La cúpula militar de Perú dimite y condena el golpe de Fujimori

En un mensaje dirigido al país, que los propios firmantes califican de 'gesto de franca e histórica rectificación', los generales de la cúpula militar reconocen la utilización de las instituciones armadas para fines ilícitos por parte del prófugo Vladimiro Montesinos, que manejó desde la sombra los resortes del poder.

El paso dado por los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas deja vía libre al presidente provisional y comandante supremo, Valentín Paniagua, para que proceda a la esperada destitución de los principales jefes militares. Y es la consecuencia del 'pacto de honor' que firmaron secretamente el 13 de marzo de 1999 unos 2.000 jefes y oficiales, por orden de Montesinos y el alto mando, para garantizar la impunidad de los uniformados que cometieron actos delictivos. Los vídeos difundidos recientemente en el Congreso de la República muestran el siniestro acto realizado hace dos años en la base aérea de Las Palmas, en el que la oficialidad superior de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional suscribe un acuerdo de honor de 'acatamiento imperativo' que apoya el golpe de 1992, que cerró el Congreso y anuló la Constitución, y asegura la amnistía general para todos aquellos uniformados implicados en violaciones de derechos humanos.

Bajo el escudo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Pablo Carbone, jefe de la Fuerza Aérea, leyó el comunicado en compañía del general Carlos Tafur, jefe del Ejército; el vicealmirante Víctor Ramos, jefe de la Marina, y el general Armando Santisteban, director general de la Policía Nacional. Hoy piden disculpas al pueblo peruano; hace dos años, estos mismos jefes estamparon su firma en un pacto vergonzoso que pretendía garantizar la continuidad de un régimen corrupto.

Los generales afirman en su declaración que 'la violencia terrorista fue utilizada como pretexto por el Gobierno de facto a partir de abril de 1992 para sobredimensionar el SIN [Servicio de Inteligencia Nacional] y someter al control absoluto de éste todos los órganos de poder constitucional', y añaden que el presidente Fujimori permitió la progresiva injerencia de Vladimiro Montesinos y denuncian 'el grave proceso de cooptación, sujeción y corrupción que afectó no sólo a las Fuerzas Armadas, sino a toda la sociedad'.

Para los generales que ahora anuncian su dimisión, aquel pacto de honor fue firmado 'sin debate previo', en forma 'intimidatoria y coercitiva', por lo que no debe ser respetado. 'No expresa la libre voluntad de los firmantes y viola la Constitución', dice el comunicado de la cúpula militar actual. 'Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú', añade, 'en solemne e inequívoco gesto de rectificación, declaran su rechazo y condena a la ruptura del orden constitucional del 5 de abril de 1992 y de todo acto y compromiso que podría menoscabar las bases éticas y jurídicas del Estado de derecho, y lamentan que alguno de sus miembros incurriera en infracciones personales'.

Los dimisionarios proclaman ahora su 'firme determinación de actuar con estricto respeto a las leyes de la República' y su 'compromiso de respetar los derechos humanos, fortalecer los valores morales y combatir cualquier indicio de corrupción'. Todo lo contrario de lo que ha sido el comportamiento de los militares peruanos desde el golpe de 1992. Ahora dicen respaldar las iniciativas para la formación de una Comisión de la Verdad 'que permita la reconciliación nacional fundada en la justicia'.