El fiscal mantiene la pena de 54 años para Kantauri
El Ministerio Público acusa a los terroristas de intimidación e intento de asesinato de los guardias civiles que desactivaron el artefacto explosivo
El fiscal Jesús Alonso ha mantenido hoy su petición inicial de 54 años de cárcel para el etarra José Javier Arizcuren, Kantauri, por tres tentativas de asesinato en relación con la colocación de una bomba en un bar de la localidad guipuzcoana Eskoriatza, el 22 de mayo de 1987. Como en ocasiones anteriores, Kantauri se ha negado a declarar ante el tribunal que lo ha juzgado hoy en la Audiencia Nacional. "Soy miembro de ETA, no voy a participar en este teatro por lo que no voy a contestar a ninguna pregunta", ha indicado el acusado. El Ministerio Público ha considerado que es responsable de esos tres delitos ya que en el atentado pudieron morir los tres guardias civiles que desactivaron la bomba.
Arizcuren integraba el comando Araba de ETA, en compañía de los ya condenados por estos hechos, Alberto Plazaola, Juan Carlos Arruti y José Ignacio Gaztañaga, además de otra procesada en rebeldía, quienes planearon el atentado contra el bar Naira de Eskoriatza.
Intentos de intimidación y asesinato
Con el atentado, según el fiscal, los terroristas pretendían, por un lado, "intimidar" a los arrendatarios del establecimiento, debido a que tenían la creencia de que en el establecimiento se traficaba con droga y, por otro, asesinar a los guardias civiles que acudiesen a desactivar el artefacto. Los etarras avisaron al diario Egin de la colocación de la bomba, por lo que se desplazaron hasta el lugar agentes de la Ertzaintza de Arrasate y el equipo de desactivación de explosivos de la Guardia Civil de Arechavaleta. La explosión fue "violentísima" y, aunque tuvo víctimas, causó importantes daños a los inmuebles y vehículos cercanos.
En la vista, Arruti se ha negado a contestar y Gaztañaga ha dicho que no se acordaba de nada. Sin embargo, en sus declaraciones policiales reconocieron a Kantauri como miembro del comando. En su informe final, el representante del Ministerio Público ha sostenido que las declaraciones de los coimputados y la cantidad de explosivo empleada por los terroristas son pruebas suficientes para dictar una sentencia condenatoria para el acusado.
