El juez desestima la demanda de Laporta contra Rosell

El juzgado de primera instancia número 30 de Barcelona ha desestimado la demanda del expresidente del FC Barcelona, Joan Laporta, contra el actual presidente, Joan Rosell, y su junta directiva. Laporta había solicitado la impugnación de la asamblea de compromisarios celebrada por la actual junta el 16 de octubre de 2010. En aquella reunión, el club decidió emprender acciones legales contra Laporta por las cuentas de la temporada 2009 y por algunas de las medidas que adoptó durante su mandato. En concreto, por las pérdidas de 47,8 millones que señalaban los informes.

Laporta impugnó aquella asamblea ante los tribunales con el argumento de que el club no le permitió, como indican los estatutos, defender su gestión económica ante los socios. El actual presidente, Sandro Rosell, explicó durante el juicio que su junta descubrió que el club debía más de 60 millones de euros a los jugadores. Rosell añadió que invitó a Laporta a acudir a la asamblea para expresar "lo que considerase oportuno". Los abogados de Laporta y otros miembros de su junta directiva defendieron, en cambio, que la actual directiva manipuló la asamblea y aportó datos sesgados de la due diligencie que encargó el club con el fin de dañar la imagen de Laporta.

En su sentencia, el juez estima que, "si bien es cierto que no hubo un cumplimiento escrupuloso de las normas estatutarias" durante la asamblea (ya que Rosell quien presidió el acto) esta no puede considerarse nula. La sentencia razona que no se vulneró el derecho de información de Laporta y de otros miembros de su junta, sobre todo porque "los codemandantes no acudieron a la asamblea, ni ejercitaron el derecho de voto, ni hicieron mención de dudas o problemas". La actuación del club fue "suficiente para garantizar los derechos" de Laporta, ya que le comunicó que podía examinar la documentación en las oficinas del club.

Según el juez, el club hizo bien en no facilitar antes de la asamblea una copia de la due diligence a Laporta, ya que se trataba de una información reservada. La anterior directiva también adujo que los socios acudieron a la asamblea sin apenas información y que se encontraron ante conclusiones económicas "de gran complejidad". El juez admite esa situación, pero sostiene que no es motivo suficiente para aceptar la impugnación de la asamblea.