Vic se enroca en su veto a los 'sin papeles', pero aplaza la medida hasta febrero

No se ha votado nada concreto, ni siquiera hay papeles escritos, pero el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) ha reafirmado su intención de modificar los criterios de empadronamiento: pedirá el visado a los inmigrantes en situación irregular y si no lo tienen les negará el trámite. Lo hará a partir del próximo 4 de febrero.

El Ayuntamiento, gobernado por CiU, ERC y PSC, se mantiene pues, en sus trece, aunque la medida ha sido calificada de ilegal por, entre otros, la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, o el ministro de Trabajo, José Corbacho.

Tanto el alcalde, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU) como los concejales del PSC, Josep Burgaya, y ERC, Joan López Carol, han defendido la legalidad "y legitimidad" de la medida en el pleno, aunque han asegurado que encargarán un estudio jurídico y reconsiderarán la exigencia de visado si detecta irregularidades.

El alcalde defiende que vetar el padrón a los sin papeles "busca mejorar la cohesión social de la ciudad y trabajar en el sentido del orden y la convivencia".

Desde la oposición, ICV ha presentado una moción para pronunciarse en contra, pero la ha retirado después de que el alcalde se haya comprometido a explicar la medida a las entidades y al propio partido ecosocialista en las próximas semanas.

La xenófoba Plataforma per Catalunya de Josep Anglada, con cuatro concejales en el consistorio, pretendía aprobar por la vía de urgencia una moción de apoyo, pero ha sido rechazada por entender el tripartito que no requería de tal urgencia.

Reacciones

Los partidos a los que pertenecen los ediles que forman el tripartito municipal han mantenido una actitud de relativa tibieza con sus compañeros. CiU lleva días pidiendo respeto por la realidad del municipio, donde una cuarta parte de sus casi 40.000 habitantes son de origen extranjero.

ERC, cuyo portavoz afirmó el viernes pasado que la formación "no ve bien" la medida, ha mantenido una actitud ambigua: la portavoz parlamentaria, Anna Simó, no ha entrado a valorar las intenciones del Ayuntamiento y se ha limitado a decir que "lo que hace y debe hacer Vic es cumplir sus funciones y poner orden en el padrón". El PSC no ha valorado la cuestión.

Mientras, desde el Gobierno catalán -que el martes no quiso valorar la cuestión pese a los reiterados requerimientos de los medios de comunciación-, el secretario de Inmigración, Oriol Amorós, ha advertido al Ayuntamiento de Vic que no empadronar a sin papeles sólo generará "desconocimiento" sobre la realidad de las personas que residen en el municipio y más "desorden".