La juez de Estepona dicta las dos primeras penas de cárcel por la operación Astapa

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estopona (Málaga), Isabel Conejo, encargada del escándalo de corrupción urbanística, ha dictado esta tarde las dos primeras penas de prisión por la operación Astapa. Son dos personas vinculadas al PES (antiguo GIL): José Ignacio Crespo, ex concejal de Obra y Servicio, y Javier Witmeur, técnico de valoración de Urbanismo y que fue en las listas del PES aunque no salió elegido.

Para el primero, se ha dictado prisión incondicional sin fianza por cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos u blanqueo. Para Witmeur, prisión incondicional sin fianza por falsedad documental, fraude y malversación de caudales públicos. Está previsto que el alcalde, el socialista Antonio Barrientos, declare el viernes. Para la tarde del jueves está prevista la declaración de las tres concejales socialistas en el Ayuntamiento: Mariví López, Asunción López y Marisa Rodríguez.

También del ex gerente de Urbanismo, Pedro López. Los dos contra los que se ha dictado prisión han sido los primeros en declarar hoy. EL jueves por la mañana debía declarar Juan Simón, uno de los abogados detenidos, pero la jueza ha decidido prolongar su detención para tomar declaración antes a otras personas. Desde que el martes por la tarde comenzaran las declaraciones judiciales, la instructora ha decretado libertad provisional para 13 de los 26 detenidos, de ellos, 10 bajo fianza, que tendrán que abonar en un plazo de tres días; y el resto, sin fianza, aunque todos con cargos.

Mientras tanto, los representantes de los partidos que componen el maltrecho equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), PSOE, PA, IU y Estepona 2007, han dado la cara en una rueda de prensa, en la que han admitido la "compleja" situación en la que se encuentran tras la puesta en marcha de la operación Astapa contra la corrupción en el municipio. A pesar de los pesares, han garantizado la estabilidad del consistorio, han asegurado que trabajarán "por la normalidad" y han recordado que no todos los concejales están implicados. Efectivamente, lo están el alcalde y seis de sus 25 ediles.

Los detenidos son el alcalde, el socialista Antonio Barrientos, cuatro ediles del PSOE y dos del Partido Estepona (PES, ex dirigentes del GIL). El alcalde accidental, Rafael Montesinos (PA), ha leído un comunicado que comenzaba aclarando "a la opinión pública y a los medios que no todos los políticos de este Ayuntamiento están implicados en este asunto", tras lo cual ha asegurado que se adoptarán "las decisiones oportunas para volver a la normalidad y decidir conjuntamente lo mejor para Estepona". Montesinos ha asegurado que el Ayuntamiento "funciona con absoluta normalidad" y ha añadido que en estos momentos hay que ser "prudente y esperar a que se pronuncie la Justicia" antes de adoptar otro tipo de decisiones. También ha pedido "salvaguardar la buena imagen del municipio".

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte (PSOE), ha pedido "esfuerzo y comprensión de los ciudadanos" ante una operación que, a su juicio, "pone al Ayuntamiento en una situación muy compleja". Respecto a sus compañeros de partido que se encuentran detenidos, Duarte ha dicho que son "personas para nosotros solventes y honestas que han definido siempre su tarea de gobierno por la anteposición de los intereses públicos y del Ayuntamiento a los personales". "No nos cabe ninguna duda sobre su honorabilidad", ha dicho.

"Tranquilidad, paciencia y confianza"

Preguntado por informaciones publicadas por este periódico que apuntan a que el consistorio se financiaría con dinero negro, ha evitado entrar "en ese tipo de suspicacias" al aludir al secreto de las actuaciones, mientras que el alcalde en funciones ha comentado que duda mucho de ese tipo de financiación. Por otro lado, la concejal de Estepona 2007 Rosa Díaz ha abogado por defender el principio de presunción de inocencia de los detenidos y ha pedido "tranquilidad, paciencia y confianza en la Justicia" porque esto "no acaba más que de empezar". El portavoz de Izquierda Unida, Eduardo Alarcón, ha enviado también un mensaje de tranquilidad a la población y los funcionarios del Ayuntamiento y ha señalado que habrá que esperar a las resoluciones judiciales para actuar en consecuencia.

Por su parte, el PSOE-A ha remitido a la dirección federal del partido una propuesta para la creación de una gestora al frente de la Agrupación Local de Estepona tras la expulsión de su secretario general y alcalde del municipio. Según informa un comunicado del PSOE-A, la gestora estará compuesta por Juan Paniagua como presidente y los vocales Juana Cabeza, Antonio Contreras, Ana Román y María José Anés. La dirección regional del PSOE solicitará, además, la realización de una auditoría interna de las cuentas de la Agrupación socialista de Estepona. Tras la resolución de la expulsión de Barrientos, el PSOE de Andalucía, tal y como anunció, seguirá "depurando cuantas responsabilidades sean necesarias", según la nota.