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CRISIS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Anticorrupción vuelve a proponer a Cardenal investigar la trama de Madrid

La Fiscalía se apoya en el auto del Tribunal Superior de Justicia y en el voto favorable de un magistrado

La Fiscalía Anticorrupción resolvió ayer proponer al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, el inicio de diligencias de investigación en la presunta trama político-inmobiliaria de la Comunidad de Madrid. La propuesta fue adoptada después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) enviara a Anticorrupción el auto de inadmisión a trámite de la querella del PSOE contra dos diputados tránsfugas, el secretario regional del PP y otros tres afiliados del PP, dos constructores y un abogado. Cardenal mantenía bloqueada la investigación de Anticorrupción con el argumento de que había una querella en trámite.

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El TSJM formalizó ayer su posición, adoptada el pasado miércoles, contra la admisión a trámite de la querella presentada por los socialistas. El PSOE había dirigido la acción penal por un presunto delito de cohecho contra los diputados autonómicos socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, en presunta conexión con los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez, una red en la que se ha incluido al dirigente de la Federación Socialista Madrileña (FSM) José Luis Balbás y al secretario regional del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada.

Tres magistrados -el presidente, Javier María Casas; Emilio Fernández de Castro y José María Suárez Robledano- votaron a favor de desestimar la querella, y un cuarto magistrado -el ponente Antonio Pedreira- se pronunció a favor, razón por la que presentó un voto particular.

El auto es duro. Según estiman los magistrados, la querella, al describir los hechos, "no menciona, con palmaria omisión, la existencia de dádiva o promesa propia del delito de cohecho, que da lugar a su presentación", que habrían recibido los diputados autonómicos. Según señala el auto, la descripción de los hechos "no admite en este momento tan siquiera la simple conceptuación de sospecha fundada, no superando la etapa o fase de conjeturas o hipótesis inválidas para imponer la carga del proceso penal a los querellados al no referirse aquellos a la existencia de hechos conceptuados como delito alguno".

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Los magistrados son meridianamente claros: "No se refiere la existencia de premio económico, recompensa, interés económico recibido o por recibir, dejándose a la imaginación del lector del escrito de querella y de su posterior ampliación la posible existencia de la corrupción objeto del bien jurídico protegido por el tipo del cohecho, por lo que ni aun se deja caer tal posibilidad, no mentándose en la acción penal ejercida". El auto parece creer, según se deja constancia, que las manifestaciones de los dos diputados respecto a su conducta constituyen "una justificación no del todo irrelevante".

El auto sugiere que "en el futuro, de aparecer datos o indicios consistentes, se inicie la investigación criminal o que, de deducirse de la investigación propia que pueda efectuar la Fiscalía Anticorrupción, se abra el proceso penal en su fase inicial o de investigación criminal, no produciéndose un cierre definitivo con esta resolución". El TSJM envió ayer copia de las actuaciones a Anticorrupción.

Ayer, el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y el fiscal encargado del caso, Luis Rueda, acordaron no presentar recurso de súplica ante el TSJM y proponer la apertura de una investigación a partir del material que le fue remitido por la Fiscalía de Madrid a comienzos de esta semana. El propio auto del TSJM recuerda que podría abrirse proceso penal tras la "investigación propia que pueda efectuar la Fiscalía Anticorrupción".

Las fuentes señalaron que Villarejo enviará hoy un escrito a Cardenal en el que propondrá una serie de diligencias inmediatas sobre la trama político-inmobiliaria. Es la segunda vez en casi 20 días que Jiménez Villarejo propone investigar, cosa que Cardenal había paralizado hasta el momento.

Carlos Jiménez Villarejo, jefe de la Fiscalía Anticorrupción.
Carlos Jiménez Villarejo, jefe de la Fiscalía Anticorrupción.GORKA LEJARCEGI

El "límite lógico" de las casualidades

El PSOE vio apoyada ayer su posición por el magistrado ponente en la querella, Antonio Pedreira. "De los hechos narrados", sostiene en su voto particular Pedreira, "en una ponderación inicial se deduce un carácter o apariencia delictiva, sin perjuicio de la mayor o menor fortuna en su calificación jurídica".

Pedreira señala que "el cúmulo de casualidades [visitas en Génova 13, llamadas telefónicas y otras] tiene un límite lógico. Al margen de su hipotética e insólita repetición, se han producido acontecimientos y hechos relevantes, desde una perspectiva jurídico punitiva, que deben ser imperativamente investigados. No se trata de exigir una certeza absoluta en el momento inicial del procedimiento, sino una posibilidad razonable". El magistrado señala que la querella "cuanto menos debe ser admitida a trámite y tomar declaración a los aforados, con el objeto de dilucidar si ha existido una motivación económica en tales hechos o, por el contrario, se trata de un hipotético e improbable cúmulo de casualidades. De cualquier forma, no deja de estar presente el elemento de sospecha razonable, lo que debiera determinar, a mi juicio, la admisión a trámite de la querella".

Nada más ser notificado el auto desestimatorio, el PSOE presentó un escrito de denuncia en la Fiscalía Anticorrupción en el que reproduce los hechos de la querella.

Pero sostiene algo más. Según el abogado José Manuel Gómez Benítez, la orden del fiscal general del Estado a Anticorrupción, el pasado 27 de junio, por la cual dicha fiscalía no debía realizar diligencias, es ilegal ya que podría incurrir en un delito de omisión en la persecución de una conducta delictiva.

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