El PSOE pide prisión y la suspensión de la condición de diputados de Tamayo y Sáez

El PSOE cumplió ayer su anuncio de querellarse contra quienes han participado "en el golpe de estado inmobiliario" de la Comunidad de Madrid, incurriendo en un presunto delito de cohecho continuado. Los socialistas presentaron en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid una querella contra sus dos diputados fugados, Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, para los que piden, como medida cautelar, prisión y suspensión de la condición de diputados electos. La querella se extiende al jefe de filas de los anteriores, José Luis Balbás, a los empresarios Francisco Bravo y Francisco Vázquez y al secretario general del PP, Ricardo Romero de Tejada. El querellante, el PSOE, alude al artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para afirmar que, aunque no existe la necesidad de calificar los hechos objeto de la querella, éstos pudieran "indiciariamente ser constitutivos de un delito continuado de cohecho, previsto y penado en varios artículos del Código Penal.

El PSOE quiere evitar que los disidentes impidan, con su voto o ausencia, la elección de Simancas

Los querellantes creen que los dos diputados fugados pueden "destruir pruebas necesarias"

Los socialistas se querellan contra los desertores, Balbás, el secretario regional del PP y dos constructores

La querella fue presentada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y divulgada posteriormente por dos miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE, encargados de los aspectos jurídicos de este asunto: Juan Fernando López Aguilar, responsable de Libertades y Autonomías, y Diego López Garrido. Ambos, además, son catedráticos de Derecho Constitucional.

Hasta el último momento los penalistas que han elaborado la querella han mantenido alguna duda respecto a quiénes debían ser objeto de la querella. Las informaciones que han reunido les han hecho llevar al juzgado a todos los personajes que han irrumpido hasta ahora en escena.

En primer lugar, los dos diputados electos, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, para quienes piden la aplicación de medidas cautelares que no solicitan para los otros cuatro. "Dada la pena grave superior a tres años de prisión prevista para el delito continuado que se imputa en esta querella (cohecho), y el desconocido paradero de los querellados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, y, por añadidura, su facilidad para destruir pruebas necesarias a la investigación de la causa, esta representación solicita que tras los trámites urgentes se acuerde la prisión provisional de ambos querellados". Después se pide el pago de una fianza, prestada de forma solidaria por ambos, de un millón de euros.

La parte más novedosa, desde el punto de vista jurídico, la marca la tercera medida cautelar, en la que se pide la suspensión provisional de la condición de diputados electos de Tamayo y Sáez y mandamiento judicial a la Junta Electoral y a la presidenta de la Asamblea de Madrid para que se integren en la lista de candidatos electos del PSOE los dos siguientes al último elegido. Esta medida persigue que Tamayo y Sáez "no continúen con la actividad delictiva, consistente en impedir con su voto o ausencia que el primer candidato de la lista electoral del PSOE sea elegido presidente de la Comunidad de Madrid". López Aguilar y López Garrido piden al tribunal que "evite que continúe el delito" que ya comenzó con su ausencia cuando se votó la presidencia de la Cámara.