El destino de Otegi

Con tregua o sin ella, era difícil que Otegi saliera indemne del entramado de causas judiciales abiertas contra él por sus exaltaciones o justificaciones públicas de la violencia etarra. La justicia sigue su marcha al margen de las circunstancias, por más que, de acuerdo con ellas y según uno de los criterios que rigen su actuación, disponga de mecanismos internos para atemperar o extremar su rigor. De ahí que la segunda condena en firme al portavoz de la ilegalizada Batasuna le haya conducido irremediablemente a la cárcel. Queda todavía la posibilidad de que el Tribunal Constitucional, en el caso de que recurra en amparo, suspenda cautelarmente la sentencia.

El ingreso en prisión ha sido interpretado en clave política, en especial por sus amigos. Pero se piense lo que se piense al respecto, la actual situación de Otegi se explica suficientemente por estrictas razones judiciales, sin necesidad de otras. Si hasta ahora se había librado de la cárcel -aparte de los breves periodos que ha estado en prisión preventiva por diversas causas en los dos últimos años- ha sido porque su primera condena en firme de un año por injurias al Rey entraba en la cláusula de suspensión condicional prevista en el Código Penal para las penas no superiores a dos años. La confirmación por el Supremo de la condena de 15 meses que le impuso hace un año la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo -apoyo a la actividad armada en un homenaje al histórico dirigente etarra Argala-, ha dejado sin efecto esa cláusula de excepción, con la consiguiente e inexcusable ejecución de la condena. El desenlace era previsible en este caso, dado el convencimiento con que el fiscal ha mantenido la procedencia de la condena.

La justicia española siempre ha sido muy cautelosa a la hora de condenar por los llamados delitos de opinión, dada su incidencia sobre el derecho fundamental a la libertad de expresión, como la apología o enaltecimiento del terrorismo. Pero la persistencia del terrorismo etarra y su secuela de dolor y muerte ha ido consolidando un nítido límite penal frente a quienes jalean y justifican públicamente esa actuación, haciendo un espurio e inconstitucional ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Ha podido parecer en algún momento que el destino de Otegi sería rescatar a la izquierda abertzale de la bota militar de ETA y conducirla al terreno de la política. Pero, de momento, su destino es la cárcel, que es el de quienes enaltecen públicamente una violencia que asesina a ciudadanos y oponentes políticos y provoca alarma y miedo en la sociedad.