Ashcroft defiende en el Senado sus métodos antiterroristas
Para John Ashcroft, fiscal general de EEUU, sólo quienes desconocen la situación y los hechos pueden criticar el comportamiento judicial del Gobierno de EEUU, sometido ayer a la lupa del Senado por medidas tan polémicas como la creación de tribunales militares o la aprobación de leyes antiterroristas tan duras como controvertidas. Ashcroft llegó a sacar de su maletín un libro que, según dijo, era un manual de terrorismo de Al Qaeda: 'Estamos en guerra y tenemos que defender a nuestros ciudadanos', aseguró el político ultraconservador.
El fiscal general utilizó un argumento rebuscado para defender su estrategia contra el terrorismo: quienes critican la dureza de las medidas judiciales que ha impulsado cambiarían de opinión si supieran lo que él sabe: 'Mi jornada comienza cada día con un informe que contiene las amenazas a este país y demuestra la maldad que existe en el mundo. Es una crónica diaria aterradora del odio que sienten algunos fanáticos hacia los estadounidenses. Quieren acabar con la libertad, corromper la educación y matar estadounidenses donde puedan y en cuanto puedan'.
Libertades individuales
Sentada esta premisa, comenzó la defensa de sus tácticas: 'Cada acción del Departamento de Justicia está diseñada para que afecte sólo a un grupo minúsculo de individuos: los terroristas'. Varios senadores demócratas, en línea con las organizaciones de defensa de los derechos civiles, son de otra opinión: consideran que la estrategia de Ashcroft reduce las libertades individuales de la mayoría de los ciudadanos.
Ashcroft reconoció que el país 'no tenía la protección necesaria' que requería antes del 11 de septiembre. 'Por eso no podemos actuar como si no hiciera falta cambiar nada', concluyó.
Tuvo el fiscal respuestas para todo y para todos. Se le preguntó por John Walker, el estadounidense capturado entre las filas talibanes: 'La Historia no es amable con aquellos que han abandonado su país para luchar contra su país', dijo Ashcroft.
También justificó las leyes que le permiten escuchar las conversaciones entre los detenidos y sus abogados. Y, bajo la presión de algunas preguntas, aseguró que en todos los casos se comunica al detenido y al abogado que su conversación está siendo grabada.
Finalmente, las cifras: hay 110 personas acusadas de delitos federales y otros 563 detenidos por violación de las leyes sobre inmigración. Al mismo tiempo, se han investigado 250 incidentes de acciones violentas contra árabes o musulmanes.
