Un fiscal incómodo para el poder

Luis Portero persiguió el fraude del PER y ejerció la acusación contra el ginecólogo Sáenz de Santamaría

Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desde su creación en 1989, no ambicionó ninguna gloria personal, pero en la medida en que durante los 11 años que permaneció en el cargo no eludió ningún requerimiento e investigó con todas sus consecuencias cualquier denuncia se convirtió en un fiscal tan accesible como implacable, una especie de árbitro popular al que recurrían tanto las organizaciones ecologistas como los vecinos desesperados por los inconvenientes de las juergas nocturnas de los fines de semana.Luis Portero había nacido en Madrid en 1941, aunque su carrera estuvo casi siempre vinculada a Andalucía. Durante varios años fue fiscal en Málaga y, ya como jefe, pasó a la Audiencia de Las Palmas, donde permaneció entre 1986 y 1989. Estaba casado con María del Rosario de la Torre, hermana del actual alcalde de Málaga, del Partido Popular. Tenía cuatro hijos y en 1975 obtuvo el título de doctor en Derecho con una tesis sobre La igualdad ante la ley y su proyección penal.

Era creyente. De hecho, el último acto al que acudió, hace tres días, fue la presentación de una exposición sobre la Iglesia y el emperador Carlos V organizada por el Arzobispado de Granada.

Portero fue un fiscal popular, a veces en contra de su voluntad. En un momento especialmente conflictivo por las trascendencia política de los asuntos que tenía entre manos, a comienzos de los noventa, decidió reducir sus contactos con los periodistas, que hasta ese momento habían sido constantes.

Esta vocación de servicio a la sociedad fue el origen de alguna controversia con las autoridades políticas. En realidad Luis Portero fue un fiscal incómodo para el poder. Poco después de tomar posesión ordenó a todos los fiscales bajo su mando en Andalucía que investigaran en profundidad lo que más tarde se denominó el fraude del PER, el Plan de Empleo Rural. Las ocho fiscalías comenzaron de inmediato a reunir información sobre el uso irregular, a veces partidista, que decenas de ayuntamientos daban a las subvenciones destinadas a dar empleo a los agricultores.

Portero, a pesar de las sentencias más benévolas del Supremo, mantuvo siempre la acusación contra numerosos alcaldes y concejales pertenecientes a casi todo el arco político. "No es un proceso en contra de los jornaleros sino contra un fraude generalizado en el campo andaluz", repitió en diferentes ocasiones.

Su afán en desentrañar cualquier caso de corrupción pública se plasmó también en su obstinación en mantener hasta el final la acusación contra los cargos públicos implicados en el caso Juan Guerra. Era afable y de costumbres fijas. Todas las mañanas llegaba en coche oficial a la sede del tribunal andaluz y a mediodía salía a tomar un café en compañía de algunos colaboradores. El paseo por la Plaza Nueva era también un momento de encuentro y saludo: con periodistas, con el vendedor de periódicos o con conocidos.

Esta sintonía personal, sin embargo, no significó nunca campechanía. Portero era un fiscal serio, sabedor de la enorme responsabilidad que llevaba entre manos. Las sugerencias que añadía a los informes anuales de la Fiscalía contenían casi siempre reflexiones valientes e incluso insólitas. En diferentes ocasiones mostró su preocupación por las molestias que sufrían los vecinos por las juergas callejeras. Uno de estos juicios provocó las críticas airadas de la Alcaldía de Granada, que interpretó las líneas del fiscal como una intromisión en sus competencias.

En otra ocasión, más reciente, Portero añadió un duro alegato contra buena parte de las obras públicas, en concreto las carreteras, costeadas por la Administración. En concreto, el fiscal consideró un grave perjuicio para el erario público la rápida degradación sufrida por la red de carreteras, en concreto por la autovía transversal de Andalucía construida por el Gobierno andaluz.

Otra actuación por la cual le llovieron las críticas desde los sectores progresistas fue cuando mantuvo la acusación por un delito de aborto contra el ginecólogo malagueño Germán Sáenz de Santamaría. Los 12 años de prisión solicitados por el fiscal se quedaron al final en un fallo absolutorio.

Pero Portero se convirtió también en un aliado de Los Verdes y de las organizaciones ecologistas, a las cuales les prestó gran atención e incluso elogió en sus habituales reflexiones anuales. Los Verdes, tras conocer el atentado, recordó ayer su contribución "a la defensa de la legalidad ambiental y su participación e impulso a múltiples investigaciones de carácter ecológico, social y ambiental".

Su última polémica ocurrió hace pocos meses y le enfrentó con el propio presidente del tribunal andaluz, cuando decidió trasladar fuera de la sede judicial la Fiscalía de Menores. Portero se opuso porque la razón profunda, dijo, no era de espacio físico, sino de estética: nadie quería ver deambulando por los graves pasillos a niños desamparados.