Cuatro años separan las líneas rojas de Gobierno y sindicatos en pensiones

Una brecha de cuatro años separa, a grandes rasgos, las líneas rojas del Gobierno y de los sindicatos en la negociación sobre pensiones . Es la distancia entre los 35 años cotizados que piden UGT y Comisiones Obreras para mantener el derecho a jubilarse a los 65, y los 39 a los que estaría dispuesto a bajar el Ejecutivo -aunque no lo ha formulado expresamente- para conservar esa opción. En medio, un abanico de propuestas muy matizadas que se debatirán durante el fin de semana para intentar cerrar antes del martes el pacto global al que aspiran ambas partes, junto con la CEOE.

Aunque parezca salvable, la distancia aún resulta abismal. Para el Gobierno, es fundamental mantener los 67 años como edad legal aun a costa de eximir a los trabajadores con carreras de cotización más largas. Oficialmente, esas trayectorias dilatadas se siguen cifrando en 41 años, pero la oferta de rebajar hasta 39 años ha surgido como una "reflexión en voz alta con testigos", aseguran fuentes de la negociación.

Asumir que el derecho a retirarse a los 65 se consigue solo acreditando una extensa vida laboral implica, para los sindicatos, aceptar los 67 como referencia legal para carreras más cortas. Sin querer enunciarlo, tanto CC OO como UGT son conscientes de esa lógica, aunque subrayan que la negociación resulta más compleja y que las cifras no bastan .

El diagnóstico que lanzaron ayer Gobierno y sindicatos sobre el pretendido pacto social resultó casi idéntico. El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo ve posible pero no cercano. "Son muchas las cosas que nos separan, y las restricciones de unos y otros son importantes", subrayó tras el Consejo de Ministros. Poco antes, Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC OO) habían empleado términos parecidos en una asamblea en Sevilla: las posiciones están "muy alejadas" pero existe una "voluntad de acuerdo hasta el final".

La clave reside en cuántos trabajadores se salvan del yugo de los 67 años con las propuestas que plantea cada parte. Si prosperase la idea del Ministerio de Trabajo, jubilación a los 65 con un mínimo de 41 años cotizados, entre un tercio (según fuentes sindicales) y un 40% (según el Ejecutivo) de trabajadores que ahora acceden a la jubilación conservarían el derecho a los 65. La proporción crece a medida que se rebaja el número de años exigidos. Con 36 años -la primera cifra que enunció el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, como referencia transitoria- la mitad de los nuevos jubilados se librarían.

Si los números quedasen como proponen los sindicatos, bastarían 35 años cotizados para abandonar el mercado laboral a los 65. Eso implica eximir a la inmensa mayoría de los nuevos jubilados, pues dos tercios de ellos acumulan más de 35 años, según datos de la Seguridad Social.

El gran inconveniente de estos números es que solo revelan lo que ocurriría dentro de muchos años si las pautas de cotización se mantuvieran fijas. Pero eso no va a ocurrir. Así, exigir 41 años trabajados, como hace el Gobierno, implica que el trabajador ha tenido que iniciar su carrera a los 24 años, sin perder ninguno, para jubilarse a los 65. De ser el mayoritario, ese perfil pasará a ser escaso en pocos años. Con la propuesta sindical, habría que entrar en el sistema a los 30 años, lo que desvirtuaría la obligación legal de retirarse a los 67, pues muchos de los futuros jubilados cumplirían el requisito. El Gobierno entiende que ese supuesto anula en gran medida el efecto de su reforma .