Los forenses del Yak-42 alegan obediencia debida

La Sala Segunda del Supremo verá hoy a puerta cerrada los recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional que el 19 de mayo pasado condenó a tres años de prisión al general de división Vicente Navarro y a 18 meses a los dos forenses -los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Sáez- que identificaron erróneamente los cadáveres de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, en mayo de 2003, por un delito de falsedad en documento oficial.

Tanto el general como los dos comandantes reclaman la absolución, mientras que la asociación que representa a la mayoría de las familias de las víctimas pide que se eleve a seis años de cárcel la pena para los tres mandos. El fiscal aboga por confirmar el fallo, que impone también dos años de inhabilitación y seis meses de multa para Navarro y uno de inhabilitación y tres meses de multa para los forenses.

En su recurso, estos alegan, entre otros motivos, la obediencia debida. "Independientemente de que Navarro actuara por orden de su superior en el Ministerio de Defensa o por cuenta propia, lo cierto es que Ramírez y Sáez actuaban bajo las órdenes de Navarro y a él obedecieron", ya que su orden no era manifiestamente ilegal o ilegítima, según su abogado. "Aunque sospecharan que pudieran llegar finalmente a existir identificaciones erróneas, ningún indicio existe de que tuvieran certeza absoluta de las falsedades realizadas por el otro condenado", agrega.

El recurso de Navarro sostiene que no hay delito de falsedad porque los certificados médicos de defunción eran "inocuos e intrascendentes", incluso si se admite que la identificación de los cadáveres fue "un error consciente y voluntario".