El brazo corto de la ley

Han pasado tres años desde que se aprobó por unanimidad la Ley de Violencia de Género. El goteo de muertes no cesa ni disminuye, y días negros como el del martes, con cuatro víctimas, hacen plantearse a los partidos si algo está fallando; si se puede hacer más.

De las mujeres que mueren cada año, sólo el 30% ha puesto denuncia contra su agresor. Del resto, las autoridades no sabían nada. Estas dos situaciones se deben abordar de forma distinta, según los expertos. Por un lado, el Estado debe conseguir que las mujeres, sus familias, los vecinos, los médicos y el entorno en general se conciencien de la necesidad de pedir ayuda. Las asociaciones de mujeres llevan tiempo pidiendo, como hace ahora IU, campañas de carácter casi permanente, como las de tráfico, que se dirijan no sólo a las víctimas sino también, y sobre todo, al entorno y al maltratador para que éste sea consciente del rechazo social

¿Qué ocurre con las mujeres que sí denuncian? El PP pide más juzgados. La ley empezó con 15 que se encargaban en exclusiva de esta materia. Ahora hay 83, según el Poder Judicial. Los expertos están de acuerdo en la conveniencia de estos órganos específicos ¿Hacen falta más? "No puede haber uno por partido judicial por escasez de recursos", señala Montserrat Comas, del Observatorio de Violencia del Consejo General del Poder Judicial. "Pero sí se debería desarrollar una previsión de la ley para que estos juzgados puedan actuar en más de un partido e intentar cubrir así todo el territorio nacional". Desde el PSOE recuerdan que un tercio de las maltratadas son extranjeras por lo que proponen planes específicos para esta población.

Otra carencia: no hay suficientes unidades específicas para valorar el riesgo que corre cada víctima. Son las que evalúan, de las más de 100.000 denuncias anuales, cual es la situación concreta de cada mujer y el nivel de peligrosidad de los agresores. Apenas hay 38 unidades en España (con forenses, psicólogos y trabajadores sociales) para atender todas las denuncias, y hay sitios en los que no existen. El Gobierno asegura que ha abierto una por provincia en su territorio, pero que no puede controlar lo que ocurre en las comunidades con competencias propias en Justicia.

Los policías también siguen, desde julio, un protocolo de detección de riesgo con el que han considerado que unas 1.200 mujeres estaban en situación de riesgo alto -el 2,5% del total-. En estos casos despliegan medidas extraordinarias de protección y vigilancia al agresor. A pesar de ello, algunas mueren, lo que supone que no se evaluó bien el riesgo o no se adoptó la protección correcta. En estos momentos hay 1.848 policías y guardias civiles dedicados a esta función.

Sea como fuere, urgen medidas eficaces. Ayer mismo, dos mujeres fueron apuñaladas. Una en Pollença (Mallorca), de 32 años, permanece en el hospital. La segunda, de 31 años, en Poio (Pontevedra), con heridas leves, informa Lara Varela.