Aguirre lanza fuegos de artificio y no menciona ni el 'Gürtel' ni los espías

Fue un discurso monótono, que escondió las escasísimas novedades tras un retórico balance de gestión que duró casi dos horas -130 folios leídos a través de las recién estrenadas pantallas del teleprompter instaladas a ambos lados de la tribuna de oradores-, sin insuflar más que automáticos aplausos de las propias filas, algo descoordinados. La intervención con la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, abrió ayer el debate del estado de la región, el segundo de la legislatura, ofreció una conclusión principal: que en un Gobierno sin dinero, no hay más que para fuegos artificiales.

La jefa del Ejecutivo regional venía utilizando en años anteriores el primer día del debate para armar el plan de trabajo de su equipo al inicio del curso político. Ayer, no. Se limitó a sacar pecho de sus compromisos anteriores a través de una retahíla de actos del Gobierno que hace tiempo que están en marcha, en tramitación parlamentaria o no se harán hasta un futuro próximo. Como la privatización del 49% del Canal de Isabel II, el anuncio estrella del año pasado, que Aguirre dejó "para el momento más apropiado" su salida a Bolsa. En la situación financiera actual, eso equivale a guardarla en un cajón.

"Es la hora de la humildad y de reconocer errores", dijo en su discurso

"Si no tenemos dinero, no hay otra fórmula", consideraba en los pasillos del hemiciclo uno de los consejeros de gobierno. Por eso, la presidenta recurrió, como únicas novedades, a dos medidas efectistas que no costarán dinero alguno a las arcas regionales: una ley para otorgar el rango de autoridad pública a los maestros y la reforma de la Ley del Suelo y de la Ley de Evaluación Ambiental.

En cambio, no hubo ni una sola mención a los conflictos que ha sufrido el Gobierno regional este año como el caso de los espías o la trama Gürtel, pese a que tres diputados de su grupo, ex consejero incluido, están imputados en el caso.Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, mostró ayer su cara menos frentista: eludió arremeter directamente contra la oposición, ofreció pactos parlamentarios a PSM e IU y la mano tendida a instituciones y agentes sociales. Si esto se tradujera en un nuevo talante, supondría el fin de la bronca política en la Asamblea, de las zancadillas al Ayuntamiento de su rival, Alberto Ruiz-Gallardón, de las puyas al Gobierno central y hasta la palabra "sindicalista" habría dejado ahora de ser un insulto. Y, de momento, no cuela.

Porque si en algo se ha caracterizado estos años la presidenta regional es en hacer promesas en el mismo foro de ayer, que luego se lleva el viento. Como si nadie le hubiera oído ya decir que reformará la Ley del Suelo, ayer se volvió a sacar el as de la manga. Esta vez anunció que se debatirá en la Asamblea regional. "Quiero que [la ley] sea más transparente, ágil y sostenible", afirmó en el hemiciclo. No dio más datos, porque dice que estará a lo que se acuerde en la Cámara. Sólo anunció que quiere acabar con "las operaciones urbanísticas en las que los vecinos no se enteren de los planes de crecimiento" de sus municipios.

Pero antes que las promesas están los hechos. Y la presidenta ya ha reformado la Ley del Suelo en numerosas ocasiones. Aunque siempre eludía el debate parlamentario, porque introducía las reformas a través de leyes escoba como la Ley de Medidas Fiscales que sigue a los presupuestos regionales. Eso le permite votar la ley de una tacada en pleno, sin que los diputados puedan discutir las reformas en comisión artículo por artículo.

Una de las reformas más polémicas fue la Ley de Modernización de la Administración, aprobada en julio de 2007 con la mayoría de votos del PP, que supuso la modificación de nueve textos legales a la vez. También la Ley del Suelo, lo que le sirvió al Ejecutivo regional para prohibir que los edificios de los nuevos barrios tengan más de cuatro alturas.

Hasta el Consejo Económico y Social (CES), copado por consejeros afines a Aguirre, ha criticado esta fórmula que utiliza la presidenta para tramitar leyes: "La Comunidad de Madrid debe evitar que la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas sea utilizada para regular o modificar normativas sobre materias específicas que, por su complejidad o trascendencia, merecerían ser recogidas en su propia ley sustantiva", afirmaba el informe que el CES hizo en diciembre pasado para calificar la Ley de Acompañamiento.

Y en lo que quizás es un cambio de actitud que supone un nuevo propósito para el curso, Aguirre habló ayer también de "escuchar a todos". "Es la hora de la responsabilidad, de olvidar sectarismos, de la humildad y de reconocer errores", afirmó la presidenta. Algunos invitados en la tribuna señalaban que Aguirre, ahora que el conflicto de Caja Madrid parece estar encaminado a una solución, quiere cambiar su relación con las fuerzas madrileñas. Y apuntaban como ejemplo el buen humor con el que su vicepresidente, Ignacio González, recibió a los líderes de CC OO, Javier López, y de UGT, José Ricardo Martínez (como muestra la foto de esta página). O el recibimiento a los socialistas, que acudieron al hemiciclo en grupo, encabezados por su secretario general, Tomás Gómez.

Pero, pese a su intención de reconocer errores, en el discurso de Aguirre no hubo nada que aludiera a la grave crisis política que ha sufrido su gobierno en los últimos meses a cuenta del caso Gürtel y del supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid. Tampoco quiso entrar en el otro conflicto que debe afrontar este año: la crisis económica. Aludió a él, pero para criticar las medidas del presidente José Luis Rodríguez Zapatero -una costumbre ya habitual en sus discursos en el Parlamento regional- y no ofreció ninguna respuesta para el futuro.

Tras el discurso carente de sorpresas de ayer, algunos, incluidos en las filas populares, se temían un golpe efectista para la sesión de hoy. Incluidos los rumores de crisis de gobierno. No sería la primera vez que Aguirre intenta tapar así el día de lucimiento de la oposición.