La oposición boliviana retrasa pero no frena la ley que puede inhabilitar gobernadores

La oposición boliviana logró retrasar pero nofrenar la aprobación de una ley transitoria de autonomías queposibilita la inhabilitación de tres gobernadores electos. El presidente, Evo Morales, tenía previsto firmar el lunes la ley, pero la oposición presentó una apelación ante la Cámara de Diputados para quefuera revisada, en un intento de excluir por inconstitucionales los artículos que establecen que los gobernadores puedan ser suspendidos de funciones tras ser acusados formalmente por un fiscal. La reconsideración no obtuvo los dos tercios necesarios para pasar el trámite por lo que Morales firmó posteriormente la ley.

No obstante, la diputada opositora Norma Piérolaanunció que seguirándando batalla a la nueva norma: "Presentaremos el miércoles un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y agotaremos todo recurso ante organismos nacionales", aseguró Piérola, quien afirmó que los parlamentarios de la oposición demandarán "al Gobierno del presidente Evo Morales ante los organismos internacionales debido a sus acciones en contra de la precaria democracia que existe ahora en Bolivia".

Atasco en el Constitucional

Sin embargo, el Constitucional, cuyos miembros han sido designados por Morales, que lo descabezó en 2006, sólo tiene previsto liquidar las causas pendientes hasta el año 2008. El nuevo Constitucional, que se pondrá en marcha en 2011 tras la elección en las urnas del Poder Judicial, deberá atender tal volumen de causas pendientes que es posible que no se atienda la demanda de la oposición.

Los parlamentarios opositores centraron sus críticas en tres artículos de la ley, que consideran que apuntan claramente a descabezar a la oposición en las regiones de Santa Cruz, Tarija y Beni, cuyos prefectos (gobernadores) fueron reelegidos por mayoría absoluta en las elecciones del pasado 4 de abril y que podrían ser incapaces de asumir sus cargos el próximo 1 de junio, si los procesos en curso contra ellos se convierten en acusación formal.

La nueva norma dispone que los gobernadores puedan ser suspendidos de su cargo tras la acusación de un fiscal, pese a que, según la Constitución y las leyes vigentes, un funcionario público sólo debe dejar su cargo tras una sentencia firme. Además, la nueva norma les da un plazo de 90 días para demostrar su inocencia, algo difícil de conseguir en un país en el que un procedimiento judicial ordinario tarda un mínimo de 180 días en resolverse.

Transcurridos los 90 días, el gobernador acusado es suspendido definitivamente y la Asamblea Legislativa del departamento solicita a la Asamblea Plurinacional que fije la fecha del referéndum de revocatoria y la de los comicios para elegir un nuevo gobernador. Hasta entonces, ocupa el cargo un gobernador interino designado por la Asamblea departamental.

Aun en el caso de que los tres gobernadores opositores reelectos lograran el milagro de alcanzar una sentencia firme en 90 días, el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) tiene preparada una batería de denuncias contra ellos: al menos otras ocho contra el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y otras cuatro contra Mario Cossío, de Tarija, al margen de la acusación formal en contra de ambos y del gobernador de Beni, Ernesto Suárez, por presunta malversación de fondos.

"Es una ley que va a generar ingobernabilidad en las regiones", advirtió el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, al aludir a las manifestaciones de rechazo que se registraron la semana pasada y se anuncian para los próximos días en Santa Cruz, Tarija y Beni.

El portavoz del Gobierno, Iván Canelas, declaró en La Paz que con esta nueva disposición "la autonomía cobrará mayor fuerza y sus operadores regionales, los gobernadores, no solamente cobrarán una mayor fuerza política, sino legal y moral".