Rosell y Laporta batallan en el juzgado

El presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, explicó que, cuando su junta tomó posesión del cargo, el 1 de julio de 2010, descubrió que el club debíamás de 60millones de euros a los jugadores, contando todas las secciones profesionales. "En unas semanas teníamos que pagar 100millones, pues además de esos 60 se debíanmás de 30 millones a la Seguridad Social", declaró Rosell ayer durante el juicio sobre la impugnación de la asamblea del 16 de octubre de 2010 por parte del expresidente del club Joan Laporta.

Rosell acudió a declarar a la Ciudad de la Justicia en representación del FC Barcelona, al que Laporta y sus directivos demandaron a raíz de que en la citada asamblea se acordara ejercer una acción de responsabilidad social contra ellos por las pérdidas de 47,8 millones de euros acumuladas en su mandato. Según Laporta, el club no le permitió, tal como establece el artículo 50 de los estatutos, defender ante los socios compromisarios su gestión económica, que se cerró con un superávit de 11,1 millones al cierre de la temporada 2009-2010. En aquella asamblea, en cambio, se aprobaron unas pérdidas de 79,6millones en ese último ejercicio.

"Sometimos a la aprobación de los socios las mismas cuentas que presentó la directiva de Laporta, pero aplicando las siete salvedades que determinó la auditoría de Deloitte, que además fue la elegida por él, no por nosotros", explicó Rosell. El presidente aclaró que Laporta, como el resto de los compromisarios, tuvo a su disposición 10 días antes las cuentas que se iban a aprobar, pero no se presentó en las oficinas del club. "También le invitamos, como expresidente y compromisario, a que viniera a la asamblea a expresar lo que considerase oportuno, hasta en dos ocasiones, pero los estatutos no permiten defender unas cuentas alternativas que además no se corresponden con la realidad", añadió.

Durante el juicio, los abogados de los demandantes acusaron a la actual directiva de manipular la asamblea, aportando datos sesgados de la due diligence que encargó el club, con el único propósito de dañar la imagen de la junta anterior y allanar el camino a un posterior voto favorable a la acción de responsabilidad. Rosell lo negó. "La due diligence fue una herramienta más de transparencia. Fuimos totalmente neutrales. Tanto es así, que di más argumentos para que la gente votara en contra de la acción de responsabilidad que a favor y además voté en blanco", recordó el actual presidente.

Lo que sucedió, en opinión de Rosell, es que aquella due diligence desveló algunos detalles de la gestión de Laporta difíciles de explicar, como tres o cuatro millones en gastos de seguridad sin justificar, los 18 millones que se pagaron por los terrenos de Viladecans y los 20.000 euros que se gastaban por partido en catering. El 11 de noviembre está prevista la reanudación del juicio con el visionado de la grabación de la asamblea de compromisarios de 2010.

Laporta anunció ayer por la tarde que presentará una demanda contra la auditora KPMG por considerar que esta entidad le desacreditó ante la asamblea de compromisarios del año pasado. Según Laporta, la intervención del representante de KPMG, Fernando García Ferrer, en la vista oral que se celebró en la sala 213 de la Ciudad de la Justicia de Barcelona confirma que las transparencias que utilizó la auditora para reflejar la situación económica de la entidad "las recibió de la actual junta".

"Y como aquellas transparencias no coinciden con el informe de la due dilligence en varias partidas a las que se dio una importancia fundamental para desacreditar la gestión de la junta que presidí, anuncio la interposición de acciones legales contra Fernando García Ferrer y KPMG", afirma Laporta. "La información que se dio a los socios no fue fidedigna ni acredita la situación económica, financiera, legal y laboral del Barcelona", continúa el comunicado de Laporta.