La fiscalía mantiene abiertas más de 200 causas por accidentes de trabajo
El Ministerio Público reclama a los sindicatos que denuncien los riesgos
La vigilancia judicial sobre los accidentes de trabajo se intensifica año a año. Las 150 causas que tenía sobre la mesa la Fiscalía de Siniestralidad de Vizcaya en 2007 son ya más de 200 a día de hoy. Los datos los ofreció la fiscal coordinadora de siniestralidad laboral en el País Vasco, Edurne Miranda, tras la entrevista que mantuvo en Bilbao con delegados de prevención de UGT para explicarles el funcionamiento de su departamento. Una reunión de trabajo que se celebró con motivo del Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo.
La fiscalía incoó en 2007 un total de 19 procedimientos sobre accidentes laborales mortales en los que se encontraron indicios que podrían ser constitutivos de un delito de homicidio imprudente, frente a los 16 de 2006. Los accidentes con resultado de muerte en Vizcaya en 2007 fueron, según UGT 45 de los 101 de Euskadi, por lo que casi el 50% de ellos podría tener consecuencias penales. También se incrementaron las diligencias previas por lesiones, con un total de 54, frente a las 42 abiertas el año anterior.
La fiscalía incoó en Vizcaya 19 casos en 2007 por homicidio involuntario
De las 16 sentencias dictadas 12 fueron condenatorias
Fruto de este incremento del control judicial de la siniestralidad, a lo largo del año pasado se dictaron 16 sentencias, de las que 12 fueron condenatorias y cuatro absolutorias. Según Edurne Miranda, las sentencias establecen penas de cárcel de entre seis meses y tres años, fuertes multas y periodos de inhabilitación profesional.
La profundización en la aplicación de la Ley de Prevención y su impacto en el Código Penal ha hecho que, por vez primera, el pasado año se iniciaran dos procedimientos por un presunto "delito de riesgo", como consecuencia de sendas denuncias de las Inspección de Trabajo. El artículo 316 del Código Penal establece: "Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses".
Miranda instó a los sindicatos a que sean más activos en la denuncia y ofreció inmunidad a los delegados de prevención. Les pidió que utilicen esa vía y además que lo hagan directamente con la Fiscalía, ya que "este tipo de actuaciones" tienen un mayor valor preventivo y pueden ayudar a rebajar la siniestralidad.
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