Fujimori sacó de Perú los vídeos que podían comprometerle
Previamente, la policía había obtenido otro importante contingente de maletas que entregó el coronel Roberto Huamán, estrecho colaborador del asesor y responsable de las intercepciones telefónicas a los opositores del régimen. Todo el material incautado fue trasladado a palacio. Durante dos días, el presidente Alberto Fujimori y su hermano Santiago se encerraron en una dependencia para inspeccionar el material. Un ministro muy cercano al presidente vio una sala repleta de maletas, a la que se accedía después de abrir un buen número de puertas cerradas con llave. Fujimori le confesó que si el material allí almacenado saliera a la luz, sería el fin de toda la clase política peruana, según fuentes de la investigación. Cientos de cintas de vídeo fueron cuidadosamente seleccionadas y guardadas en distintas maletas. Quince valijas, con el material videográfico más preciado, quedaron en poder del presidente, que, según comprobó un testigo, también se apoderó de varios lingotes de oro y de un barco de oro macizo que las Fuerzas Armadas habían regalado a Montesinos. Dos días después, el presidente mostró en el palacio de Gobierno el material incautado, que consistía en centenares de cintas de vídeo, joyas, relojes, ropa, perfumes, libros, documentos y otros bienes.
El presidente peruano no aparece en ninguno de los vladivídeos que han sido difundidos hasta ahora, lo que no deja de sorprender a los analistas, si se tiene en cuenta que Fujimori pasaba buena parte de su tiempo en las dependencias del SIN, donde pernoctó en numerosas ocasiones. Había pocas dudas de que el ex mandatario ocultó los vídeos más comprometedores, y quién sabe si los lingotes, en el abundante equipaje con el que viajó en su huida a Japón. En Tokio confirmaría más tarde lo que era un secreto a voces. 'Yo tengo mi propia videoteca', dijo.
¿Y Montesinos? ¿Acaso el otrora todopoderoso asesor del presidente, que filmaba con cámaras ocultas a todo aquel que pasaba por las dependencias del SIN, no guardó las cintas más explosivas? Muchos sospechan que las pruebas más rotundas contra el antiguo número dos del régimen siguen en poder de Montesinos. Una espada de Damocles que pende sobre el conjunto de la clase dirigente. Porque lo que ha comprendido el conjunto de la sociedad peruana es que durante diez años de fujimorismo, las decisiones más trascendentales para el país se tomaban en los despachos del SIN, por donde desfilaban ministros, congresistas, jueces, empresarios, banqueros, militares, periodistas y narcotraficantes. La mayoría, para recibir instrucciones. Otros para colaborar con la red de corrupción y extorsión que tejió Montesinos.
Seis jueces, nombrados para el caso, han comenzado a ver los 1.075 vídeos que permanecen custodiados en una bóveda de máxima seguridad en el Palacio de Justicia. Circuito cerrado de televisión, detectores con rayos láser, puertas metálicas dobles, equipos especiales de la Policía Judicial y de la Policía Nacional, son algunas de las medidas adoptadas para mantener a buen recaudo las cintas. Cada uno de los vídeos lleva una etiqueta sobre su contenido. Por ejemplo, los últimos que han trascendido a la prensa llevan por título 'Reunión: Doctor-Dionisio Romero-Comandantes Generales', 'Reunión: Doctor-Boloña-Comandantes Generales-Winter' y 'Reunión: Cuculiza-Supremo-Doctor-General Briones'. El doctor es Montesinos, Romero es el primer empresario peruano que tiene prohibida la salida del país, los comandantes generales son la cúpula militar, Carlos Boloña, Luisa María Cuculiza y el general Juan Briones son ex ministros del anterior régimen, Winter es uno de los accionistas minoritarios que se apoderaron del Canal 2 de televisión, y Supremo se refiere al presidente Fujimori. 'Ver para votar', 'No vamos a votar hasta que no veamos los vídeos', decían los participantes en la Marcha de los Ojos Vendados, que recorrió las calles de Lima el martes pasado, para reclamar a las autoridades que difundan todas las cintas. La lentitud en la difusión de los vídeos ha dado pie a las críticas de algunos candidatos de las elecciones del 8 de abril, que hablan de utilización política del tema por parte de jueces y del Gobierno.
