Guatemala renueva su Supremo con varios magistrados cuestionados

La cultura de la componenda, que tiene a Guatemala al borde de la ingobernabilidad, triunfó nuevamente la noche del miércoles, cuando el Congreso (Legislativo, unicameral) eligió a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre los que ha incluido a seis juristas cuya trayectoria ha sido cuestionada por diversas organizaciones, entre ellas la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dirigida por el magistrado español Carlos Castresana.

La elección de la nueva Corte Suprema levantó grandes expectativas, ya que por primera vez se ha realizado un proceso de selección de candidatos al margen de la componenda pura y dura entre partidos políticos y grupos de poder.

Había entrado en vigor una nueva ley de postulación que, entre otros objetivos, persigue "que sea transparente el proceso de selección de candidatos, que se conozcan los méritos que llevan a postular a determinado abogado y que la población conozca los nombres de los aspirantes".

La preselección de candidatos fue efectuada por un grupo de notables presidido por los rectores de las universidades de San Carlos, Estuardo Gálvez, y Mesoamericana, Félix Serrano.

De acuerdo con la nueva ley, las comisiones de postulación eligieron a 26 aspirantes para formar parte la Corte Suprema de Justicia, entre los cuales el Congreso debía elegir a 13 titulares y 13 suplentes, de entre los 798 abogados que aspiraron a los cargos. También se escogieron 164 aspirantes a las 82 salas de la Corte de Apelaciones, para que el Legislativo, reunido en sesión permanente, procediera a su elección, ya inapelable.

Sin embargo, las esperanzas de que se escogiera a los mejores se vieron frustradas cuando el Congreso eligió a juristas con trayectorias, cuando menos, dudosas. "Es evidente que entraron en colisión dos grandes intereses: la agenda de la comunidad internacional y los grupos locales que luchan por la justicia, con los afectos de ex funcionarios y militares corruptos que mantienen cuotas de poder. Lamentablemente, el interés de Guatemala pasó a segundo plano y triunfó la alianza de los corruptos con los partidos políticos para elegir una corte que les garantice la impunidad", dijo a EL PAÍS el analista político Manuel Conde, ex candidato a la presidencia de Guatemala.

También comparte esa opinión la diputada Nineth Montenegro, ponente de la Ley de Postulación, quien se ha declarado "decepcionada" por un Congreso que ha ignorado el clamor popular para que se eligieran juristas solventes. Carmen Aída Ibarra, de la fundación humanitaria Myrna Mack, afirma que la nueva corte responde a los intereses del partido en el Gobierno. Por su parte, el ex vicepresidente del Gobierno Eduardo Stein declaró al diario Prensa libre que los diputados "ratificaron acuerdos políticos evidentemente tomados en otros ámbitos".

El diputado oficialista Mario Taracena ha admitido que la formación del Supremo es fruto de acuerdos políticos. "Claro que existió un acuerdo previo para elegir a los magistrados", dijo ante la prensa local, para añadir que "se siente honrado" por que el acuerdo se haya cumplido. El congresista opositor Aníbal García ha condenado la elección y afirmado que "la debacle de la justicia en Guatemala requiere cirugía mayor".