Un año de inhabilitación para una juez por precintar una perfumería ilegalmente

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha inhabilitado por un año a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Úbeda (Jaén), María Dolores Barragán, por dos faltas muy graves. Esta magistrada precintó de manera ilegal durante una semana dos perfumerías de Úbeda, según el organismo. La juez acudió a uno de los establecimientos el 4 de abril y compró un perfume, pero pasados unos días acudió al lugar a devolverlo porque entendía que no olía bien y podía ser falso.

Aunque la dependienta le dijo inicialmente que el perfume no podía ser devuelto porque ya estaba casi todo consumido, finalmente accedió al cambio por las formas utilizadas por la compradora, que ya se identificó como juez. "Nos dijo con malas formas me lo vais a cambiar sí o sí", ha indicado esta mañana Mayca Martínez, la dependienta que la atendió.

El dueño: "Pasamos un calvario"

Al día siguiente, la juez, que estaba de guardia, abrió diligencias contra el comercio, propiedad de Domingo Expósito, por un presunto delito contra la propiedad industrial y envió a la Policía Local, que realizó una inspección en busca de perfumes falsificados. Además, ordenó el precinto de las tiendas, situadas en la calle Picasso y en la calle San José.

"Pasamos un calvario", ha admitido por su parte el dueño, que renunció a emprender acciones legales contra la juez y pedir una indemnización por las pérdidas económicas ocasionadas. Fue el fiscal de Úbeda el que puso el conocimiento los hechos de la Fiscalía provincial, quien lo remitió a la Fiscalía del TSJA y éste, a su vez, lo envió hasta el Consejo General del Poder Judicial.

La dureza de esta sanción contrasta con la impuesta hace más de un año por el mismo CGPJ al juez Rafael Tirado. Fue una multa de 1.500 euros por no enviar a prisión al supuesto asesino de la niña de Huelva Mari Luz pese a tener una condena pendiente por delitos de pederastia. El organismo consideró que cometió una falta grave, no una muy grave, como ha sido el caso y por partida doble de María Dolores Barragán. La comisión disciplinaria rechazó las sanciones que pedía el fiscal -quien calificó la actuación del juez Tirado como una falta muy grave de desatención- que incluían la suspensión de empleo de hasta tres años, el traslado forzoso o la separación definitiva de la carrera.

El caso produjo una fuerte controversia -"Este Consejo será el que haya escrito la página más negra de la justicia española", dijo Juan José Cortés, el padre de la pequeña-, máxime cuando un mes después, el Ministerio de Justicia impuso una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo a Juana Gálvez, la secretaria judicial de Rafael Tirado, por su actuación durante el proceso. Justifica consideró que había incurrido en una falta grave de negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones.