contra el gobernador de El Aaiún, por los sucesos ocurridos en el Sáhara durante el desmantelamiento por parte de las fuerzas de seguridad del Campamento de la Dignidad.

Según el texto, el pasado 8 de noviembre agentes de la policía especial para el Sáhara y unidades especiales del Ejército marroquí lanzaron un ataque contra el campamento, destrozando las jaimas y golpeando a sus ocupantes. Hubo alrededor de 2.000 detenidos y cientos de heridos. "Se les asesinó impunemente solo por el hecho de pertenecer a la etnia saharaui", explica el texto, que cifra en más de un centenar las víctimas mortales. Entre ellas, un español, Baby Hamday Buyema, de 35 años.

La fiscalía anunció que estudiará detenidamente la querella antes de pronunciarse sobre su admisión.

Dudas sobre el futuro

Fuentes jurídicas aducen que la responsabilidad histórica que mantiene España sobre el Sáhara, independientemente de la existencia de víctimas nacionales en los citados sucesos, debe proporcionar el vínculo imprescindible para la admisión a trámite de la querella por parte del tribunal.

Sin embargo, esas mismas fuentes puntualizan que podría tener escaso recurrido jurídico, ya que la jurisdicción española es subsidiaria de la del lugar en el que ocurrieron los hechos y se da la circunstancia de que la Fiscalía de El Aaiún ha abierto ya una investigación sobre lo ocurrido.

Por otro lado, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) instó ayer al Gobierno, a que por todos los medios pacíficos al alcance del Estado, exija a Marruecos que respete los derechos humanos, cumpla las resoluciones de Naciones Unidas y permita el trabajo libre e independiente de abogados y periodistas en el país.

El CGAE condenó la violencia contra la población civil en el Sáhara, la vulneración del derecho de defensa en el Tribunal Penal de Casablanca, la inactividad de los servicios diplomáticos españoles y el bloqueo informativo impuesto por Rabat sobre ese territorio. Así mismo, reclamó una comisión internacional que investigue la supuesta violación de los derechos humanos.