_
_
_
_
_
Reportaje:

Una nueva ley en el ciberespacio

Los comercios virtuales creen que la norma de Birulés no resolverá sus problemas

Patricia Fernández de Lis

El director de un pequeño comercio virtual español reconocía el viernes que no se había preocupado de enterarse de cómo podía afectarle la ley de comercio electrónico que ese mismo día aprobaba el Gobierno. Las dos asociaciones españolas de comercio electrónico (AECE y Atiendes) coinciden en que le afectará muy poco y, probablemente, para mal: se imponen trabas y se prohíbe el envío de publicidad no solicitada, pero sólo a las 'web' españolas.El director de un pequeño comercio virtual español reconocía el viernes que no se había preocupado de enterarse de cómo podía afectarle la ley de comercio electrónico que ese mismo día aprobaba el Gobierno. Las dos asociaciones españolas de comercio electrónico (AECE y Atiendes) coinciden en que le afectará muy poco y, probablemente, para mal: se imponen trabas y se prohíbe el envío de publicidad no solicitada, pero sólo a las 'web' españolas.

Las asociaciones de 'tiendas.com' exigen a sus miembros, desde hace tiempo, los preceptos que incluye la ley
Más información
La oposición denuncia que la Ley de Internet es inconstitucional e intervencionista
El Defensor del Pueblo no recurrirá la Ley de Internet

El comercio electrónico español que, teóricamente, debería quedar regulado por esta nueva ley, parte de una situación de desventaja respecto al de otros países de la UE y, sobre todo, Estados Unidos. Según datos de la patronal tecnológica Sedisi, sólo el 14% de las empresas españolas realiza actividades de comercio electrónico, y nuestro país está muy por debajo de media de la UE en ventas por Internet al usuario final (véase el cuadro adjunto).

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes, supone, según la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, un 'marco objetivo estable' que debería garantizar 'la seguridad jurídica de aquellos que ofrecen servicios en la Red'. Pero la ley, dicen sus protagonistas, cambiará poco un sector autorregulado desde hace tiempo, y donde los infractores podrán seguir siéndolo, pero en otra parte.

Esta ley asienta las prácticas habituales de los comercios, bancos, entidades de certificación y otras compañías que negocian en y con Internet en España. La LSSI obliga a las compañías que venden por la Red a que incluyan en su página web todos los datos necesarios para que puedan ser identificadas, y las condiciones generales de la venta. Más del 95% del negocio en línea español está asociado a alguno de los dos organismos que hay en este sector, la AECE (Asociación Española de Comercio Electrónico) y Atiendes, donde se agrupan tiendas virtuales de venta al consumidor. Ambas asociaciones se autorregulan mediante sus propios códigos éticos, donde exigen a sus asociados, entre otras cosas, que ofrezcan esos datos mínimos a sus compradores, e incluso van más alla de la ley, con un servicio constante de atención al cliente, entre otras cuestiones.

'Nos parece bien que la ley introduzca estas exigencias mínimas, porque cubre un vacío legal y otorga confianza a los compradores', dice Eduardo Berrocal, presidente de DVDgo.com y de Atiendes. 'Cualquier medida que afiance la seguridad de comprar en Internet nos beneficia', confirma Fernando Pardo, presidente de Aece. La idea general es, en fin, que la ley no cambiará gran cosa, pero establece unos mínimos aceptados por todos (asociaciones de comercios, internautas y Administración).

Prohibidos los 'spam'

La división llega cuando se habla del envío de publicidad no solicitada, conocida popularmente como spam. En este punto, la ley es inflexible. En España está prohibido enviar correos electrónicos que no hayan sido solicitados previamente por los usuarios. El Gobierno trata así de evitar lo que ya le ocurre a la mayor parte de los internautas, que ven cómo sus buzones virtuales se convierten en enormes vertederos de anuncios que no le interesan, ofertas de diplomas universitarios al peso y pornografía de todo tipo.

Los comercios están radicalmente en contra de este artículo de la ley, por dos motivos. La primera teoría tiene que ver con que, según ellos, pagan justos por pecadores. 'Nosotros somos los primeros que pedimos que se persiga el spam', explica Pardo. 'Pero sí queremos ejercer una publicidad responsable, informando a nuestros clientes de las novedades y ofertas de nuestros comercios', continúa. Las tiendas virtuales explican que están sometidos a la Ley de Protección de Datos, como todas los demás empresas, y además sus códigos éticos las impiden compartir entre ellas las bases de datos de sus clientes.

El segundo motivo de queja hacia la prohibición del spam tiene que ver con la dificultad de hacer cumplir la ley. La LSSI pretende regular un espacio intangible, sin fronteras ni horarios, sin registros mercantiles ni impuestos. En Internet, cualquier persona puede montar un comercio sin necesidad de registrar una empresa, y todas las tiendas son accesibles desde cualquier lugar del mundo; de hecho, el 20% de los internautas españoles compra en páginas web extranjeras. Esto significa que Amazon o CDNow, tiendas en línea estadounidenses, pueden enviar cuantos correos les parezca conveniente, con sus ofertas y servicios, pero las empresas españolas no podrán hacerlo. Eso sin contar con que gran parte del spam se dedica a vender actividades ilícitas desde cualquier parte del mundo (como pornografía infantil). 'Los que generan el spam son incontrolables', concluye Berrocal. 'Hay un afán de hipercontrol hacia unas compañías frente a otras que descaradamente incumplen la ley', asegura.

Los comercios virtuales se quejan, en fin, de que esta ley sigue discriminándoles frente a las tiendas los reales, y consideran injusto que el esfuerzo regulatorio no se complete con ayudas como las que reciben pyme de otros sectores, con negociaciones para solventar las trabas burocráticas previas a la creación de un negocio en Internet, y con una ley supranacional que asiente las bases del comercio electrónico y elimine diferencias como las fiscales, que penalizan a las tiendas españolas frente a las estadounidenses (ellos no pagan el IVA). 'Nos gustaría que el afán regulatorio del Gobierno fuera similar al inversor. Queremos que nos apoye, no que nos ponga barreras', concluye Berrocal.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

Patricia Fernández de Lis
Es redactora jefa de 'Materia', la sección de Ciencia de EL PAÍS, de Tecnología y de Salud. Trabajó diez años como redactora de economía y tecnología en EL PAÍS antes de fundar el diario 'Público' y, en 2012, creó la web de noticias de ciencia 'Materia'. Los fines de semana colabora con RNE y escribe, cuando puede, de ciencia y tecnología.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_