El Congreso de Guatemala anula la elección de tres magistrados del Supremo
La trayectoria de los juristas había sido cuestionada por diversas organizaciones sociales, al igual que la de otros tres que sí han sido confirmados por los legisladores
El Congreso de Guatemala ha revocado la elección como miembros de la Corte Suprema de Justicia de tres de los seis magistrados cuya probidad había sido cuestionada por diversas organizaciones sociales y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig). En su lugar, los parlamentarios han elegido a sus sustitutos.
En una prolongada sesión parlamentaria que concluyó la pasada madrugada, los legisladores rectificaron la elección de los 13 magistrados que integran el Supremo, dejando sin efecto el nombramiento de las juristas Elda Nájera y Jackeline España, y aceptaron la renuncia de Manuel Pocasangre, quien había dimitido horas antes. En sustitución de esos magistrados fueron nombrados Luis Arturo Archila Lerayees, Luis Alberto Pineda Roca y José Arturo Sierra González.
De esta forma, el Congreso ha cumplido una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal del país, que el pasado viernes le ordenó revisar la elección para garantizar que los 13 nuevos magistrados del Supremo cumplieran con el principio de honorabilidad.
Los tres magistrados de los que ahora se prescinde fueron duramente cuestionados por medio centenar de organizaciones sociales y la Cicig, que señalaron su "falta de idoneidad y honorabilidad" para los cargos y presentaron pruebas documentales para respaldar sus acusaciones.
También fueron rechazados por las mismas razones los magistrados Thelma Aldana, Dimas Bonilla y Mynor Franco, pero su elección no ha sido revocada por el Parlamento.
La Cicig sostiene que los magistrados cuestionados forman parte de un grupo dirigido por el abogado y empresario Roberto López Villatoro, quien "desde hace varios años está cooptando magistrados (...) con el propósito de controlar las cortes" de justicia. López Villatoro negó las consideraciones de la Cicig, y se declaró "chivo expiatorio" de esa instancia internacional auspiciada por Naciones Unidas y cuya misión es cooperar con el Estado para combatir la penetración del crimen organizado y la corrupción.
