La "falta de autoridad", germen del 'botellón'

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, cree que la falta de autoridad de padres y profesores es el origen de algunos comportamientos conflictivos por parte de los adolescentes, y en concreto, de actitudes como el botellón. Además, considera que cuando, por ejemplo, se permite el tuteo a los maestros, se está abriendo el camino a "la falta de respeto".

Múgica, que ha comparecido este jueves en el Congreso para presentar el informe de gestión de la institución que preside correspondiente a 2008, ha afirmado que el reciente episodio de violencia en Pozuelo de Alarcón (Madrid) durante un botellón masivo se debe "al desbordamiento de actitudes irracionales" por la pérdida de autoridad y de valores de la sociedad.

Según él, "hay que mantener la autoridad", y también ha reconocido que ha recibido quejas de diferentes localidades de España a causa del botellón. Para Múgica, la sociedad democrática actual tiene todavía pendiente "aprender" la diferencia entre "libertinaje y libertad" y ha abogado por promover un gran diálogo "nacional" de todos los sectores implicados en la educación, incluido el Parlamento, "para ver a dónde vamos a llegar".

El Defensor del Pueblo ha recordado que cuando él era un niño, los padres aceptaban las reprimendas y castigos que los profesores imponían a sus hijos por mal comportamiento, pero ahora, ha afirmado, "hay muchos padres" para quienes "parece que el profesor es culpable de lo que hace el alumno y, a partir de esa actitud, todo es posible".

Tres meses sin ir de fiesta

Los siete adolescentes detenidos por los disturbios de Pozuelo han sido castigados por un juez de menores a tres meses sin salir de fiesta a partir de las 22.00 horas. Durante ese periodo, todos ellos estarán en libertad vigilada y serán seguidos semanalmente por los técnicos de la Agencia del Menor de la Comunidad de Madrid. Los abogados de los siete menores ya anunciaron este miércoles que recurrirán la medida judicial, que consideran desproporcionada.

La Fiscalía de Menores había propuesto una medida menor. En concreto, tres meses de libertad vigilada, ya que los técnicos que les evaluaron determinaron que son jóvenes sin antecedentes, con buenos expedientes y de familias estructuradas. No obstante, la magistrada de Menores encargada del caso decretó la citada medida.

Mientras, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, cree que el "castigo es razonable" y solicita a los padres que encajen la medida "con deportividad". Para Canalda, el que "2.000 chavales" organicen una "zapatiesta monumental" no se puede tolerar y, por ello, pide la colaboración tanto de los educadores como de los padres, así como de la propia administración para evitar que este tipo de altercados se produzcan.