El Senado descarta a Enrique López y al 'número dos' de Justicia para acceder al Constitucional

La Mesa del Senado ha rechazado hoy a dos de los candidatos propuestos por las comunidades autónomas para ingresar en el Tribunal Constitucional. Uno de ellos es el principal escollo de todo el proceso de nombramiento, el candidato del PP Enrique López, radicalmente inaceptable para el PSOE hasta hace unos días. El máximo órgano del Senado, con la oposición del PP, ha decidido que no cumple con el requisito de tener 15 años de experiencia en la judicatura tal y como exige la Ley Fundamental.

La oposición del PP a que se rechace a estos candidatos ha obligado a votar la decisión. La votación se ha producido a las 12.45 y ha contado con los votos a favor de los tres representantes socialistas más el de CiU.

Lo que ha votado la Mesa es el informe que los servicios jurídicos del Senado realizaron en octubre de 2008 para analizar el cumplimiento por parte de los candidatos de los requisitos que exige la Constitución. Estos son, por un lado, que sean juristas de reconocido prestigio. Por otro, que tengan 15 años de ejercicio profesional. Aquel informe explicaba que, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso del fiscal general del Estado Eligio Hernández, los años que pasa un jurista en situación de servicios especiales no cuentan para el cómputo de los 15 años. López y Campo pasaron siete años en el anterior Consejo General del Poder Judicial. Si se eliminan esos años de su currículum, no cumplen el mínimo de ejercicio profesional exigido para acceder al Tribunal Constitucional.

López ha asegurado a EL PAÍS que no comparte el criterio del Senado porque "no se puede entender que las funciones de vocal del Consejo General del Poder Judicial no son funciones de jurista", informa Manuel Altozano. López fue miembro del organismo a petición del PP.

El candidato ahora rechazado ha recordado que "a los vocales del Poder Judicial que no proceden de la judicatura se les exige 15 años de ejercicio" y ha insistido en que "no se puede entender alejada de la función judicial la función de gobierno del Poder Judicial".

Al aplicar este criterio, queda fuera también otro candidato, el actual secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, propuesto por el PSOE en Andalucía. De los 23 candidatos, por tanto, la lista se queda en 21. Campo fue nombrado secretario de Estado de Justicia mientras su situación como candidato estaba boqueada. Al menos otro de los candidatos, Ángel Juanes, propuesto por el PSOE en Extremadura, ha cambiado también de puesto en este periplo. Juanes era magistrado del Tribunal Supremo cuando fue propuesto y ahora es presidente de la Audiencia Nacional.

El vicepresidente del Senado, Isidre Molas, ha explicado que la Cámara ofrecerá a los Parlamentos autónomos que propusieron a unos de estos dos candidatos que lo sustituya por otro nuevo. Esto significaría pedir al menos un candidato distinto a las cinco comunidades autónomas que propusieron a López, más otro en Andalucía. Se abre de esta forma la posibilidad de que el PP ponga otros seis candidatos distintos para negociar la renovación. Los Parlamentos tienen de plazo hasta el próximo 29 de junio.

Desbloquear los nombramientos

La portavoz socialista en la Cámara alta, Carmela Silva, ha explicado en rueda de prensa, una hora antes de producirse esta decisión, que el criterio de su grupo en caso de que algún candidato no sea considerado apto es que se pida otro al Parlamento autónomo que lo nombró. Esto significaría pedir al menos un candidato distinto a las cinco comunidades autónomas que propusieron a López (Madrid, Castilla y León, Extremadura, Cantabria y La Rioja), más otro en Andalucía, para lo que concede un plazo que concluirá el próximo 29 de junio. Se abre de esta forma la posibilidad de que el PP ponga otros seis candidatos distintos para negociar la renovación.

La última vez que el Senado intentó cumplir con su obligación de nombrar a cuatro magistrados del Constitucional, a finales del verano de 2008, el PP ignoró la posibilidad que le ofrecía la ley de proponer un candidato distinto en cada autonomía. Así estaba previsto en la ley, de forma que luego los partidos tuvieran una amplia lista de nombres sobre los que negociar. El PP, en una maniobra coordinada desde Génova y que el PSOE interpretó como un engaño intolerable, propuso a los mismos dos candidatos en todos los Parlamentos. Además, se trataba de Enrique López y Francisco José Hernando, dos nombres inaceptables para los socialistas.

La maniobra del PP logró meter la renovación en un callejón sin salida que ahora, a raíz de la petición del Gobierno de Cataluña, el PSOE y los partidos nacionalistas tratan de desbloquear.