El veneno ha matado en 15 años a 7.000 animales protegidos

Por cada águila imperial que se halla muerta por ingestión de veneno, puede haber hasta nueve ejemplares que caen por la misma causa y que no se detectan. Lo saben en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, porque es una de las conclusiones del grupo de trabajo de Ecotoxicología, que salen a la luz a partir de la polémica por la muerte de un lince ibérico y un quebrantahuesos envenenados en Andalucía. Como el águila imperial, estos dos animales están en peligro de extinción.

A pesar de que la colocación de cebos envenenados es una práctica prohibida desde hace casi 20 años por las leyes de conservación de la naturaleza nacionales y autonómicas, y tipificada como delito por el Código Penal, el informe revela que cerca de 7.000 ejemplares de especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas han perecido en 15 años bajo los efectos de la ponzoña colocada en el campo. Esos cebos han acabado con otros tantos animales de especies no amenazadas (lobos, zorros), entre ellos 3.000 perros asilvestrados. "Son cifras parciales y representan una mínima cantidad de las bajas que ocasiona", aclara Mauro Hernández, director del Laboratorio Forense de Vida Silvestre y autor del informe. En general, los animales detectados suponen entre un 5% y un 15% de los que caen.

Falsear datos

Las causas de este porcentaje tan bajo se deben a la ocultación o falseamiento de datos por los responsables de la fechoría e incluso por parte de las administraciones competentes; tampoco es fácil adivinar dónde estaba el cebo, porque la muerte retardada puede dejar el cadáver lejos del veneno. Además, la debilidad del animal tras ingerirlo puede ocasionarle una muerte casual, bajo las ruedas de un coche, ahogados o tras un choque con un tendido eléctrico.

"Todos los años entran en nuestro laboratorio al menos 800 ejemplares afectados por veneno, y estamos hablando de lo que ingresa en un solo centro, porque hay otros cinco como este en España", añade Mauro Hernández, que sostiene, con cierta rabia, que "se ha generalizado el uso del veneno para resolver cualquier conflicto".

La gran mayoría de los casos están vinculados a la caza, porque se suelen colocar cebos emponzoñados para acabar con los predadores de especies de caza menor. Sin embargo, recientemente, el dedo acusador también se dirige hacia los ganaderos. Según los expertos, entre el 60% y el 70% de los casos se achaca al sector cinegético, y entre el 15% y el 20%, al ganadero. Las muertes, en las últimas semanas, de un lince en la sierra de Andújar (Jaén) y de un quebrantahuesos en la sierra de Castril (Granada) confirman la creciente participación de este último sector, además de demostrar una nula selección del método usado, con el que acaban cayendo especies para las que no está destinado.

En el caso del lince ibérico, se ha confirmado oficialmente que tanto su cuerpo como las viñas cercanas a un gallinero por donde merodeaba el felino presentaban restos de un potente veneno (aldicarb), utilizado antiguamente como plaguicida, pero cuyo uso quedó prohibido por su toxicidad. Íñigo Fajardo, coordinador del Programa Regional del Quebrantahuesos en Andalucía, ha seguido muy de cerca el caso del ejemplar de esta especie muerto en la sierra de Castril y sostiene que "todo confirma que se trata de un envenenamiento relacionado con la ganadería".

El problema llega a Andalucía, aunque las áreas con lobos y osos de la mitad norte peninsular son las más conflictivas respecto a la convivencia entre fauna salvaje y ganadería extensiva. José Manuel Soto, responsable de Medio Ambiente de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Castilla y León, vive en un ecosistema lobero por excelencia, la zamorana sierra de La Culebra. "No hay que criminalizar al sector en general, es cierto que se usa en casos muy extremos y hasta por personas que ni siquiera son ganaderos ni cazadores. Además, desde COAG llevamos años aleccionando a nuestros asociados que nunca se debe actuar por cuenta propia ante cualquier conflicto con la fauna salvaje y que se debe hacer a través de la administración y del Seprona".

La Real Federación Española de Caza muestra un compromiso similar y respalda una iniciativa oficial en ciernes por la que se crearía la figura del especialista en controlador de predadores.

El mes pasado, una pareja de cazadores fue sentenciada a dos años de cárcel por colocar venenos en un coto de caza de Ciutadilla (Lérida). Cataluña, y en especial Lérida, encabeza la lista de comunidades con sentencias penales. Ello se debe a las patrullas especiales de protección de animales de la Dirección General del Medio Natural de la Generalitat.

La Fundación para la Conservación del Buitre Negro, una de las ONG más activas en la persecución de estos delitos (dispone de un teléfono para comunicar casos de envenenamiento: 900 713 182), se personó como acusación particular. Juan José Sánchez, su director, confirma que "la publicación de los casos judiciales y el cierre cautelar de cotos son las causas de que se haya reducido el problema en algunos lugares, porque hay numerosas presiones para que se levante el cierre cautelar de un coto en el que se encontró veneno".

El informe de Ecotoxicología detalla que, allí donde aparecen y se persiguen más casos de envenenamiento, no son necesariamente las comunidades donde peor se aplica la estrategia contra el uso de cebos envenenados, herramienta oficial aprobada en 2004 y que deben desarrollar los gobiernos autonómicos.

Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía son las más eficaces, algunas con equipos de investigación y rastreo que incluso pueden evitar que algún animal envenenado acabe en el puchero.