Rabia en Londres

Londres vive desde la noche del pasado sábado una de las más graves explosiones de violencia callejera que ha conocido la ciudad. El origen de los disturbios fue la muerte de un habitante negro del barrio de Tottenham, Mark Duggan, cuando la policía intentaba detenerlo. Lo que comenzó como una protesta pacífica ante la principal comisaría de la zona se convirtió en una explosión de rabia a la vez social y racial. La violencia se ha ido extendiendo a otros barrios e, incluso, a algunas zonas de ciudades como Birmingham o Leeds, aunque la policía investiga si, a diferencia de lo ocurrido en Tottenham, hay instigadores que poco o nada tienen que ver con la reacción a la muerte de Duggan.

A falta de una explicación suficiente de lo sucedido por parte del Gobierno de Cameron, ni siquiera una hipotética conducta discriminatoria y delictiva de la policía en la muerte de Duggan justificaría la quema de autobuses, el asalto a comercios y el pillaje por parte de bandas organizadas de encapuchados. Son los tribunales quienes deben determinar las circunstancias del suceso, depurando en su caso las responsabilidades penales, y el Ejecutivo, por su parte, quien debe evaluar si las condiciones sociales de algunos barrios de Londres, agravadas por los recortes del gasto público, no constituyen un riesgo además de una insoportable injusticia.

Pero, lejos de reaccionar con rapidez, el Gobierno ha estado desaparecido en las horas cruciales y ha respondido con vaguedades que ni han reforzado el crédito de las instituciones para atajar este género de conflictos, ni han apaciguado la violencia. La desafortunada gestión para hacer frente a los incidentes abre así la posibilidad de que la oposición laborista exija responsabilidades políticas a Cameron, cuya credibilidad sufre un nuevo revés tras estas jornadas de ira.

La crisis económica no puede convertirse en la única explicación de los episodios de violencia que se están multiplicando en Europa. Cada caso es diferente, pero el conjunto de todos ellos está creando un estado de opinión de acuerdo con el cual la democracia representativa se está mostrando incapaz de dar curso pacífico a un creciente malestar de los ciudadanos. Se trata de una pendiente peligrosa que los Gobiernos están obligados a atajar extremando el escrupuloso cumplimiento de las exigencias del Estado de derecho. Para eso hace falta mayor diligencia que la mostrada por el Gabinete de Cameron.