Suspendido el juicio de El Solitario al no acudir su abogado

Jaime Giménez Arbe, el Solitario, entró esposado en la sala de vistas de la Audiencia de Pamplona para ser juzgado por su presunta implicación en el asesinato de dos guardias civiles en la localidad navarra de Castejón en 2004. Malhumorado y molesto, en varias ocasiones se tapó la cara con las manos para evitar ser fotografiado. Apenas 15 minutos después abandonó la sala sin pronunciar ni una palabra. El presidente del tribunal, Juan José García Pérez, suspendió la vista ante la ausencia de Marcos García-Montes, abogado del procesado.

Lo que iba a ser la primera sesión del juicio contra el famoso atracador se resolvió en un santiamén: el tiempo que emplearon el fiscal Javier Muñoz, el abogado José Aguilar, acusador en nombre de las familias de los guardias, y el abogado Ignacio González, acusador público en representación de la Asociación Independiente de Guardias Civiles, en expresar su opinión sobre la incomparecencia de García-Montes. Tras escucharlos, el tribunal acordó la apertura de diligencias contra el defensor de El Solitario por un posible "delito de obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional" al apreciar su "incomparecencia injustificada" a la sesión. El magistrado García Pérez también anunció que "la sala se reserva el derecho a imponer una multa" al letrado.

García-Montes replicó, en declaraciones a EL PAÍS, que su incomparecencia fue plenamente justificada por tener señalada una indagatoria en un Juzgado Las Palmas, pese a que él había solicitado el aplazamiento de esta diligencia. El letrado sostiene que mañana debe asistir a otros dos clientes en un juicio que está celebrándose en Gijón, lo que le imposibilita también estar presente en la sesión de la vista fijada para ese mismo día en la audiencia de Pamplona. "Al existir señalamientos preferentes establecidos por otros órganos jurisdiccionales, solicité a la Audiencia de Navarra que procediera al señalamiento de nuevos días y horas para el caso de Giménez Arbe", precisó.

El fiscal y las acusaciones demandan para Giménez Arbe más de 50 años de prisión por los asesinatos de los guardias José Antonio Vidal y Juan Antonio Palmero.