El Ejército de Pakistán despliega a 200.000 hombres para frenar las protestas islámicas

La pancarta roja frente a la sede del Gobierno no es una reivindicación de los islamistas. 'Disparamos contra cualquiera que cruce esta línea', reza la leyenda en urdu. Y los soldados que vigilan parecen dispuestos a hacerlo. Por primera vez, en la reciente historia de Islamabad, el Ejército se ha desplegado en la capital de Pakistán. Las autoridades también han puesto bajo arresto domiciliario a un tercer clérigo protalibán y, pese al reforzamiento de la seguridad en todo el país, tres personas resultaron muertas cerca de Quetta, al suroeste de Pakistán.

Islamabad amaneció ayer literalmente tomada por los militares. Búnkeres de cemento y sacos terreros protegían la entrada al distrito diplomático, en especial en las proximidades de la Embajada de Estados Unidos, el recinto de la televisión nacional, los ministerios y otros edificios oficiales. Los habitantes de la tranquila capital, construida a principios de los sesenta, no recuerdan nada similar. 'Ni siquiera cuando la quema de la Embajada norteamericana en 1979 salió el Ejército a la calle', decía Fatimah, un ama de casa que hacía sus compras por la zona.

'Es cierto, al menos de una forma tan visible', reconoce a este diario el general retirado Taleb Masud. 'Hay una guerra en marcha a muy pocos kilómetros de aquí, la frontera [con Afganistán] está muy cerca', justifica este antiguo militar.

Pakistán desplegó ayer por todo el país a 200.000 hombres armados entre ejército, guardia fronteriza y policía.

'Es un mensaje del régimen sobre la seriedad de su compromiso político y [muestra] que no va a permitir ningún desafío de los extremistas religiosos', apunta otro analista. Hasta ayer, había sido la policía paquistaní la que se había ocupado de la seguridad dentro de la capital. 'Se trata de una medida preventiva', explica Masud, 'porque no sabemos el nivel de daños colaterales que va a producirse y la situación puede agravarse'.

Ése es el temor que muchos analistas expresan desde el inicio de la crisis. La violencia de las protestas que estallaron en la ciudad fronteriza de Quetta el lunes, tras la primera noche de bombardeos, marcó el límite de lo que el régimen militar paquistaní está dispuesto a tolerar. Ayer, las principales ciudades del país estuvieron en calma a pesar de que se celebró un puñado de nuevas manifestaciones. Influyó sin duda la masiva presencia de fuerzas de seguridad. No obstante, en la localidad de Kuchlagh, a unos veinte kilómetros al norte de Quetta, tres personas resultaron muertas cuando varios centenares trataban de asaltar la comisaría. Una de las víctimas fue un niño de 12 años. Los disturbios han obligado también a las líneas aéreas paquistaníes a suspender los vuelos entre Islamabad y Quetta.

Los observadores, tanto locales como extranjeros, están convencidos de que la mayoría de los paquistaníes no apoya a los extremistas islámicos que están detrás de esas protestas violentas ni a los talibán. Sin embargo, numerosas conversaciones mantenidas durante las semanas pasadas también muestran una extendida convicción de que los ataques contra Afganistán no son justos.

Muchos paquistaníes no creen que haya pruebas suficientes contra Osama Bin Laden y, aun cuando aceptan que existen, no consideran que una operación militar de esa envergadura sea la forma de solucionar el problema. Esa mayoría silenciosa, a la que se ha referido el presidente Pervez Musharraf, puede cambiar de actitud ante la muerte de civiles afganos.

Acallar a los agitadores

De momento, el Gobierno paquistaní ha decidido acallar a los principales incitadores de las manifestaciones antinorteamericanas que han salpicado el país desde el pasado 11 de septiembre. La prensa local informaba ayer de la detención la noche anterior de un tercer clérigo protalibán, el maulana Azem Tarik, líder del partido extremista Sipah-e-Shabah Pakistán (SSP). El sábado, durante una protesta en Rawalpindi, Tarik pidió a los ciudadanos británicos que residen en Pakistán que se fueran del país.

Tarik ha sido puesto bajo arresto domiciliario por un mes en Jhang, su localidad natal en el Punjab. La comunidad shií de Pakistán acusa al SSP de animar la violencia intersectaria contra sus seguidores (entre un 10% y un 25% de la población, según las fuentes). En los últimos días, este partido había lanzado amenazas apenas veladas contra el Ejército por su apoyo a Occidente. Para SSP, los talibán han implantado un verdadero sistema islámico en Afganistán.

Horas antes, la policía había sometido a la misma medida al maulana Samiul Haq, jefe de una de las facciones de Jamiat Ulema Islam (JUI). Haq preside el Consejo para la Defensa de Afganistán, una alianza de 35 partidos religiosos protalibán que han prometido oponerse a los ataques estadounidenses. La policía asegura haberle detenido cuando trataba de organizar una reunión de ese Consejo.

Qazi Hussein Ahmed, líder de Jamaat e Islami, el partido islamista más importante de Pakistán, ha amenazado con sacar millones de personas a la calle si Estados Unidos no detiene sus bombardeos de Afganistán.