El agua de Madrid sigue siendo pública, por ahora

En los casi seis años que ha permanecido Ildefonso de Miguel al frente del Canal de Isabel II no ha conseguido sacar a flote una promesa lanzada por la presidenta, Esperanza Aguirre: privatizar la centenaria sociedad fundada durante el reinado que le da nombre.

El hermetismo con el que Aguirre ha llevado este proceso ha derivado en interpretaciones divergentes, desde las que le atribuyen a la presidenta una desconfianza en De Miguel para ejecutar esa tarea, a la existencia de barreras jurídicas que impedirían llevarla a cabo. El Ayuntamiento de Madrid, del PP; el Gobierno central socialista, y una gran mayoría de los ayuntamientos del PSOE que mantienen contratos de abastecimiento y son propietarios de las redes se oponen radicalmente a esa iniciativa.

El mercado bursátil tampoco se encuentra en sus mejores días de liquidez para acudir presto a una oferta pública de venta de acciones, ni abundan los grandes inversores para adquirir de una tacada el 49% de las futuras acciones.

3.000 millones

El Canal posee 3.000 millones de euros en activos, según la última tasación conocida, de 1989. Esa valoración fue realizada por American Appraisal.

Después de laminar a todo el equipo financiero del Canal, De Miguel volvió a contratar a la misma compañía una tasación actualizada de sus activos y bienes patrimoniales.

Entre ellos figuran más de 4.000 kilómetros de tuberías, siete depuradoras, varios depósitos de agua en activo y otros fuera de uso, así como parcelas y solares urbanos de gran valor, como algunos revalorizados por la prolongación de la Castellana en la Operación Chamartín.

La gestión de la red de alcantarillado del municipio de Madrid fue cedida al Canal por 25 años, a cambio de 750 millones de euros en el marco de un convenio firmado por el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón con la presidenta Aguirre en septiembre de 2005. La empresa se encarga también del suministro de agua potable

El partido socialista ha encargado a un prestigioso especialista en derecho de aguas un informe sobre la privatización del Canal de Isabel II que echa por tierra las intenciones de Aguirre, en caso de mantener su propósito privatizador. Fuentes próximas a la dirección del Canal sostienen que dada la trayectoria de esta compañía en manos públicas, resultaría un empeño muy complejo llevarla a cabo, contando además con la oposición del Ayuntamiento, de Madrid, su principal cliente.