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El ecónomo de Valladolid y un familiar de Antonio Maura pugnan por una herencia multimillonaria

El acto de conciliación se celebrará en abril

El Arzobispado de Valladolid y parte de los descendientes de Antonio Maura, presidente de dos Gobiernos de Alfonso XIII, y de Miguel Maura, ministro de Gobernación en la II República, se disputan los más de 18 millones de euros (unos 3.000 millones de pesetas), herencia que legó a la Iglesia en 1999 Carmen Gómez del Peral, viuda de un nieto de Antonio Maura. El ecónomo de la diócesis, Enrique Peralta, que ha tenido que comparecer ante la Audiencia Nacional y el Parlamento para explicar su polémica inversión en Gescartera, y José Antonio Cuesta Maura, sobrino de la fallecida, han sido citados por el juez a un acto de conciliación el próximo abril.

40 pisos, tierras, valiosos cuadros, joyas y acciones integran un patrimonio de 18 millones de euros
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Los 'efectos colaterales' del caso Gescartera se multiplican para el ecónomo. Algunos de los afectados en las 500 herencias que Enrique Peralta reconoce administrar han indagado sobre su gestión, a la sombra de la duda creada tras conocerse que salvó más de 1.100 millones de la fraudulenta sociedad de valores de Antonio Camacho. A los enfrentamientos de los vecinos y el ecónomo de Cisneros (Palencia) y las localidades vallisoletanas de Alaejos, Valdestillas y Vara del Rey se suma ahora la disputa por más de 3.000 millones legados por la viuda del político.

Cerca de 40 pisos en Madrid, Valladolid y la Costa del Sol, fincas, joyas, cuadros del XVII, manuscritos de gran valor histórico, acciones y dinero en efectivo constituyen el patrimonio donado a la Iglesia por Carmen Gómez del Peral mediante la fórmula de crear una Fundación Pía que reconoce al 'alma' de la difunta 'heredera única y universal'. Como gestores terrenales de tal herencia designó al Arzobispado de Valladolid, que se compormetía a cambio a sufragar misas póstumas en su memoria y ejercer la caridad.

La decisión de la anciana se produjo en los últimos años de su vida -murió a los 92 años-, en pleno proceso de declaración de incapacidad por parte de sus familiares. Uno de ellos, que ha renunciado a pleitear por la herencia, asegura que la mujer padecía demencia senil, y que, pese a su fortuna, escatimaba con la comida y el servicio. Obsesionada por la salvación eterna, y sin frecuentar más compañía que la de su hermana y la del párroco de la iglesia de Santiago, la mujer legó la administración de su patrimonio al Arzobispado a través de una Fundación Pía, la fórmula habitual en la Igesia para gestionar las herencias.

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Nadie ajeno al Arzobispado sabe a que dedica el dinero esta fundación, puesto que, a diferencia de cualquier fundación civil, las fundaciones pías son ajenas al control exterior, siquiera el tributario. Lo que sí consta a los familiares es que, al poco de morir la anciana, el Arzobispado vendió parte de los inmuebles, una operación también convertida en objeto de litigio.

El Arzobispado se movilizó con una batería de juristas cuando se encontró un testamento hológrafo en el que nombraba heredera a su hermana si ella moría 'en accidente'. Presentándose por sorpresa en actos a los que no habían sido convocados -siempre según la versión del familiar que ha renunciado a la herencia-, los representantes del ecónomo consiguieron demostrar que no procedía el cambio de titularidad de la herencia.

Pero existe otro pariente, José Antonio Cuesta Maura, que habla de otro testamento hológrafo que le designaría único beneficiario. En el Arzobispado creen que se trata de un 'truco' y que el pariente 'no tiene nada que hacer'.

'Muchas ancianas legan sus bienes a la Iglesia, y es muy comprensible. Están solas, solo se preocupan por ellas los sacerdotes de la parroquia y además quieren asegurarse de que alguien rezará por la salvación de sus almas. ¿Quien mejor que la Iglesia?', comenta uno de los abogados del ecónomo.

No todos lo ven así. En Alaejos, localidad vallisoletana de 1.700 habitantes con dos iglesias del XVI y XVII, los ánimos están tan alterados que no descartan llevar el caso a los tribunales. Está en discusión la gestión de los 300 millones que una vecina, Teresa Villanueva, fallecida en 1969, dejó en herencia a los tres centros religiosos de Alaejos, los dos templos y una ermita, mediante tres locales comerciales en Madrid.

El Arzobispado se vio obligado a explicar que gastaba 20.000 pesetas mensuales de la herencia en el alquiler de la casa del párroco y 15.000 en sufragios por el alma de la difunta. Los vecinos no quedaron satisfechos. Tras reunir 1.604 firmas, el Arzobispado amplió sus explicaciones: 'Se constituyó una Fundación Pía (...), transcurridos 20 años se decide la venta de dos inmuebles. Esta operación produjo un beneficio de 42 millones (...) Así se han podido celebrar 60 misas anuales por doña María Teresa y esposo y tender necesidades (...) por 1.250.000 pesetas'. Tampoco estas cuentas cuadraron para los vecinos, que prefieren destinar la herencia íntegra a conservar sus deteriorados templos. El pasado día 2, 400 vecinos se manifestaron ante el Arzobispado al grito de 'ecónomo, ladrón, pide confesión'.

Tampoco están conformes en Valdestillas, donde un legado del siglo XIX dejó al párroco el usufructo de una finca próxima a la plaza del pueblo. En abril de 2001 se supo que el solar había sido vendido. Durante una limpieza apareció un segundo testamento, con fecha de 1868, en el que la herencia va a parar a los familiares, que han renunciado en favor del pueblo. La Iglesia no cede. Félix Esteban, uno de los miembros de la junta parroquial, afirma que están dispuestos a reclamar esa herencia en los tribunales si es preciso.

En otra localidad vallisoletana, Vara del Rey, se preguntan también qué sucede con la herencia de unos locales en un edificio del siglo XIX, cuyas rentas deben ir a parar a las iglesias del pueblo... Los vecinos de la parroquia de Nuestra Señora del Milagro de Valdestillas han remitido una carta al Arzobispado en la que le preguntan: '¿Merece la pena tener fe hoy día, cuando vemos que todo es material?'.

¿De quién son las ermitas?

¿De quién son las ermitas? ¿Del pueblo o de la Iglesia? En esta batalla están los vecinos de Vara de Rey y Alaejos, localidades vallisoletanas distantes 10 kilómetros entre sí. En esta última, el Ayuntamiento está dispuesto a pleitear contra el arzobispado por la parcela, de 1.550 metros cuadrados, donde se ubica la ermita de Santa María. 'De toda la vida siempre se ha considerado que la ermita es propiedad del pueblo y no de la Iglesia. Sin embargo, en 1982 el arzobispado inscribió la finca a su nombre, acogiéndose a la Ley Hipotecaria', dice la alcaldesa, Carmen Aguado. En el catastro la ermita figura en 1952 a nombre del municipio. Después la Iglesia se acogió a la Ley Hipotecaria, cuyo artículo 206 permite al Estado, provincias, corporaciones de derecho público y a la Iglesia católica, 'cuando carecen de escritura de propiedad, registrar a su nombre los inmuebles de carácter público y otros' siempre que no perjudiquen a terceros. 'Como muchos bienes de la Iglesia carecían de escritura de propiedad, registraron todo lo que pensaban que era suyo', explica Juan Antonio García Calvo, miembro de la Diputación de Valladolid y alcalde de Vara de Rey. La cuestión también está abierta en este pueblo, puesto que la Iglesia ha inscrito a su nombre la ermita de la Concepción, situada igualmente en suelo municipal. Por el momento, en Vara del Rey han renunciado a pleitear, en espera de encontrar solución por otras vías.

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