La Audiencia de Sevilla confirma el archivo del 'caso Aznalcóllar'
La Audiencia Provincial de Sevilla ha ratificado mediante un auto conocido ayer el archivo de la causa por el vertido tóxico que se produjo sobre el valle del Guadiamar en abril de 1998 tras la rotura de una balsa de las minas de Aznalcóllar (Sevilla). El auto confirma la decisión de la instructora del caso, Celia Belhadj-Ben, quien no había apreciado imprudencia grave ni en la actuación de Boliden, la empresa propietaria de la mina, ni en la de dos filiales de Dragados y Construcciones que redactaron y ejecutaron los proyectos de construcción y recrecimiento de la presa.
La decisión de la Audiencia cierra la vía penal, salvo recurso al Tribunal Constitucional, pero da el pistoletazo de salida al procedimiento civil para reclamar indemnizaciones, acciones que pueden iniciar tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central, así como Boliden. El vertido, que provocó una catástrofe ecológica al anegar 4.500 hectáreas en el entorno de Doñana con cinco millones de metros cúbicos de agua ácida y lodos tóxicos, requirió de intensos trabajos de limpieza, que costaron a ambas administraciones 20.000 millones. La Junta, además, destinó 10.000 millones a expropiar las fincas afectadas y otros 8.000 millones a restaurar el valle.
