Sin prisa (pero sin pausa) hacia la regulación del P2P

Desde hace unas semanas, la Internet española anda revuelta con los planes del Gobierno para regular las redes P2P, que sirven para compartir archivos y que las entidades de gestión de derechos de autor y empresas productoras de contenidos han puesto en su punto de mira por ser, en su opinión, un reducto de piratería y descargas incontroladas.

La alarma se encendió el pasado mes de diciembre cuando el ministro de Cultura, César Antonio Molina, anunció una medida "antipopular" inminente contra la piratería, una práctica que, aunque desde el Gobierno ya no se tilde de "ilegal", se considera "ilegítima".

A estas declaraciones se han sumado esta semana las del presidente de la SGAE, Teddy Bautista, quien aseguró durante el MIDEM (la principal feria de la industria musical) que las entidades de gestión y la patronal de los operadores de Internet con red propia (Redtel) se encuentran "en la última fase" de la negociación de un acuerdo para implantar en España un modelo "bastante parecido al francés" para regular las descargas P2P. Bautista, además, añadía en la ecuación al Ministerio de Industria y al de Cultura, de quienes decía que participan en la negociación.

Sin embargo, los tiempos en política no son nunca lo que parece y "última fase" o "inminente" pueden no significar lo que a primera vista parece. Desde el Gobierno sí se ha pedido a los sectores implicados (productores de contenidos, gestoras de derechos de autor, operadores de telecomunicaciones) que busquen un acuerdo que contente a todos, pero en ningún modo está participando directamente en las reuniones que se hayan llevado a cabo, según ha confirmado a ELPAÍS.com el director general de Política e Industrias Culturales, Guillermo Corral.

Todo lo contrario: el Gobierno deberá, una vez se alcance el acuerdo entre estas entidades y empresas de carácter privado, iniciar una segunda fase que incluya la participación de otros actores (asociaciones de usuarios, Agencia de Protección de Datos, Defensor del Pueblo, etc.) y la adopción de las medidas legales pertinentes, con la anuencia del Parlamento, donde el pasado 25 de noviembre se aprobó una proposición no de ley que instaba al Gobierno a impulsar el diálogo entre todas las partes.

¿Negociación o diálogo?

El plazo para todo el proceso, por tanto, no será corto, mucho menos "inminente". En todo caso, no será antes de la presidencia española de la Unión Europea, que tendrá lugar en el primer semestre de 2010, y que se quiere aprovechar para unificar criterios entre todos los países miembro.

Pero, además, las diferentes partes implicadas tienen una visión bastante divergente del estado actual del proceso.

Si desde la SGAE se apunta que las "negociaciones" se encuentran en su tramo final y que el acuerdo con Redtel está casi finiquitado, idea que se comparte en Cultura, las apreciaciones desde el otro lado son bien distintas. Fuentes de la industria de las telecomunicaciones niegan que se esté ultimando una medida e incluso rebajan de negociación a "diálogo" el estado actual de las conversaciones, informa Luz Fernández.

Según estas fuentes, los operadores y los distintos agentes culturales están en una fase de primeros contactos en la que se están exponiendo criterios e ideas, pero sin que se hayan establecido de momento medidas concretas.