Lula y Correa miden fuerzas

En un gesto inédito en la reciente historia de sus relaciones diplomáticas, Brasil llamó ayer a consultas a su embajador en Quito poco después de que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunciara el inicio de una acción legal ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París, con el objetivo de suspender la devolución de un préstamo concedido a su país por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil para la construcción de la maltrecha planta hidroeléctrica de San Francisco.

Ecuador hizo pública su pretensión de no asumir la deuda el pasado jueves, sin previo aviso al BNDES ni a ningún representante del Gobierno de Brasilia, algo que viene a echar más leña al fuego en unas ya tempestuosas relaciones bilaterales entre ambos países. Ayer, el ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Celso Amorim, fue taxativo en un comunicado difundido a media tarde: la decisión ecuatoriana "no se corresponde con el espíritu de diálogo, amistad y cooperación que caracteriza a las relaciones entre Brasil y Ecuador".

Fuentes del palacio de Itamaraty (sede del ministerio de Exteriores brasileño) confirmaron que varios proyectos de cooperación con Ecuador serán revisados y, llegado el caso, suspendidos, si no se produce una marcha atrás por parte de Quito. El texto difundido por Itamaraty, directo y sucinto, fue discutido y pactado en Sao Paulo entre el propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su titular de Exteriores, que ayer asistían juntos a la clausura de la I Conferencia Internacional sobre Biocombustibles celebrada en la capital paulista.

Según fuentes diplomáticas consultadas por EL PAÍS, el anuncio del Gobierno ecuatoriano molestó sobremanera a Lula, no tanto por el hecho de que Quito intente eludir el pago de una deuda contraída con el BNDES, sino por las vías utilizadas para difundir la noticia. "La decisión del Gobierno ecuatoriano fue anunciada en un evento público sin previa notificación o consulta al Gobierno brasileño", resume el comunicado oficial brasileño. Pese al pastiche de reveses que ambos países se propinan desde hace meses, fuentes cercanas a Lula confirmaron que no han existido contactos personales o telefónicos entre ambos líderes para intentar rebajar la tensión, lo que da buena fe del grado de deterioro en que se encuentran las relaciones bilaterales entre Ecuador y Brasil.

Según varias fuentes gubernamentales consultadas, en la más reciente historia de la diplomacia brasileña no existen precedentes de llamadas a consultas de embajadores en otros países. "No cabe duda de que es una señal fuerte; no recordamos que esto haya pasado antes, porque Brasil siempre ha basado las relaciones con sus vecinos en una permanente disposición al diálogo".

La llamada a consultas, de prolongarse en el tiempo, puede dar paso a la retirada del embajador y a la consecuente ruptura de relaciones diplomáticas, aunque las mismas fuentes insisten en que de momento no se baraja ese escenario. "Lo que está previsto por ahora es el embajador Antonino Marques Porto acuda a una reunión con el ministro Amorim en Brasilia. Después se tomarán las decisiones oportunas", concluyen.

Sin embargo, sí parece más que probable que Brasil revise algunos proyectos de cooperación con Ecuador que aún están pendientes de ejecución. Un ejemplo al azar dado por una fuente del ministerio de Exteriores sería la decisión brasileña tomada el pasado octubre de suspender, sin previsión de nueva fecha, el envío de una delegación a Quito capitaneada por su ministro de Transportes, Alfredo Nascimento, que tenía por objeto sentar las bases de una mega inversión conjunta para trazar un corredor interoceánico que conectaría el Pacífico - tomando como punto de partida el puerto ecuatoriano de Manta - con el Atlántico, integrando Suramérica de Oeste a Este y estableciendo como nudo de conexiones la capital amazónica de Manaos. Hoy, más que nunca, sigue intacta la decisión de meter en el congelador el proyecto de corredor amazónico.

En Brasilia no se entienden las razones que han llevado a Correa a asestar un nuevo golpe a los intereses económicos brasileños, precisamente en un momento en el que el contencioso por la expulsión de la constructora brasileña Odebretch de Ecuador parecía entrar en una fase de distensión.

El líder ecuatoriano ha puesto esta vez en su punto de mira al BNDES, la entidad bancaria pública brasileña encargada de financiar proyectos empresariales que reviertan beneficios para el país. En este caso, el Gobierno ecuatoriano fue el beneficiario de un crédito por valor de 320 millones de dólares con el que financió la construcción de la polémica hidroeléctrica de San Francisco. El crédito fue concedido por el BNDES ya que Odebretch, la constructora que llevó a cabo el proyecto, es de bandera brasileña. Es decir, el crédito fue concedido a Ecuador por un banco brasileño para pagar los servicios de una empresa de su misma bandera.

La escalada de tensión entre Brasil y Ecuador se viene arrastrando desde el pasado 23 de septiembre, cuando Rafael Correa anunció personalmente la expulsión de la constructora Norberto Odebretch del territorio ecuatoriano. El motivo fue la negativa de la constructora a indemnizar a Ecuador tras la detección de una serie de fallos en la hidroeléctrica de San Francisco, que producía el 12% de la electricidad consumida en el país. La planta se cerró el pasado seis de junio y en septiembre el presidente ecuaotirano dio la orden al Ejército de ocuparla militarmente y de suspender los derechos constitucionales de los ejecutivos de Odebrecht en Ecuador. Cuatro contratos en vigor para la construcción de dos hidroeléctricas, un aeropuerto y la ejecución de un proyecto de riego por un valor total de 650 millones de dólares (480 millones de euros) quedaron suspendidos.

La petrolera estatal brasileña Petrobras también fue objeto de duras arremetidas oficiales para que modificara su modelo de explotación petrolífera en el Amazonas ecuatoriano, donde extraía 32.000 barriles de crudo diarios. Quito le exigió aumentar la producción y convertirse en una mera prestadora de servicios, de manera que todo el crudo bombeado pasó a ser propiedad de Ecuador. Todas estas condiciones fueron aceptadas por Petrobras ante la posibilidad de correr la misma suerte que Odebretch, si bien el malestar en Brasilia no hacía más que crecer.

Para justificar su decisión, Quito esgrime dos argumentos: primero, que no tiene porqué pagar una deuda derivada de un proyecto que no funciona - la hidroeléctrica de San Francisco -, y segundo, que existen irregularidades en la concesión del préstamo. Es decir, el BNDES entregó el dinero directamente a Odebretch, mientras es el Estado ecuatoriano el que consta como acreedor ante la entidad.