Polémica interna en el Cesid sobre la necesidad de que dimita Manglano para salvar al servicio secreto

No por esperado ha sido menos demoledor. El escándalo originado por la difusión de documentos del Cesid que acreditan la existencia de escuchas telefónicas a destacados personajes de la vida pública, incluido el Rey, ha caído como una bomba en el servicio secreto. Algunos responsables del centro abogaban ayer por la dimisión de su director general, Emilio Alonso Manglano, para evitar que la actual crisis se lleve por delante al centro. Otros, sin embargo, opinan que esta dimisión sería inútil, pues el objetivo de quienes han filtrado los documentos no es Manglano. sino Narcís Serra.

Asesores jurídicos del Ministerio de Defensa y del centro de inteligencia estudiaban ayer posibles iniciativas legales contra el coronel Juan Perote Pellón, a quién ambos atribuyen la filtración del registro de las conversaciones telefónicas y que, de confirmarse esta sospecha, podría haber incurrido en un supuesto delito de revelación de secretos, que el Código Penal Militar castiga con hasta 10 años de cárcel.Las fuentes consultadas admitían, sin embargo, la dificultad de demostrar que los papeles, cuya autenticidad ha reconocido el Cesid, fueron sustraidos y entregados al diario El Mundo por el antiguo responsable de la Agrupación Operativa del servicio secreto.

Oficialmente, la investigación interna abierta por el servicio secreto sobre la fuga de documentos aún no ha concluido. Oficiosamente, se teme que a la difusión del listado de grabaciones siga la publicación del contenido de algunas de las conversaciones interceptadas.

El departamento que dirige García Vargas insistía ayer en que la captación de conversaciones de telefonía móvil no era delito, al menos hasta la aprobación de la ley de telecomunicaciones de 1994, ya que el espectro radioeléctrico es de "dominio público" y puede ser interceptado por cualquier particular con un escáner cuya adquisición no requiere licencia.

No obstante, añadían que este criterio está siendo sometido a discusión con los ministerios de Justicia e Interior y de Obras Públicas.

Al mismo tiempo, subrayaban que Manglano no estaba al tanto de todas las grabaciones, sino sólo de las relevantes, entre las que se incluirían las del entorno del Rey y de ministros, de cuya existencia "con toda probabilidad" se habrían informado a los afectados.

Pese a ello, el hipotético castigo de los autores de la filtración y la supuesta exención de responsabilidades penales para Manglano y el Gobierno suponía un pobre consuelo ante lo evidente: que el escándalo ha causado ya un daño, probablemente irreparable, al principal servicio secreto español que, en el mejor de los casos, tardará años en recuperar la confianza de la opinión pública y de sus colaboradores.

El relevo de Emilio Alonso Manglano, que tiene 69 años y lleva 14 al frente del Cesid, se replanteó ayer con más virulencia que nunca, incluso por personas que le han apoyado siempre y que ahora consideran inevitable su sacrificio para evitar que el centro desaparezca o que, privado de medios suficientes para actuar, se vea relegado a un papel secundario frente a los servicios dependientes de Interior.

La sustitución de Emilio Alonso Manglano se planteó ya tras las últimas elecciones generales, en junio de 1993, pero el Gobierno se vio obligado a aplazarla ante la sucesión de escándalos que, de lleno o de soslayo, han salpicado al servicio secreto, como las escuchas ilegales de La Vanguardia, la fuga de Roldán o el informe Crillon.

Desde el Ejecutivo, se quería evitar, a toda costa, que el cese pudiera interpretarse como un reconocimiento de culpabilidad y que la larga trayectoria del teniente general al frente del servicio de información se viera deslucida por una salida poco honorable. La propia precariedad del Gobierno y la incertidumbre sobre la duración de la legislatura ha dificultado, además, la búsqueda del sustituto.

El ministro de Defensa, Julián García Vargas, ha admitido en privado que el nombre del sucesor de Manglano debería ser "consultado" con el Partido Popular, para evitar que una institución perteneciente al núcleo duro del Estado se viera sometida a vaivenes políticos.

En las filas del PP, sin embargo, existe una profunda desconfianza hacía el centro, que se considera demasiado afín del Gobierno, y algunos documentos internos de dicho partido abogan por una profunda reforma del mismo, si no la depuración de sus cuadros.