La Iglesia católica irlandesa ocultó los abusos sexuales a menores durante décadas

Tan sólo medio año después de que Irlanda divulgara horripilantes pormenores sobre abusos sexuales a menores perpetrados por miembros del clero católico, las conclusiones de un nuevo informe oficial revelan la connivencia entre la jerarquía eclesiástica y las autoridades del Estado -incluidas la fiscalía y la policía- para proteger a los curas pederastras. El ministro de Justicia irlandés, Dermot Ahern, ha admitido este jueves que las propias autoridades facilitaron el encubrimiento de los casos pero, sobre todo, se desprende de la investigación que la iglesia antepuso la defensa de su reputación frente a la protección de niños vulnerables que estaban a su cuidado.

El documento presentado por Ahern se centra en las alegaciones de abusos contra 46 sacerdotes de la archidiócesis de Dublín y abarca el periodo comprendido entre 1975-2004. La jerarquía católica encubrió sistemáticamente las denuncias para eludir el escándalo, y para ello contó con el apoyo del establishment irlandés y de su atávico servilismo hacia la iglesia. En lugar de informar a las autoridades sobre las denuncias de tremendas agresiones, los superiores de esos sacerdotes optaban por trasladarlos de parroquia en parroquia, donde acababan hallando a nuevas e inocentes víctimas. Aunque el informe exime de responsabilidades al actual arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, sí apunta directamente a la responsabilidad de varios de sus antecesores, entre ellos los prelados John Charles McQuaid , Dermot Ryan y Kevin Mcnamara, los tres ya fallecidos. También implica a Desmond Conell, hoy retirado, quien no permitió hasta finales de 1995 que se canalizaran las denuncias contra 17 sacerdotes, si bien las reiteradas quejas recibidas afectaban entonces al menos a 28 clérigos de su diócesis.

Ilustrativa de la participación policial en el encubrimiento es la historia de un pequeño de 11 años objeto de abusos. Un sacerdote acudió a denunciar las agresiones sufridas por Andrew, pero los agentes, en lugar de emprender una investigación, plantearon el asunto ante la jerarquía eclesiástica, lo que supuso el punto final del caso. El ministro Ahern ha reconocido que "en algunos casos, y debido a acciones u omisiones, algunas personas que buscaron ayuda no siempre recibieron el nivel de respuesta y protección que debió garantizarles la An Garda Siochána (policía de irlanda)".

La indignación que ha suscitado el "Informe de la Comisión de Investigación sobre la Archidiócesis Catlótica de Dublín" obedece primordialmente la participación de los poderes públicos en un sistema que buscaba proteger a la iglesia por encima de todo. Los irlandeses ya habían asistido con horror al relato sobre los abusos sexuales de sacerdotes a menores, recogido en un documento que vio la luz el pasado mayo. El Informe Ryan, elaborado por la comisión investigadora de abusos a menores, es un catálogo de sistemáticas tropelías, de agresiones físicas y verbales cometidas por sacerdotes, monjas y personal seglar a lo largo de más de sesenta años. Una pesadilla que afectó a miles de niños y que tuvo su escenario en instituciones estatales gestionadas por la iglesia. La congregación de los Hermanos Cristianos, responsable de gestionar esos centros, ya ha prometido desembolsar 145 millones de euros en concepto de reparación.

El responsable de la cartera de Justicia ha animado a quienes conozcan más casos de esa naturaleza a que acudan a la policía para que "los agresores puedan ser llevados ante la justicia". El informe no recoge los nombres de las víctimas ni de los agresores para no invalidar futuros procesos. El ministro ha tenido que disculparse en nombre del Estado por su inacción o directamente complicidad, aunque ha insistido en que la cruda realidad que reflejan sus setecientas páginas no debería ensombrecer "el trabajo de miles de sacerdotes honrados", empezando por aquellos que persiguieron e intentaron denunciar tales abusos.