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Los escándalos que afectan al PP

Los políticos ven insólita la interpretación de los regalos

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de archivar las actuaciones contra el presidente de esa comunidad autónoma por cohecho no tardó en provocar reacciones de los portavoces de algunas formaciones políticas. En el aire, la interpretación del delito de cohecho impropio y su posible aplicación a regalos de alto valor que reciben los políticos.

El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, fue el primero en declarar públicamente, el mismo lunes, que no comparte "en absoluto" la decisión del tribunal valenciano, que considera que debe haber una causa directa entre los regalos y los posibles beneficios para el que los hace para poder hablar de cohecho. Llamazares rechazó sobre todo la sombra de duda que se abre sobre los regalos a políticos y añadió que "hay una mayoría limpia y comprometida, no como en este caso".

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En la misma línea, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, se preguntó ayer si, con esta decisión, el tribunal valenciano "declara impune la recepción de regalos suntuosos por parte de los cargos públicos".

"Justicia politizada"

En una entrevista en Punto Radio, recogida por Efe, Erkoreka cuestionó si es lícito recibir este tipo de regalos aunque "no conste fehacientemente que ha habido una relación de causa-efecto de beneficios acordados por la autoridad y el que hace el regalo", como dice el TSJCV. "Quisiera conocer si recibir bolsos de mil euros es o no perseguible criminalmente", dijo Erkoreka.

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Aparte de esta reflexión, Erkoreka felicitó al presidente Francisco Camps, "si tiene motivo de satisfacción", por la decisión judicial. El auto que archiva la investigación contra Camps y otros tres cargos del PP valenciano no niega los hechos, es decir, la recepción de los regalos, por lo que evidencia que el presidente valenciano faltó a la verdad tanto en su declaración ante el juez instructor como ante las Cortes valencianas.

El secretario general de ICV, Joan Herrera, opinó ayer que la decisión "afecta a la credibilidad de la Justicia". En declaraciones a RAC 1 recogidas por Efe, dijo que la resolución del TSJCV "es insólita" y se produce porque "se trata de una justicia muy politizada y que, a veces, resuelve por bandos". "En función del bando en que estés", dijo Herrera, "se resuelve de una forma u otra, independientemente de lo que se esté juzgando".

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