Por primera vez, Google publica los datos del número de peticiones gubernamentales que ha recibido para retirar contenidos de su buscador o de YouTube por parte de los gobiernos o sus agencias. En el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 1 de diciembre del mismo año, por ejemplo, España solicitó la retirada de 32. Según esta lista, es el noveno país en número de peticiones. Se trata de contenidos supuestamente difamatorios, de odio y afectados por contenciosos criminales. El mayor solicitante ha sido Brasil con 291 peticiones. Le siguen Alemania (188), India (142), Estados Unidos (123), Corea del Sur (64), Reino Unido (59), Italia (57) y Argentina (42).

Otra información que incluye la estadística de Google son las peticiones de datos sobre identidades. Brasil lo hizo 3.663 veces. Estados Unidos, 3.580. España, en octavo lugar, solicitó 324 identidades.

La estadística no explica cuántos de estos requerimientos fueron acatados por el buscador. Google aclara que estas cifras no incluyen los contenidos retirados por propia iniciativa ni aquellas solicitudes privadas que se han producido, particularmente sobre YouTube, y por motivos de derechos de autor. Las cifras no re refieren a aquellos países que bloquean el acceso al buscador o censuran globalmente sus contenidos.

Quejas públicas

La publicación de estos datos coincide con el envío de una carta por parte de diez agencias de protección de datos, entre ellas la española, a Google en la que se quejan de su política de privacidad. El director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, en una rueda de prensa celebrada en Washington ha exigido a las empresas de Internet una configuración de la privacidad más accesible y fácil, y una protección automática en las redes sociales. "Muchas de estas compañías públicamente declaran su compromiso con el derecho a la privacidad de los ciudadanos, pero si se les juzga por su comportamiento, parece que sea una estrategia de mercadotecnia más que un verdadero y real compromiso", ha segurado Rallo. Los reguladores reconocen que Google ha corregido sus acciones más polémicas, como la puesta en marcha de Google Buzz, una red social asociada a Gmail que publicó la información de usuarios, como fotografías y perfiles, automáticamente y sin consulta previa. La otra denuncia se refiere a las fotografías expuestas en Google Street View, que muestran los rostros de personas en la calle en el localizador geográfico de la compañía. Las quejas obligaron a la compañía a hacer borrosas las caras. Pero las retracciones han sido por "prueba y error", apunta Rallo, porque lo "habitual" es "lanzar productos sin las mínimas garantías de privacidad a los usuarios y esperar a su reacción para rápidamente mitigar los daños y corregir el sistema". J

Los diez firmantes de la carta (Canadá, Israel, Francia, Holanda, España, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda y Alemania) cuentan con diferentes legislaciones y mecanismos de acción, que incluyen desde investigar o auditar hasta penalizar con multas. Entre las agencias con mayor capacidad está la de España, que puede penalizar con multas de hasta 600.000 euros a compañías, según explicó a Efe Rallo. Esta facultad se ha aplicado con "un diálogo intenso", señaló, en casos como el de la red social Facebook, a la que se ha exigido que verifique que los usuarios son mayores de 14 años y que asegure la protección de datos de los menores de edad. En el caso de la red social española Tuenti, la relación ha sido "más productiva" y la empresa ha cancelado los perfiles de aquellos usuarios que no presenten un documento de identidad nacional para asegurar la edad legal requerida. Con Google, Rallo explicó que existen decenas de denuncias por tutela de derechos y cancelación de información, pero todavía no ha habido ninguna que haya implicado un procedimiento sancionador. "Si la hay, actuaremos", aseguró.