¿Se cae la cara de vergüenza?
Lo que le ha pasado al juez Rafael Tirado (que no emitió una orden de búsqueda y captura contra Santiago del Valle) y al magistrado Javier González (que tardó la friolera de 31 meses en redactar una sentencia nada complicada de la Audiencia de Sevilla sobre el mismo caso) "le podía haber pasado a cualquiera de nosotros". Esa parece la principal conclusión a la que han llegado los jueces españoles a raíz del caso Mari Luz. Si fuera una reacción puramente corporativista, una de las mayores pestes que sufre la sociedad española, sería muy grave. Pero peor todavía sería que tuvieran razón y que lo que ha sucedido pueda repetirse en cualquier momento.
Si lo ocurrido no es algo excepcional, si no es consecuencia de la mala práctica profesional de dos jueces concretos, si es cierto que le podría haber pasado a cualquiera de los jueces españoles, entonces quiere decirse que eso es, muy probablemente, lo que de verdad está pasando todos los días en buena parte de los juzgados. Y que los ciudadanos no nos enteramos de ese pésimo funcionamiento cotidiano de la Administración de justicia más que cuando traspasa el límite de la vida y la muerte. Quiere decirse que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano incompetente, que ha hecho un pésimo trabajo a lo largo de estos años, y que los sucesivos Gobiernos han ocultado a los ciudadanos ese lamentable estado de cosas.
Hacienda y Seguridad Social se adaptaron a las nuevas tecnologías. En la Justicia hubo desidia
Produce estupefacción, y una profunda desconfianza, saber hasta qué punto está desorganizada la Administración de justicia de este país (que trata con unos centenares de miles de ciudadanos) en comparación con la Administración tributaria o con el sistema de la Seguridad Social (que tratan con decenas de millones). La rapidez y profesionalidad con la que esas otras Administraciones se han adaptado a las nuevas tecnologías pone en evidencia que no se ha tratado, fundamentalmente, de un problema de falta de recursos, sino de una apabullante falta de interés y de una descarada intromisión de cuestiones políticas en el ámbito de lo que debería ser, sobre todo, un servicio público esencial. Mientras que los responsables de Hacienda y de la Seguridad Social se esforzaban por modernizar sus respectivas organizaciones, los responsables de la Justicia, ministerio y Consejo, han estado lamentablemente enzarzados en luchas políticas ajenas al interés de los ciudadanos. Ahora todos tenemos que pagar las consecuencias.
España tiene hoy día, aproximadamente, tantos jueces profesionales por 100.000 habitantes (10.3, según datos de 2006) como Francia o Italia. Y más personal administrativo que la media de los grandes países europeos. ¿Qué es lo que no funciona? La descoordinación entre las Administraciones de justicia con competencias transferidas, la creciente falta de preparación de ese personal administrativo (que ahora llega en muchos casos procedente del Inem y no de Bolsas de trabajo especializadas), la excesiva movilidad laboral de jueces y de administrativos y, sobre todo, la inconcebible desidia con la que jueces y políticos se han esforzado en adaptar técnicamente la Justicia a la nueva sociedad española.
Los datos abruman: la Comisión de Organización y Modernización Judicial, del CGPJ, fue creada en 2004. La Comisión de Informática es anterior, pero hasta hoy no ha conseguido poner en marcha completamente el llamado Punto Neutro, un nudo central que permita las comunicaciones entre las distintas redes corporativas de las comunidades autónomas, el Ministerio de Justicia y el propio CGPJ.
La desconfianza se convierte directamente en vergüenza cuando se lee la nota de prensa distribuida el pasado miércoles por la Fiscalía General del Estado, en la que se da cuenta de la creación de una Comisión para el seguimiento de los Delitos Sexuales, creada, deprisa y corriendo, para dar alguna satisfacción a la alarmada opinión publica. Los componentes de la Comisión anuncian que "solicitarán informes a todas las fiscalías del territorio nacional para conocer los diferentes sistemas informáticos que funcionan actualmente". Es decir, la Fiscalía del Estado no dispone en la actualidad de información centralizada sobre los sistemas informáticos que utilizan todas las fiscalías. Es decir, que las fiscalías utilizan, por lo que se ve a su libre albedrío, sistemas informáticos diversos y posiblemente incompatibles entre sí.
O cuando se lee el informe presentado en 2006 por el sindicato de secretarios judiciales: "Sin poner en tela de juicio que determinados secretarios judiciales incumplan sistemáticamente (¡!) con sus obligaciones en materia de elaboración de estadísticas (...) lo cierto es que la mayor parte hemos dedicado muchas horas a intentar introducir datos estadísticos en nuestro ordenador con resultados negativos por la insuficiencia y saturación del servidor de CGPJ. (...) Al parecer, el CGPJ no se ha planteado que en ausencia de programas informáticos que actualicen permanentemente los datos, no parece razonable que un boletín estadístico conste de hasta 45 folios con más de 300 casillas que rellenar". ¿No se le cae a nadie la cara de vergüenza? solg@elpais.es
