El Ayuntamiento ve con desconfianza la nueva ley sobre la Cañada Real

La Comunidad de Madrid ya tiene una fecha prevista para aprobar la ley de la Cañada Real: el próximo 10 de marzo la Asamblea la votará en el pleno. Un texto que intenta poner orden en una larga franja de 14 kilómetros de longitud cuyos habitantes tienen serios problemas de exclusión social y que afecta a tres municipios: Madrid, Coslada y Rivas.

El alcalde de Rivas ya se ha opuesto a la futura ley de la Cañada desarrollada por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Y ayer hubo otra voz en contra: "No es la ley que a los Ayuntamientos nos hubiera gustado", dijo la concejal de Urbanismo de la capital, Pilar Martínez.

El proyecto de la Comunidad persigue desafectar el suelo de la Cañada y fija un plazo de dos años para que las instituciones afectadas alcancen un acuerdo sobre el futuro de la zona. Este plan no gusta en el Consistorio porque dice que si a los dos años desde su aprobación no se ha llegado a un acuerdo social entre las Administraciones afectadas, la Comunidad podrá disponer libremente del suelo, y eso levanta suspicacias en el Ayuntamiento.

El Consistorio estudia si parte del texto puede ser inconstitucional

"La pretensión de recalificar el suelo de la Cañada en residencial es inviable, por lo que marcan las propias leyes, que impiden que haya en la zona una ordenación urbanística", asegura Martínez. Y pone ejemplos: la ley de calidad del aire impide construir a dos kilómetros de una incineradora (la de Valdemingó-mez). También la Ley del Suelo, "que dice que para calificar un terreno como residencial hay que incorporar equipamientos y liberar espacios para hacer calles, y no podemos hacerlo porque no tenemos espacio", afirma la edil. Martínez aporta otra serie de textos legales que impedirían el uso residencial de la Cañada: la ley del sector ferroviario, que impide construir a menos de 50 metros de las vías, el reglamento de carreteras que también fija los límites para levantar viviendas, el plan estratégico de infraestructuras, la normativa sobre el gas natural, el impacto acústico del tráfico aéreo, el oleoducto de la línea Loeches-Villaverde...

"Es inviable", sostiene Martínez, que solo ve una solución al problema: sentarse a negociar. "La única política pública que puede abordar y resolver el problema es el acuerdo social, ante la inviabilidad de que pueda cambiarse el uso".

El Ayuntamiento considera que solo una pequeña parte de la Cañada Real podría recalificarse, pero la ley que tiene previsto sacar adelante la Comunidad de Madrid puede dar falsas expectativas a muchas de las personas que viven en la zona. "La única manera de abordar el problema es desde la intervención social, porque cuando tengamos que decir a estas personas que no pueden vivir al lado de un vertedero tendremos que darles alguna solución de vida, alguna oportunidad", insiste Martínez.

El Ayuntamiento, además, está estudiando si el texto podría ser constitucional en algunos párrafos, ya que puede afectar a algunas de las competencias propias de los Ayuntamientos.

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, indicó ayer en una entrevista en Telemadrid que la intención del Gobierno regional es solucionar "un problema complicadísimo" que afecta a una zona en la que viven "de manera irregular" unas 50.000 personas que en ese tiempo han ido "consolidando unos derechos", informa Efe. Según González, estos vecinos han abierto negocios en la Cañada y en ocasiones han adquirido "derechos por las desafecciones que se hicieron en su momento", por lo que el Gobierno regional ha tratado de solucionar su situación con la nueva ley que, ha asegurado, cuenta con la aprobación de los vecinos. Vista la diferencia de criterios, la nueva ley pone en el horizonte otro enfrentamiento entre Comunidad y Ayuntamiento. Esta vez, con unas elecciones a la vuelta de la esquina.