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Reportaje:

Los 46 de Garzón

La impunidad por las atrocidades cometidas durante la dictadura militar ya no se puede dar por descontada. La decisión del presidente Néstor Kirchner de derogar el decreto que impedía la extradición de genocidas y torturadores durante aquella época siniestra de la historia de Argentina abre camino a que éstos sean entregados a otros países, como España, y quién sabe si juzgados en su tierra. Las propias leyes de punto final y obediencia debida se están empezando ya a cuestionar, y no sería descabellado que pudieran abolirse.

El jueves 24 de julio, la delegación de Interpol en Buenos Aires hizo llegar al juez federal de turno, Rodolfo Canicoba Corral, la orden de arresto preventivo de 45 militares y un civil acusados de graves violaciones de los derechos humanos durante la dictadura que Argentina padeció entre 1976 y 1983.

Aunque algunos tienen más de 70 años, siguen procesados por robo de niños nacidos en cautiverio, única causa no amparada por la Ley de Punto Final
Carlos Suárez Mason, 'Pajarito', general de división, dijo que la dictadura debía haber "legalizado" la tortura a los secuestrados "para cubrir algunos excesos
Un testigo: "El general Luciano Benjamín Menéndez decidió que si se producía un atentado terrorista y mataban a Videla, todos íbamos a ser ejecutados"
El general Antonio Bussi, sin pronunciar arenga alguna, da la orden de disparar realizando él mismo el primer tiro en la nuca de un detenido elegido al azar
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La orden estaba emitida por el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, y reiteraba el reclamo de 1999, demorado en la Cancillería argentina hasta que finalmente el ex presidente Fernando de la Rúa firmó, en diciembre de 2001, un decreto basado en el "principio de territorialidad" que permitía al juez realizar los arrestos, pero ordenaba el rechazo automático de las extradiciones. El actual jefe de Estado, Néstor Kirchner, derogó ese decreto y abrió la vía judicial para que se pueda iniciar el trámite y se revise la demanda "caso por caso".

El auto de detención incluye a los máximos responsables del terrorismo de Estado durante la dictadura militar, entre otros, del ex general Jorge Videla, el ex almirante Emilio Massera, el comandante del primer cuerpo de Ejército Carlos Guillermo Suárez Mason, el general Antonio Bussi y el almirante Armando Lambruschini. Algunos de ellos, mayores de 70 años, se encuentran en prisión domiciliaria preventiva mientras se les siguen procesos por robo de niños nacidos en cautiverio, la única causa que no prescribe ni fue amparada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Otros, como el ex capitán de navío Alfredo Astiz; Bussi, que acababa de ser elegido alcalde de la capital en la provincia de Tucumán, y el ex general Luciano Benjamín Menéndez, están ahora detenidos en unidades militares.

Los reclamados por Garzón para ser juzgados en España son los siguientes, en el orden en que se les relaciona en la petición del juez.

1 JORGE RAFAEL VIDELA El dictador

Nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, el 2 de agosto de 1925. Como comandante en jefe del Ejército de Tierra encabezó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Fue presidente de la primera Junta Militar hasta el 29 de marzo de 1981. En diciembre de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal lo condenó a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, como autor responsable de 66 homicidios, 306 privaciones ilegales de la libertad, 93 tormentos y 26 robos. Un año más tarde, la sentencia fue confirmada por la Corte Suprema. Estuvo detenido entre 1985 y 1990 en un penal militar. El ex presidente Carlos Menem le concedió el indulto de la pena mediante decreto de 30 de diciembre de 1990. Fue imputado también en Italia por delitos cometidos en Argentina contra ciudadanos italianos. Se le acusa del secuestro y la desaparición de ciudadanos alemanes en Argentina. El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, reclama su detención y extradición desde 1997 para someterlo a proceso por delitos de terrorismo y genocidio. Permanece bajo arresto preventivo en su domicilio desde el 9 de junio de 1998, cuando le detuvieron nuevamente y le imputaron por el delito de secuestro de niños nacidos en cautiverio. Sigue procesado en Argentina.

2 EMILIO EDUARDO MASSERA El 'Comandante Cero

'Comandante en jefe de la Armada, miembro de la primera Junta militar entre el 24 de marzo de 1976 y el 16 de septiembre de 1978. En 1985, un tribunal civil le condenó a la pena de prisión perpetua por tres homicidios agravados con alevosía, 69 prisiones legales de la libertad, 12 tormentos y siete robos. Fue encarcelado en un penal militar entre 1985 y 1990 y beneficiado en diciembre de ese mismo año con el decreto de indulto dictado por el ex presidente Menem. Imputado en España y también en Italia por crímenes cometidos contra ciudadanos italianos durante la dictadura

El juez Baltasar Garzón le considera responsable del secuestro de 303 personas, de la privación ilegítima de la libertad y de torturas de 303 personas, la desaparición forzosa de 212 personas y la apropiación de 13 menores niños nacidos en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). El auto de procesamiento observa: "Massera impulsa la formación integradora del Grupo de Tareas de la ESMA y pronuncia la conferencia inaugural a los oficiales exhortándoles a "responder al enemigo con la máxima violencia, sin reparar en medios". Massera participa en algunos de los primeros operativos -acciones de eliminación, requisas, apoderamiento de bienes y/o secuestro de personas- con los apodos de Negro o Cero.

3 OMAR GRAFFIGNA

Brigadier general. Entre el 25 de enero de 1979 y el 17 de diciembre de 1981 formó parte de la Segunda Junta Militar. En 1985, el tribunal le absolvió de los delitos que le imputaba el fiscal Julio Strassera: homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad; tormentos, reducción a servidumbre, encubrimiento, usurpación y falsedad ideológica. Fue acusado también en Italia por delitos cometidos contra ciudadanos italianos.

Sin condena

Almirante. Miembro de la Segunda Junta Militar como comandante en jefe de la Armada. En el juicio de 1985 le condenaron a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua por los delitos de privación ilegal de la libertad, calificado por violencia y amenazas, reiterado en 35 oportunidades; en concurso real con tormentos, reiterados en 10 oportunidades. El indulto que le concedió el ex presidente Menem le liberó en diciembre de 1990. Fue imputado también en Italia por delitos cometidos contra ciudadanos italianos durante la dictadura.

4 ARMANDO LAMBRUSCHINI

En el auto de procesamiento de Garzón se dice: "La coordinación represiva entre la Armada, el Ejército y la Aeronáutica se hace extensiva a esta espantosa forma de exterminio. Como se detalla con toda precisión en la causa, los vehículos pertenecientes a la Armada se trasladan con los prisioneros al aeropuerto desde la ESMA, distante a pocos kilómetros del mismo. En dicho Aeroparque, miembros de la Fuerza Aérea, que lo tienen a su cargo, ensombrecen una zona de las pistas. Los secuestrados son subidos a los aviones del Ejército y una vez en el aire son posteriormente arrojados al mar, por personal de la Armada, algunas veces narcotizados y otras plenamente conscientes".

Ocho años de prisión

Contralmirante. Integró la Tercera Junta Militar de la dictadura entre el 15 de septiembre de 1981 y el 18 de junio de 1982. Fue reconocido como pasajero de un avión naval que transportaba ciudadanos secuestrados. El fiscal del juicio le acusó en 1985 de 236 casos de secuestros, tortura y encubrimiento. También de usurpación, reducción a servidumbre y falsedad ideológica. La Cámara Federal le absolvió.

5 JORGE ISAAC ANAYA Absuelto

Brigadier, comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Ocupó un sitio en la Tercera Junta Militar, cuatro días después de la derrota de las tropas argentinas en la guerra por la soberanía de las islas Malvinas. En 1985, el tribunal le absolvió de los cargos que le imputaba el fiscal: 239 delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y encubrimiento, además de falsedad ideológica reiterada y reducción a la servidumbre.

6 BASILIO LAMI DOZO

General de división del Ejército de Tierra, comandante de la zona donde funcionaron los campos de concentración conocidos como El Vesubio; El Banco; Regimiento de Patricios, en el barrio de Palermo de Buenos Aires, y la Unidad 9 de La Plata, entre otros. No le alcanzó el beneficio de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El general se adhirió a la secta Moon y se comprobó que era miembro de la logia italiana Propaganda dos, que lideraba Licio Gelli. Cuando comenzaron los juicios a los comandantes de la dictadura se marchó del país, luego de hacer una breve declaración: "No quiero ser el pato de la boda". Pajarito Suárez Mason fue avistado luego en Bolivia, Paraguay, Miami y Madrid. En 1987, el tribunal civil ordenó su prisión preventiva por hallarlo penalmente responsable de 43 asesinatos y 24 secuestros. También ordenó trabar embargo sobre sus bienes. Le detuvieron en San Francisco (Estados Unidos). Le extraditaron en 1988 y finalmente fue liberado, luego de que Menem decretara el indulto.

Derrotado en Malvinas

El pasado junio, en un juicio oral y público, Suárez Mason fue condenado a tres años y medio de prisión por violación de la Ley Antidiscriminatoria y apología del delito. Suárez Mason dijo que la dictadura militar debió haber "legalizado" la tortura a los ciudadanos secuestrados "para cubrir algunos excesos, como hacen los judíos, que dan unas palizas de muerte", en una entrevista que publicó el semanario argentino Noticias en octubre de 1996. El ex general, sujeto a una prisión preventiva en su domicilio por ser mayor de 70 años, sigue bajo proceso, acusado de participar en el robo de niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto con sus padres entre 1976 y 1983. A Suárez Mason se le imputa también en otro expediente por su responsabilidad en el asesinato de un grupo de dirigentes de los Montoneros, la guerrilla peronista, que intentaba reingresar clandestinamente al país en 1979.

7 CARLOS GUILLERMO SUÁREZ MASON 'Pajarito'

Le temían hasta sus pares y subordinados. Se sentía Dios en su territorio. General del Ejército de Tierra. Segundo comandante del I Cuerpo de Ejército a cargo de la Subzona Capital Federal desde febrero de 1976 a diciembre de 1976. En las siete áreas de la subzona desaparecieron más de 1.753 personas. Los secuestros y desapariciones comenzaron el mismo día del golpe militar. A cargo de la Secretaría General del Comando en Jefe del Ejército de Tierra, fue responsable del Plan Nueva República, entregado a Videla en 1977. No le ampararon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pero le incluyeron en el decreto de indulto del 7 de octubre de 1989 firmado por el ex presidente Carlos Menem.

8 JORGE OLIVERA ROVERE 'Dios'

"Es preferible asesinar a un inocente antes de que se escape un subversivo", gritaba en las arengas a los soldados y oficiales a su mando. General del Ejército de Tierra. Nació en la provincia argentina de Entre Ríos, al noreste de Buenos Aires, el 17 de enero de 1926. Pertenecía al arma de Infantería. En septiembre de 1975 le designaron jefe de la Subzona 11. Entre diciembre de 1975 y diciembre de 1977 tuvo a cargo la Subzona 32, con jurisdicción en Tucumán, al norte del país. Fue responsable de todos los centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia y del control operativo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Entre abril de 1976 y diciembre de 1977 ocupó también el cargo de gobernador militar de Tucumán. Desde diciembre de 1977 hasta enero de 1979 fue jefe de la Zona 4. Desde febrero de 1980 fue comandante del III Cuerpo de Ejército, y, como tal, jefe de la Zona 3, por lo que fue el máximo responsable de los secuestros, asesinatos, robo de menores nacidos en cautiverio y demás delitos cometidos en 10 provincias.

9 ANTONIO DOMINGO BUSSI 'El Asesino'

Participó en el caso de la joven ciudadana española Ana Cristina Corral. "Es secuestrada el día 8 de junio de 1976, en su casa de San Miguel de Tucumán, por personal del Ejército. Tenía 16 años de edad y era estudiante de secundaria. En el centro clandestino de la Jefatura de Policía de Tucumán es interrogada y torturada al menos hasta agosto de 1976. La trasladan al campo de concentración Arsenal Miguel de Azcuénaga, dependiente del Ejército; la torturan hasta que Bussi, personalmente, la fusila (...). El general Bussi llega de noche a El Arsenal, cuando se van a fusilar prisioneros -operación que se realiza cada 15 días-, aproximadamente. Se ata a los detenidos con cable, se les venda los ojos y se les pone de rodillas al borde de un pozo previamente excavado. Cinco o seis metros atrás de los detenidos, los gendarmes vigilan. Antonio Domingo Bussi viste uniforme de campaña y con el casco debajo del brazo. (...) y sin pronunciar arenga alguna, da la orden de disparar realizando él mismo el primer tiro en la nuca de un detenido elegido al azar".

Bussi, que acaba de ser elegido alcalde de la capital de la provincia de Tucumán, tiene fondos depositados en Suiza. No logró ampararse en la Ley de Obediencia Debida, pero la Ley de Punto Final le liberó finalmente del proceso que se le seguía el 23 de junio de 1988.

10 RAMÓN GENARO DÍAZ BESSONE El cerebro gris

General del Ejército de Tierra. Nació en Mendoza el 27 de octubre de 1925. Ingresó en el Ejército en 1943. Pertenecía al arma de Artillería. Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército y responsable de secuestros, torturas y asesinatos en los campos de concentración desde septiembre de 1975 hasta octubre de 1976 en la llamada Zona 2, con jurisdicción en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe. La Ley de Punto Final le amparó en algunos procesos, pero fue imputado por otros delitos ante los tribunales de Paraná y Rosario hasta que el ex presidente Carlos Menem le incluyó en el decreto de indulto del 7 de octubre de 1989. Fue uno de los ideólogos de la represión ilegal.

11 JUAN CARLOS TRIMARCO 'La Sombra'

General del Ejército de Tierra. Nació en Buenos Aires el 27 de marzo de 1925. Ingresó en el Ejército en 1944. Pertenecía al arma de Caballería. Fue jefe de la Subzona 22. Desde diciembre de 1980, comandante del Segundo Cuerpo de Ejército y jefe de la Zona 2, y, desde julio de 1982, comandante del Primer Cuerpo de Ejército y máximo responsable de la Zona 1. Le benefició la Ley de Punto Final en algunos procesos. Menem le indultó en octubre de 1989.

12 LUCIANO BENJAMÍN MENÉNDEZ 'El Criminal'

General de División del Ejército. Como comandante del III Cuerpo de Ejército, desde septiembre de 1975 hasta septiembre de 1979, fue jefe de la Zona 3. Visitaba los campos de concentración, especialmente el de La Perla, en Córdoba, por donde se estima que pasaron más de 2.200 ciudadanos secuestrados. Menéndez presenciaba sesiones de torturas y fusilamientos. Con cargos por más de 800 secuestros, torturas y homicidios, la Ley de Punto Final le liberó, en junio de 1988, de la mayoría de los procesos. Menem le indultó. Un testimonio recogido por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas dice: "En junio de 1977 fui trasladado como rehén desde la Unidad 9 de La Plata a Córdoba, junto con otras 23 personas. Nos llevaron a La Perla, donde un oficial nos comunicó un mensaje personal del general Menéndez. Este oficial nos dijo que La Hiena (así gustaba Menéndez que le llamaran) había decidido que si durante el viaje que el presidente Videla haría al norte sucedía algún atentado terrorista, seríamos nosotros quienes pagaríamos culpas ajenas. (...) Si mataban a Videla, nos dijeron que todos nosotros íbamos a ser ejecutados".

13 LUCIANO ADOLFO JÁUREGUI Indultado

Indultado. General del Ejército de Tierra. Nació en la provincia de La Pampa el 31 de mayo de 1926. Jefe de la Subzona 21 en diciembre de 1977. Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, jefe de la Zona 2 desde febrero de 1979 hasta diciembre de 1980. Beneficiado por la Ley de Punto Final, indultado por Menem en octubre de 1989.

El segundo capítulo, de un total de tres, de Los 46 de Garzón se publicará mañana lunes.

Los almirantes Anaya (con gafas) y Lambruschini (a la derecha), tras declarar el pasado día 25 en un tribunal.

General Jorge Rafael Videla.

Un grupo de las Madres de Mayo se manifiesta en repulsa del golpe militar de Videla al cumplirse el 26º aniversario en marzo de 2002.
Los almirantes Anaya (con gafas) y Lambruschini (a la derecha), tras declarar el pasado día 25 en un tribunal. General Jorge Rafael Videla. Un grupo de las Madres de Mayo se manifiesta en repulsa del golpe militar de Videla al cumplirse el 26º aniversario en marzo de 2002.AFP

Los pasos a seguir

BALTASAR GARZÓN dispone de 40 días, 30 de plazo y 10 de prórroga, desde el momento en que reciba el informe de su par argentino sobre la situación legal en que se encuentran los imputados en el auto de detención, para reenviar a Buenos Aires el pedido formal de extradición en el que se describen los hechos, los delitos cometidos, los antecedentes, los testimonios recogidos y las acusaciones que corresponden a cada uno. Esa documentación será revisada luego nuevamente por los jueces federales argentinos y resuelta "caso por caso".

Mientras tanto, el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral puede considerar los recursos presentados por los abogados de la defensa y ordenar la excarcelación si estima que no hay "riesgo de fuga" de los implicados. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Argentina exigen que se les mantenga en prisión preventiva. El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, secuestrado y torturado durante la dictadura militar, dijo que no debían ser liberados "porque han cometido delitos de lesa humanidad".

La lista enviada por Garzón en 1999 se redujo a 45 militares y un civil por las muertes del ex general Leopoldo Galtieri y del capitán de corbeta Francis William Whamond. Otros dos de esos 45 murieron en los últimos meses, Jorge Alberto Maradona y Mario Arturo Cafarena Sese. Otros dos eran ya "prófugos" en causas anteriores, el ex capitán de fragata Jorge Raúl Vildoza Ostuni y el ex coronel Arturo Félix González Naya, y a ellos podría agregarse ahora Antonio Arrechea Andrade. El ex suboficial de la prefectura naval Juan Antonio Azic, acusado de ser uno de los torturadores más sanguinarios del campo de concentración que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada, sobrevive en la sala de cuidados intensivos del hospital Naval, donde ingresó el viernes después de dispararse con una pistola debajo de la boca. Azic dejó una carta dirigida al juez en la que le dice: "Tiene un problema menos, dígale a la Policía Federal que no me busque más".

Los diputados van a debatir en el Congreso la nulidad de las Leyes exculpatorias de Obediencia Debida y Punto Final dictadas entre 1986 y 1987. Las llamadas leyes de impunidad que liberaron de proceso a más de 1.100 oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas y de seguridad ya habían sido derogadas en 1999, pero sus efectos de amparo se mantenían hacia el pasado. En caso de ser anuladas, los acusados no podrán acogerse al beneficio de la ley más benigna y podrán ser juzgados nuevamente en el país. La Corte Suprema de Justicia debe decidir también sobre una petición de inconstitucionalidad de las leyes, después de que el juez federal Gabriel Cavallo las declarara nulas en un proceso que se sigue en su tribunal.

De todos modos, el Ejecutivo argentino puede en última instancia negar la extradición aun cuando el juez la conceda. El presidente Néstor Kirchner, el ministro de Justicia y los legisladores ya se han manifestado mayoritariamente a favor de que los militares sean juzgados en el país.

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