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Las actividades ilegales de la CIA

Estados Unidos pidió a la UE manos libres para secuestrar a sospechosos

Un documento confidencial europeo refleja las diferencias con EE UU sobre las cárceles secretas

De puertas para afuera, la brecha transatlántica abierta tras la invasión de Irak apenas es perceptible. De puertas para adentro, europeos y estadounidenses expresan profundas diferencias sobre los límites de la guerra contra el terror declarada por Washington tras el 11-S, según documentos confidenciales a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El asesor legal de Condoleezza Rice, John Bellinger, defendió ante representantes de la UE las llamadas rendiciones, por las que un sospechoso de terrorismo es secuestrado y trasladado a un tercer país para ser interrogado sin orden judicial.

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Mientras EE UU defiende la necesidad de tener las manos libres para capturar sospechosos, Europa se aferra a los procesos de extradición y a la presunción de inocencia. Los europeos, que reconocen la "existencia de serias divergencias", pidieron una fijación clara de los límites legales de la guerra contra el terror. Ambos coincidieron en que era urgente tomar medidas que ayudaran a calmar a la opinión pública europea, muy preocupada tras conocerse la existencia de los vuelos de la CIA y las cárceles clandestinas.

El asesor del Departamento de Estado, Bellinger, y representantes de la UE han mantenido varias reuniones para limar esas diferencias. La primera se celebró el 8 de febrero de 2006; la siguiente, en mayo del mismo año. En ambas, Bellinger se negó a analizar las acusaciones sobre Washington por torturas a detenidos y otras violaciones de los derechos humanos, pero se esforzó en explicar hasta dónde está dispuesto a llegar su Gobierno para derrotar a Al Qaeda.

Así, defendió a ultranza el llamado programa de rendiciones, y expresó su deseo de que los europeos comprendan la utilidad de estas detenciones en la lucha contra el terrorismo. Casos como el de Abu Omar, secuestrado por la CIA en Milán y trasladado a Egipto, país en el que se tortura a los presos, como reconoce el Departamento de Estado, han soliviantado a la opinión pública.

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Los representantes europeos le preguntaron a Bellinger si podía asegurar que el programa de rendiciones había terminado. El asesor se limitó a decir que no había pruebas de que se hubieran producido este tipo de secuestros en Europa en los últimos tres años y que la mayoría de los aviones de la CIA transportaban pruebas forenses y funcionarios. Pero indicó que su país no iba a abandonar el programa y que le gustaría que Europa lo defendiera. Sostuvo que no iba a aceptar que las ONG de derechos humanos dictaran la pauta. Bellinger reconoció que tras el 11-S, Washington se vio obligado a reaccionar rápido, pero que ahora "buscan adoptar mejores políticas".

Representantes de la Comisión Europea dejaron claro que para los Veinticinco (aún no se habían incorporado Rumania y Bulgaria), los límites los fija el caso de Abdalá Ocalan, el jefe de la guerrilla separatista kurda en Turquía, encerrado en una cárcel de máxima seguridad en una isla del mar de Mármara, tras ser capturado por fuerzas de seguridad turcas en Kenia. En este caso, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dictó que el detenido debía de ser llevado ante la justicia ordinaria. Pero Bellinger consideró que ese corsé legal es demasiado estrecho para el desafío actual y que las detenciones en un tercer país debían ser posibles aunque mediara una simple sospecha. La Comisión reiteró que la UE no podía ir más allá del caso Ocalan.

Austria indicó durante la reunión de mayo que era necesario elaborar mensajes para calmar a la opinión pública. Dijo que los Gobiernos europeos estaban sometidos a una fuerte presión por los vuelos de la CIA y que crecía la demanda de controles parlamentarios para los servicios secretos. Viena preparaba la cumbre transatlántica anual, a la que asistiría el presidente George W. Bush. Los austriacos querían tenerlo todo bajo control, y propusieron a Bellinger pactar un texto conjunto en el que la UE y EE UU se comprometieran a "la aplicación plena de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario". Bellinger dijo que lo reflexionaría, pero que un texto así podría indicar que los derechos humanos son aplicables siempre. El 22 de junio se celebró la cumbre. Las protestas no se desbordaron y EE UU y los Veinticinco emitieron un comunicado: "Teniendo en cuenta nuestros valores, aseguraremos que las medidas que tomemos para combatir el terrorismo cumplirán completamente con nuestras obligaciones internacionales, incluyendo la legislación sobre derechos humanos".

La secretaria de Estado de EE UU, Condoleezza Rice, en Washington.
La secretaria de Estado de EE UU, Condoleezza Rice, en Washington.AP

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