El pacto territorial mitiga la soledad parlamentaria del Gobierno de Zapatero

Misión cumplida. La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, solventó el encargo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero de presentar antes del 15 de julio un nuevo modelo de financiación autonómica. Ayer anunció el nuevo sistema, al que el Gobierno insufla más de 11.000 millones para financiar los servicios públicos de las comunidades. La seguridad de su aprobación con las comunidades socialistas y, sobre todo, con el Gobierno de Cataluña, adquiere gran relevancia para el devenir del Gobierno de Zapatero.

Le permite atisbar su salida del aislamiento que ha padecido en el Parlamento durante el primer año de la legislatura. Ahora se abre la puerta a que pueda contar con apoyos de fuerzas nacionalistas -para empezar, con ERC- representadas en el Congreso, que se negaban a cualquier apoyo hasta alcanzar un acuerdo satisfactorio sobre la financiación autonómica para Cataluña.

Detrás quedan 11 meses de negociación y más de 100 reuniones del Ejecutivo con las 15 comunidades autónomas de régimen común -quedan fuera País Vasco, Navarra, Ceuta y Melilla, con regímenes específicos-, que han culminado en un modelo de financiación en el que el 80% de los recursos del sistema es destinado a garantizar igual financiación para todos los ciudadanos en los servicios públicos fundamentales.

Un modelo que vincula el reparto al aumento de población en las autonomías y que reduce sus distancias en financiación per cápita en 10 puntos, lo que permitió concluir ayer a Salgado que es "más equitativo" que el anterior, que data de 2001.

Con el acuerdo de financiación autonómica, Zapatero termina con un año de tensiones con la Generalitat de Cataluña, desde que en agosto del pasado año no cumplió con la exigencia de su presidente, José Montilla, de culminar el acuerdo de financiación para esa fecha. Además, el apoyo de ERC e ICV al acuerdo sobre financiación consolida al Ejecutivo tripartito catalán a sólo un año de las elecciones catalanas y deja aislada a CiU.

Pero la consecuencia política de alcance nacional es que Zapatero se zafa de su aislamiento en el Congreso y abre un nuevo escenario político. A finales de julio podrá comparecer en el hemiciclo, en el pleno sobre la crisis económica, con mayor holgura.

No sólo va a contar con el apoyo de los tres escaños de ERC y el de ICV cuando se vote el modelo de financiación autónomica. En medios gubernamentales se confía en que la distante actitud de ERC en el Congreso cambie y el diálogo pueda ser fructífero. Estos interlocutores no niegan que tienen sus expectativas en los próximos Presupuestos Generales del Estado. En el Congreso se verá si el apoyo de ERC al nuevo modelo de financiación se puede extender a otras materias fundamentales. En los planes gubernamentales y de la dirección del Grupo Socialista entra también la relación con los dos diputados de Coalición Canaria, los dos del BNG y el diputado de UPN.

Paralelamente, se ha producido otra novedad en los últimos días cuyo alcance político es aún difícil de calibrar. El PNV ha ofrecido un acuerdo de estabilidad al Gobierno del PSE en Euskadi y está dispuesto a extender ese acuerdo al Ejecutivo de Zapatero, según ha anunciado su presidente, Iñigo Urkullu. La recuperación de ERC de la condición de socio del Gobierno puede tener un efecto dominó sobre el PNV que, según fuentes nacionalistas, quiere restablecer su capacidad de negociación.

Pero antes de ver los efectos que produce el acuerdo en torno al modelo de financiación autonómica hay que andar todos los pasos. El miércoles será aprobado por mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano mixto compuesto por el Gobierno y las comunidades. El Ejecutivo tiene el 50% de los votos y el respaldo de las comunidades socialistas. También se espera el voto de Cantabria, cogobernada por el PRC y PSC, y de Canarias, dirigida por un gobierno de Coalición Canaria y del PP.

Aunque ayer las comunidades del PP no se pronunciaron abiertamente, con seguridad rechazarán el nuevo modelo. Ahora bien, no parece que se vayan a salir del sistema porque tomarán el dinero que les corresponde en el reparto, en el marco de las comisiones mixtas de traspasos que celebrará el Gobierno con cada comunidad. El Grupo Popular votará en contra cuando el acuerdo llegue en forma de ley orgánica al Congreso, pero Zapatero tiene asegurada la mayoría absoluta con el apoyo de ERC, ICV, Coalición Canaria y BNG.

El nuevo modelo ha seguido un camino muy tortuoso para su aprobación. Verá la luz verde un año después del primer compromiso del Gobierno para ultimarlo, en agosto del pasado año, y tras un segundo intento fallido el pasado diciembre.

Hubo un nuevo parón en marzo, después de que el anterior vicepresidente económico, Pedro Solbes, presentara un documento que saltó por los aires por la contestación de las comunidades y especialmente de Cataluña, muy perjudicada con el modelo anterior, que a su juicio no consideraba adecuadamente la población.

Zapatero dejó pasar las elecciones del 1 de marzo en Galicia y País Vasco y las europeas del 7 de junio para retomar la negociación. Se había comprometido en el debate del estado de la nación, a mediados de mayo, a culminarla el 15 de julio.

Cuando estaba en la recta final, la pasada semana, la negociación encalló en Cataluña ante las exigencias de ERC. El problema se ha solucionado finalmente aumentado el Gobierno su oferta inicial, que ha pasado, de forma progresiva, desde 8.000 millones adicionales a más de 11.000. En el caso de Cataluña, ha logrado un complemento extra de 500 millones para financiar competencias exclusivas, como los Mossos d'Esquadra.