Venderlo todo para salvar la Acrópolis

Furia, humillación, desesperanza. Políticos, analistas y ciudadanos de Atenas emplean términos propios de la psicología para ilustrar el parte de daños del huracán económico que azota al país. A exacerbar el sentimiento de orgullo herido que empieza a anidar en la población ha contribuido lo que en principio es solo una maledicencia de la prensa amarilla alemana: que Grecia debe exprimir hasta la misma Acrópolis para saldar las cuentas con Europa. Aunque nadie en el país parece aventurar una solución tan drástica, nombrar como activos los monumentos o las islas tiene un efecto amenazante: para seguir conservando la enorme bandera griega que ondea junto al Partenón, el Estado deberá desprenderse de otras propiedades. Exactamente de 50.000 millones de euros.

El Gobierno ha agilizado esta semana la venta de activos públicos

Los expertos dudan de que se logre el objetivo de 50.000 millones

El Estado no sabe con certeza cuáles son sus activos inmobiliarios

La escalada de la tasa de paro hasta el 14% acentúa las tensiones

El país ha vivido 14 huelgas generales en menos de año y medio

La animadversión a Alemania se respira en la atmósfera ateniense

El sector público, el 40% del PIB, sufre clientelismo y falta de eficacia

El Gobierno ha bajado el sueldo de los funcionarios y reducido su número

"¿Vender monumentos? Nunca se hará. Eso sería vender nuestra cultura", replica incrédulo Lutarkos Pilijos, instalado desde hace un año en un pequeño negocio que organiza visitas guiadas por la Acrópolis en una especie de patinete motorizado. Más enérgico responde el viceministro del Interior y portavoz del Gobierno griego, Yorgos Petalotis: "Ningún país debe aceptar algo así. Nos sentimos ofendidos. Si se hubiera hecho tal comentario [por parte de algún socio europeo], estaría de broma". Aunque evita aludir a Alemania, la animadversión a este país se respira en la atmósfera ateniense, desde las críticas más sesudas hasta los exabruptos del taxista hacia Angela Merkel.

Hipérboles al margen, las privatizaciones, enunciadas como parte del compromiso que adquirió Grecia al recibir el primer plan de rescate europeo, quedaron algo rezagadas en la agenda reformista del Ejecutivo de Yorgos Papandreu. Hasta esta semana. Las presiones ejercidas por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional surtieron un efecto inmediato y en 24 horas el Gobierno anunció un ambicioso plan para poner en manos privadas un buen número de empresas públicas. Entre ellas, las populares quinielas futbolísticas, las carreras de caballos o la lotería. Cabe preguntarse qué hace un Estado con actividades de este tipo en el seno público. Pero lo cierto es que estas entidades son las menos problemáticas para los desequilibrios públicos, pues resultan rentables.

Para ganar credibilidad exterior, el ministro de Finanzas, Yorgos Papaconstantinu, ofreció una detallada lista de las compañías que pretende privatizar (autopistas, vehículos industriales, depósitos de gas, espectro radioeléctrico y activos inmobiliarios, que se suman a una primera fase, ya en marcha, con el gas, los ferrocarriles y el aeropuerto como principales activos). Pero las previsiones de recaudación y de plazos permanecen en el más absoluto secreto, seguramente porque no alcanzan las expectativas de la Unión Europea. Se hará "cuanto antes", repite el portavoz, con la idea de ingresar lo más posible. Juntas, ambas pretensiones resultan antagónicas.

"En ningún caso se alcanzarán esas cifras [de 50.000 millones de euros]. Lo último que necesita Grecia es vender a precios bajos. Es una idea errónea que además no tendrá un impacto significativo en la deuda", enfatiza Kostas Lapavitsas, de la Universidad de Londres. La previsión oficial es que ese proceso de ventas públicas recorte 20 puntos la deuda, que la UE cifra para 2011 en el 156% del PIB.

Este profesor de Economía, que acaba de pasar una temporada en Atenas para comprobar el impacto de la crisis, participa en una campaña que promueve una auditoría independiente de la deuda griega. Se trata de crear una comisión independiente del Gobierno y de los partidos que examine "qué parte de la deuda es sostenible socialmente". La que no resulte calificada así, "el país debería renunciar a pagarla", dispara Lapavitsas, en la visión más radical de las que se ofrecen estos días sobre los términos de un más que probable cambio en los vencimientos, en los intereses o en la cantidad que finalmente cobrarán los acreedores de la deuda griega.

También radical, según su propia denominación, es el giro privatizador que pide Jristos Staikuras, responsable económico del principal partido de la oposición, Nueva Democracia (equivalente al Partido Popular español). "Nosotros seríamos más radicales en las privatizaciones", señala Staikuras, en un inglés que domina con soltura y provisto de datos que apoyan cada una de sus argumentaciones. De tez morena, perfectamente afeitado y rodeado por dos retablos con motivos religiosos, Staikuras cifra en 270.000 millones de euros los activos del Estado e insta a utilizarlos como aval para los préstamos concedidos. Pese a apoyar las privatizaciones, este diputado, considerado autor de la política económica del anterior Ejecutivo conservador, no cree que se pudieran ingresar ahora grandes cantidades de dinero incluso vendiendo todas las compañías públicas, pues el mercado las tasa a la baja.

"Nosotros ya se lo propusimos al Gobierno y no nos hizo caso. Ahora ha venido la Unión Europea a reclamarlo", protesta el representante de Nueva Democracia desde la luminosa oficina parlamentaria que ocupa en un edificio de la plaza Syntagma, el corazón de Atenas. El reproche a Papandreu es casi idéntico al que lanzó Rajoy a Zapatero cuando rechazó las medidas de austeridad que el PP proponía poco antes de tener que aprobar un plan de ajuste de emergencia a instancias de Bruselas. La gran diferencia reside en lo político. "Nosotros no queremos hablar de elecciones anticipadas porque eso tiene consecuencias negativas en la prima de riesgo de la deuda griega", dice Staikuras. El punto débil de su discurso radica en la escasa autocrítica que demuestra cuando se le recuerda que su partido estuvo en el poder justo antes de que se desencadenara todo el desastre de la deuda griega. Y que mintió en las estadísticas.

Esa falta de autocrítica no es exclusiva del partido conservador. Ni de la clase política en general. Grecia sufre ahora, quizá con demasiada intensidad, las secuelas de una serie de excesos que todo el país cometió y consintió durante años, con el resultado de una abultadísima deuda pública y privada. "No hay espíritu común. El sector privado dice que es culpa del público, los funcionarios, que el sector privado no paga impuestos; los sindicatos echan la culpa al capitalismo... Eso sí, ¡todo el mundo parece analista!", resume con un toque de humor Ilias Hatzakis, de la Red Griega de Investigación y Tecnología (Grnet), que gestiona fondos mayoritariamente europeos para avanzar en innovación.

Es difícil hallar humor en la mayoría de las voces recopiladas para la elaboración de este reportaje. Buena parte de la quincena de fuentes contactadas desgrana sus argumentos con cautela, temerosas de que una palabra altisonante pueda debilitar, un poco más si cabe, la imagen internacional del país. Conscientes de que todo pende de un hilo, los consultados, ya sean afines o contrarios al Gobierno, insisten en la necesidad de ofrecer un perfil mesurado de un país de 11 millones de habitantes que hasta que se desató la tormenta financiera vivía al abrigo del foco internacional. Algunos conocedores de la situación incluso rehúsan ser citados.

Fuera de los despachos, la situación es distinta y la voz baja se torna en grito. El país ha vivido 14 huelgas generales en menos de año y medio y cada día las calles albergan tensiones, a veces más colectivas, a veces aisladas. En el escenario trepidante del centro ateniense -una abigarrada ciudad compuesta de moles de edificios y calzadas siempre congestionadas- se ven pancartas, protestas, trifulcas... En las calles más recónditas aparece una hostilidad más soterrada, pero también más peligrosa: la que afecta a los desfavorecidos, en buena medida inmigrantes orientales, a los que los griegos miran con un recelo creciente. El drama del paro, que ha escalado hasta el 14% a final de 2010, se palpa en esas tensiones con los inmigrantes, en los locales comerciales cerrados del centro de la ciudad, en la degradación de algunas zonas.

El país vive con la frustración de que sus esfuerzos no rinden. Al menos no para el implacable criterio de los mercados, que penaliza una y otra vez la deuda griega. "No se puede decir que el país no lo esté intentando. No es por falta de esfuerzo. Pero la puesta en marcha de las reformas es siempre más difícil que el enunciado. Y los resultados no son visibles de inmediato", explica con sosiego Yorgos Pagulatos, investigador del centro de estudios europeos Eliamep, desde la terraza de un elegante café situado en la parte noble del centro de Atenas. Ciertamente, Grecia ha pisado el acelerador de las reformas en el último año, pero mantiene realidades muy alejadas de los estándares europeos. Y las instituciones no están dispuestas a esperar.

El sector público concentra buena parte del problema, aunque el privado comparte algunas anomalías. Con un peso del 40% sobre el PIB, el sector público arrastra un clientelismo y una falta de eficacia que ahora se intenta corregir a toda prisa. Lo admite con una crudeza inusitada el propio Gobierno. "El sector público griego se compone de mucha plantilla que en el pasado fue contratada sin criterios de meritocracia y además no generaba mucho rendimiento". El portavoz del Ejecutivo apunta con dureza -y con un punto de oportunismo- al anterior Ejecutivo conservador y a dos colectivos: "Los gremios y los sindicatos han tenido privilegios que suponían una provocación para el resto de la sociedad". Yannis Panagópulos, presidente de la GSEE, el gran sindicato del sector privado en el país, replica: "Todas las medidas son poco equitativas e injustas. Supone cargar la crisis en la espalda de los trabajadores y los jubilados". Panagópulos ha participado esta semana, junto a representantes de trabajadores de 36 países europeos, en el congreso anual de la Confederación Europea de Sindicatos, celebrado en Atenas.

Sin tiempo que perder, el Gobierno socialista del Pasok se decidió a darle la vuelta al sistema público. Intentó desterrar los nombramientos a dedo y aplicó, forzado por el rescate financiero, un recorte salarial que aspiraba a ser del 16% y con un adelgazamiento de las plantillas que se conseguirá fundamentalmente reponiendo solo una de cada cinco jubilaciones, pero también mediante bajas incentivadas.

Para todo eso, el Gobierno ha tenido que empezar por el principio: elaborando un registro de empleados públicos, pues nadie sabía a ciencia cierta cuántos eran. Los resultados sorprenden a la baja: hay unos 700.000 en Grecia, aproximadamente el 16% de todos los ocupados, solo dos décimas por encima del porcentaje que suponen en España (la medición más fidedigna es sobre asalariados, pero la comparación europea resulta entonces más compleja). Con la venta de entes públicos que proyecta el Ejecutivo, ese peso se aligerará aun más.

Pero las reformas más acuciantes ni siquiera están ahí. Uno de los mayores problemas de Grecia es su altísima evasión fiscal. La economía sumergida se cifra alrededor del 35% del PIB y la cultura de que cada uno defrauda lo que puede -no tan alejada de lo que ocurre en España- está muy arraigada. Lamentablemente, también por la vía legal. Un buen número de castas ha mantenido durante años privilegios indefendibles. Así, los ingenieros estaban exentos de pago por el 75% de sus ingresos, al considerar que ese era el porcentaje destinado a cubrir los gastos de su actividad. Lo explica el consultor informático Lukas Karambelas, que celebra el fin de este régimen aunque a él le suponga pagar más impuestos.

Aún por aplicar, también hay previstas liberalizaciones de ciertas profesiones, como la de abogado, con el fin de dinamizar la economía. Y ha entrado en vigor una reforma laboral que retira del abrigo del convenio casi todos los nuevos contratos firmados. "Se espera que cuando se recupere la economía vuelva a mejorar la calidad de la contratación", confía Yorgos Pagulatos, el experto de Eliamep, consciente de que esa desregulación supone un peligroso punto de partida para la precariedad laboral. "Por primera vez se está moviendo algo", añade.

Ese mínimo movimiento no impide que sigan resultando cotidianas escenas como la del sobre -con dinero- que se entrega al médico o a cualquier otro profesional de confianza para garantizarse un buen servicio. Y que la universidad continúe aplicando criterios alejados de lo académico. "El sistema no es objetivo. Está muy influido por los partidos políticos. Debería reestructurarse para crear una red de excelencia", pide Antonia Zervaki, lectora invitada (un nivel anterior al de profesora) en la Universidad del Peloponeso.

Hay otras rarezas para el gusto europeo. El país reúne un buen número de casas consideradas ilegales, lo que significa que siguen en pie como residencias pero sin rendir un euro al fisco. La oposición de Nueva Democracia calcula que hay un millón de viviendas en esas circunstancias.

Ese problema liga con otro de compleja resolución: la titularidad de los activos inmobiliarios. Por extraño que parezca, el Estado no tiene resuelta la propiedad de muchos de los bienes que tiene atribuidos. De los 25.000 millones que posee en activos inmobiliarios, solo puede explotar un 15%, según Pagulatos, lo que pone en duda las metas del Gobierno en el proceso de privatizaciones. Entre otros problemas, un buen número de particulares reclama su dominio sobre terrenos en principio públicos. Y los conflictos se atascan en los tribunales.

Pero todas las reformas del mundo resultarán baldías si no logran revitalizar el crecimiento (la economía sigue en recesión) ni reducir significativamente el déficit (se ha aliviado mucho, pero aún representa un 10% del PIB). "No se trata de hacer más, sino de abandonar lo que están haciendo", opone el profesor Lapavitsas. Sin ingresos no hay crecimiento y sin crecimiento no hay ingresos. Un círculo peligroso que, como ocurre con otros excesos griegos, no resulta tan lejano para la economía española. -