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Calderón exige la cooperación de EE UU para poner fin a la violencia

El presidente mexicano recuerda que el tráfico de drogas y de armas atraviesa la frontera del norte - El Ejército seguirá desplegado en Ciudad Juárez

Que a Lesley Enríquez y a su marido los mató un mexicano nadie lo duda. Pero tampoco que ese mexicano se dedica al lucrativo negocio de exportar drogas a Estados Unidos y que compró su arma en alguna de las cientos de armerías que florecen al otro lado de la frontera. El asesinato, el pasado sábado, de la funcionaria norteamericana y de su marido cuando salían de una fiesta infantil en Ciudad Juárez ha vuelto a poner tensión entre México y Estados Unidos. Tras la declaración de Barack Obama en la que decía sentirse "indignado" por los crímenes, el presidente de México, Felipe Calderón, levantó la voz por dos veces durante su visita a Ciudad Juárez para exigir que su vecino del norte se implique de forma definitiva en la lucha contra el narcotráfico: "El crimen organizado tiene su origen en dos fenómenos que afectan a ambos países. Son el consumo y el tráfico de drogas en y hacia Estados Unidos, y el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos".

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Calderón, que acudió a la ciudad fronteriza por tercera vez en mes y medio, no ocultó que el asesinato de tres personas relacionadas con el consulado de Estados Unidos -la pareja de norteamericanos y un mexicano casado con una empleada de la legación- añade todavía más dosis de mala fama internacional a Ciudad Juárez y a México en general. Y no se equivocó. Canadá se sumó ayer al llamamiento, cursado un día antes por Estados Unidos, para que sus ciudadanos eviten viajar a México salvo que sea "absolutamente necesario". Un llamamiento especialmente grave para el turismo mexicano porque en estos momentos son, precisamente, canadienses y norteamericanos los que abarrotan los hoteles de Acapulco y la Riviera Maya. También, pero de manera más despectiva, desaconsejó los viajes al sur John Cook, el alcalde de El Paso: "Tal como están las cosas, no sé qué puede haber de interesante en Ciudad Juárez".

Pero los motivos de fricción entre los dos países van más allá. El lunes, la portavoz del FBI en El Paso, Andrea Simmons, dijo que al menos siete corporaciones estadounidenses participarían en la investigación del asesinato de Lesley Enríquez y de su marido. Habló del FBI y de la DEA (la agencia antidrogas de EE UU), pero también de funcionarios de inmigración y aduanas y hasta del Departamento del Sheriff del Condado de El Paso. Senadores y congresistas mexicanos se apresuraron a advertir de que Estados Unidos no puede intervenir en las cuestiones de México, y el propio Calderón quiso dejar claro que la colaboración tiene que existir, "pero cada quien en su territorio". También el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, quiso calmar las aguas en una cuestión tan sensible: "Ningún oficial de agencias de la ley de Estados Unidos llevará a cabo operativos en México".

Zanjado aparentemente el asunto, no tardó en surgir otro. Llegó de la mano de la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano. La funcionaria volvió a alabar la decisión del Gobierno mexicano de luchar contra el narcotráfico, pero por primera vez cuestionó la validez de la estrategia: "La presidencia de Felipe Calderón ha estado profundamente involucrada

[en poner paz en Ciudad Juárez], decidiendo incluso el envío de efectivos militares. Pero esto no ha ayudado en nada". Las declaraciones de Napolitano sentaron como un tiro a Calderón, sobre todo porque sintonizan con una percepción generalizada en Ciudad Juárez: la llegada del Ejército y de los federales, lejos de mejorar, empeoró la situación. De hecho, durante la reunión de cuatro horas que mantuvo en Ciudad Juárez con representantes de diversos colectivos, Calderón sólo perdió la paciencia en un momento. Cuando uno de los participantes le preguntó: "¿Es posible ganar esta guerra así como está planteada?", el presidente le respondió, tajante: el Ejército seguirá en Ciudad Juárez.

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El presidente de la República se llevó a Ciudad Juárez a siete secretarios y al procurador general de la República. Supervisó uno a uno los compromisos de su Gobierno para sacar del desastre a una ciudad que fue un modelo para el país y que ahora es su vergüenza. Incentivos a las empresas. Ayuda a las madres para que lleven a sus hijos al colegio. Centros de salud. Escuelas. ¿Y seguridad...? Nada más despejar su avión, regresó la matanza diaria.

La policía mexicana bloquea el acceso a la zona donde el presidente Felipe Calderón celebró una reunión el martes en Ciudad Juárez.
La policía mexicana bloquea el acceso a la zona donde el presidente Felipe Calderón celebró una reunión el martes en Ciudad Juárez.REUTERS

Cara a cara con la pobreza

El Gobierno de Calderón está trabajando duro en Ciudad Juárez. Nadie lo niega. El presidente decidió tomar cartas personales en el asunto después del asesinato, a finales de enero, de 16 muchachos que participaban en una fiesta, y posiblemente para hacerse perdonar su falta de tacto al declarar que tal vez aquellos jóvenes formaban parte de alguna banda. Pero el ímpetu del presidente deja al descubierto la ineficacia de su Gobierno y de los anteriores. Hay un ejemplo muy gráfico de esto.

El martes, Calderón tuvo un encuentro en la ciudad fronteriza con un grupo de 500 mujeres, cuidadosamente seleccionadas en las colonias más pobres y llevadas a presencia del presidente con una advertencia. "Nos han dicho", confesaron varias de ellas, "que no se nos ocurra gritarle nada". Después de cinco horas de espera sin probar bocado, aquellas mujeres escucharon que Calderón decía: "Estamos estudiando la ciudad palmo a palmo. Y nos hemos dado cuenta de que hay miles de madres que sólo pueden darles a sus hijos una comida al día". La sorpresa de Calderón provocó la sonrisa de las presentes, que por lo bajini rezaban una letanía: "Y a veces ni una comida, ni luz, ni agua corriente, ni saneamiento... Así desde hace 17 años que llegamos aquí, señor presidente".

La ciudad del horror también es la ciudad del desgobierno y la impunidad. Se calcula que más de 60.000 vehículos circulan desde hace años por la ciudad sin matrícula, muchos de ellos con cristales oscuros, sin que hasta ahora las autoridades se hayan preocupado en poner orden. En esos coches viajan los sicarios sabiendo que el crimen que cometieron ayer o están a punto de cometer quedará impune.

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