El tripartito vasco defiende que la consulta es para "orientar"

Las alegaciones del tripartito vasco -PNV, EA y EB- y de Aralar ante el recurso del Gobierno a la Ley de Consulta del Parlamento vasco se basan en que ésta no es vinculante y no constituye "un mandamiento" para modificar el estatus jurídico de Euskadi, según sus promotores. En rueda de prensa, los máximos responsables de estas formaciones, Iñigo Urkullu, Unai Ziarreta, Javier Madrazo y Patxi Zabaleta, han explicado los fundamentos de esas alegaciones, presentada una hora antes en el Registro del Tribunal Constitucional, así como el levantamiento de la suspensión pedida por el Gobierno central.

Han insistido en que la Ley de Consulta fue aprobada por el Parlamento vasco y "no tiene más sentido que preguntar a los ciudadanos para solucionar el conflicto" y encontrar un acuerdo político para mejorar el autogobierno. Para Urkullu (PNV), las alegaciones están hechas desde "la serenidad y normalidad absoluta, sin dejarnos arrastrar por la provocación que supone el recurso" del Gobierno y del PP, que "no sabemos si buscan la confrontación institucional y social, en la que no nos van a encontrar".

Consulta para "orientar"

Ha insistido en que la consulta "no tiene consecuencias", ya que sus resultados "no operarían dentro de ningún procedimiento abierto" para tomar decisiones políticas, "sino para orientar" a los partidos. El PNV ha pedido al TC que se pronuncie sobre la suspensión y el fondo del recurso antes del 15 de septiembre, ya que de lo contrario se producirían "perjuicios irreversibles" para la sociedad vasca, que no sería consultada. Ziarreta (EA) ha dicho que la consulta supone "la esencia de la democracia" e impedir su celebración "es extremadamente grave", ya que supone "que se nos impide no solo decidir, sino opinar".

El coordinador de EB, Javier Madrazo, ha precisado que el recurso del Gobierno es "una gran mentira orquestada", pues "quienes han negociado con ETA y Batasuna" no quieren que ahora se vote el fin de la violencia de la banda y que las fuerzas democráticas decidan sobre su futuro en Euskadi.

"Daño irreversible"

Por su parte, el Gobierno ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que mantenga la suspensión de la Ley de Consulta popular vasca para evitar el "daño irreversible a los intereses generales del Estado" que se produciría en el caso de que la consulta se celebrara y, posteriormente, fuera declarada inconstitucional. Así se argumenta en las alegaciones que el Abogado del Estado ha presentado esta mañana ante el TC a la petición del Ejecutivo vasco para que se levante la suspensión de la consulta popular, y en las que el Gobierno se ratifica en la conveniencia de que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad antes del 15 de septiembre.

Esa es la fecha tope establecida en la ley para convocar oficiamente la consulta el 25 de octubre. En dichas alegaciones el Gobierno se opone firmemente a que se levante la suspensión de la norma, al considerar que si la consulta se celebra y después se estima el recurso de inconstitucioalidad, "el daño a los intereses generales del Estado sería irreverible".

Asimismo, subraya que, en ese caso, "la consulta se habría celebrado eliminando o desvirtuando absolutamente la competencia exclusiva de autorización" que reserva la Constitución al Estado y lesionando el interés de preservar la soberanía del pueblo español.

Alegaciones del tripartito

Los partidos del tripartito que gobierna en el País Vasco (PNV, EA y EB) y Aralar han presentado esta mañana conjuntamente en Madrid sus alegaciones a los recursos contra la consulta que elevaron el Gobierno central y el PP ante el Tribunal Constitucional.

Como estaba previsto, a las 10.30 horas ha llegado a la sede del Tribunal Constitucional una delegación formada, entre otros, por el presidente del PNV, Iñigo Urkullu; el presidente de EA, Unai Ziarreta; el secretario general de Aralar, Patxi Zabaleta, y el coordinador general de Ezker Batua, Javier Madrazo, para presentar dichas alegaciones en defensa de la ley aprobada por el Parlamento Vasco.

Una hora después, los portavoces del Gobierno vasco han comparecido en rueda de prensa para exponer sus alegaciones. Unai Ziarreta, de EA, ha defendido que la consulta convocada es una "iniciativa democrática" basada en el "rechazo a la violencia" y el "derecho a decidir del pueblo vasco".