España pide a Francia un acuerdo para la entrega de terroristas sin extradición
Esto incluye todos los delitos de sangre, aunque deja una zona oscura respecto a los comandos de información y apoyos logísticos.
Fuentes próximas a la ministra no confirmaron ni desmintieron que esto sea el motivo concreto del viaje, sino que se limitaron a explicar que los temas a tratar tienen que ver con 'las relaciones judiciales hispano-francesas ' y 'la colaboración judicial europea'. Lebranchu llega hoy a Madrid, aunque los encuentros con el Gobierno y con la Audiencia Nacional se producirán mañana.
Dentro de la extrema discreción con que Francia trata los asuntos relacionados con el terrorismo, la respuesta es suficiente para deducir que la ministra está dispuesta a abordar la solicitud española para lograr con Francia un tratado similar al firmado con Italia en noviembre de 2000, que reconoce la capacidad de entregar al otro país incluso a sus nacionales, siempre sean buscados lo sean por delitos graves: terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, tráfico de personas, abuso sexual contra menores y tráfico ilícito de armas.
El tratado hispano-italiano se basa en el deseo de que tengan 'plena validez, reconocimiento y eficacia' las resoluciones judiciales de privación de libertad dictadas en cualquiera de ambos Estados. Esto suprime los procedimientos de extradición, anticipando así el principio del reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en todo el ámbito de la UE, que fue aprobado en el Consejo Europeo de Tampere, celebrado el 15 y 16 de octubre de 1999, pero cuya aplicación global resulta muy lenta.
Anticipar el contenido del acuerdo de Tampere plantea a Francia un problema nada sencillo, dado su complejo sistema judicial y la sensibilidad de la opinión pública hacia las garantías de los derechos de las personas. Sectores políticos que están en el Gobierno (comunistas, ecologistas) se oponen a las entregas sin extradiciones. El primer ministro, Lionel Jospin, ha dado pruebas de su interés por consolidar la colaboración antiterrorista con España. Además, la agilización de los procedimientos de entrega le ahorraría pequeños escándalos, como el ocasionado por la huida de Félix López de la Calle, Mobutu , cuando se escapó del hotel donde le vigilaban policías franceses.
Lebranchu apenas lleva cuatro meses en Justicia, pero es persona de la confianza de Jospin y su opinión va a pesar a la hora de decidir el camino a seguir. Su gesto de visitar en Madrid no sólo al Gobierno sino también la Audiencia Nacional es un paso más para demostrar la solidaridad de Francia. Jueces de enlace se ocupan ya de lubricar la colaboración judicial entre los dos países, una iniciativa que Francia puso en marcha rápidamente -fruto de ello es la presencia de un magistrado francés en Madrid desde hace casi tres años-, y que España tardó más en poner en práctica hasta la designación para esas funciones del juez Manuel García Castellón.
Pero lo que España propone ahora va más allá: exige voluntad política y aplicar más medios. Los jueces y fiscales antiterroristas franceses disponen de bastante menos personal que sus homólogos de la Audiencia Nacional.
Un punto oscuro es la aplicación de un acuerdo sobre entregas de delincuentes en caso de que la persona buscada cumpla condena o sea procesada en el otro país, como es el caso de muchos de los etarras detenidos en Francia en posesión de armas.
España e Italia lo han resuelto de manera que cuando un país pide al otro que le entregue a alguien sometido a enjuiciamiento, el país requerido lo efectuará 'lo antes posible'. También en el caso hispano-italiano, para la calificación legal de los hechos y la determinación de la pena se aplica la legislación del país que busca al delincuente. En todo caso, la entrega sin extradición no es automática: España e Italia se han reservado la facultad de conceder inmunidad a la persona buscada por el otro país.
