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Las capturas de atún rojo se reducirán un 40% para frenar la extinción de la especie

El atún rojo está amenazado, pero aún no se justifica la prohibición de la pesca. Así lo han entendido los países que integran la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que ayer se limitaron a acordar en Recife (Brasil) una reducción del 40% de los Totales Admisibles de Captura (TAC): de las 22.000 toneladas actuales a las 13.500 para 2010. El pacto, que ha revuelto en sentido contrario a los ecologistas y a los pescadores, contempla la reducción de la campaña a un único mes. Se extenderá entre el 15 de mayo y el 15 de junio y en ningún caso podrá ampliarse apelando a las malas condiciones climatológicas. Según la organización conservacionista WWF, al planeta sólo le queda entre un 10 y un 15% de las poblaciones originales de atún rojo.

Más información
La Comisión propondrá a los estados miembros prohibir el comercio internacional de atún rojo

La reunión de la ICCAT ha concluido con la adopción de medidas "concretas, ambiciosas y sin precedentes" que permitirán "avances decisivos" en la gestión y conservación del atún rojo en el mar Mediterráneo y en el Atlántico, sentenció ayer el comisario de Pesca, Joe Borg.

No lo ve así el eurodiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), Raül Romeva, quien recordó que los científicos aconsejaban una reducción más drástica. "El 40% es insuficiente", dijo. "Es preciso aclarar que incluso con un recorte mucho mayor, de unas 8.000 toneladas, sólo habría una posibilidad del 50% de que el atún rojo se recuperase antes de 2023". "Es más, ni siquiera con un cierre de la pesquería tenemos la certeza de que los stocks de atún se recuperen para esa fecha".

La decisión adoptada ayer en Brasil va a acusarse de forma severa en tres flotas andaluzas, que ya la pasada campaña sufrieron la situación de la pesquería. Entonces sólo se autorizó la captura de 1.080 toneladas, una cantidad insuficiente para abastecer a las almadrabas habituales -dos de ellas ni siquiera se instalaron por falta de rentabilidad-. Ahora caerán hasta las 600 y el sector augura nuevos cierres de instalaciones pesqueras. La Junta de Andalucía va a pedir fondos adicionales a la UE para ayudar a los sectores perjudicados.

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