"Quiero un eje franco-alemán integrador"

Pedro Solbes, comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE y guardián del Pacto de Estabilidad, ha visto esta semana cómo se tambalea esa estructura clave para la credibilidad de la Unión. Alemania, gran mentor del Pacto de 1997, y Francia han eludido el castigo por exceder tres años consecutivos el 3% del déficit público. Solbes, promotor de las sanciones, lamenta la indulgencia de los ministros de Finanzas de la Unión con París y Berlín, decisión que ha abierto una brecha de imprevisibles consecuencias al anteponer el juicio político al jurídico.

La Comisión siente que ahora no puede aplicar a otros países la medicina que se negaron a recibir franceses y alemanes. Solbes reconoce que el entendimiento franco-alemán fue crucial para la construcción europea, pero, pese a la crisis suscitada por la nueva alianza, expresa su deseo de "ver un eje franco-alemán activo en favor de la integración y no defensivo".

"No propondremos aplicar a unos países lo que no se ha aplicado ahora"

"Me preocupan los procedimientos que hacen más fácil incumplir objetivos"

"Si somos menos eficientes que EE UU, tendremos que competir con los salarios"

Solbes parece muy relajado en su despacho, pese a calificar de gravísima la nueva situación. El comisario ve difícil cambiar el Pacto, como han pedido algunas voces, y considera irrenunciable la disciplina fiscal, clave para la recuperación económica. Cambiarlo para facilitar el incumplimento de los objetivos sería un error, dice.

Pregunta. ¿El Pacto está muerto, suspendido o congelado?

Respuesta. Se ha cambiado la naturaleza del Pacto, se ha pasado de un pacto basado en las reglas, claro y preciso, a un pacto dependiente de una decisión política caso por caso, o sea, a un pacto mucho menos previsible con el riesgo que éste tiene. No sólo afecta a la predictibilidad, sino sobre todo al trato igual entre todos.

P. La del martes debió ser una noche dramática.

R. Una noche que me recordó a otra, de finales de junio del 1993, en la que ampliamos las bandas del sistema monetario europeo. En el fondo era un problema de naturaleza distinta, pero había igualmente una dificultad en solucionarlo a partir de los procedimientos vigentes, que no eran aceptados por algunos países. Eso suponía y supone una innovación de las normas que están escritas y plantea una situación gravísima, como veremos en los próximos meses, en términos de contradicción entre lo decidido jurídicamente y lo decidido políticamente.

P. ¿Qué va a pasar en los próximos meses?

R. Desde nuestro punto de vista, la anterior recomendación sigue en vigor, no se puede modificar una decisión formal del Consejo aunque éste haya pretendido hacerlo el otro día. Por lo tanto, hay una obligación jurídica para Francia y Alemania de quedarse por debajo del 3% en 2004. Pero no tiene el menor sentido desde el punto de vista económico. Eso conlleva muchos problemas. Tendremos que analizar los programas de estabilidad en todos los países. Pero, ¿qué doctrina aplicamos: lo legalmente aceptado por los países miembros o lo políticamente decidido por algunos de ellos?

P. ¿Hay ilegalidad en esta decisión del Consejo?

R. Espero el informe jurídico para poder hablar con más precisión. Visto desde fuera, y por alguien que no se dedica al Derecho, da la impresión de que cuando hay un procedimiento claramente establecido para llegar a un resultado, el aceptar el resultado sin aceptar el procedimiento es un fraude de ley. Pero antes de llegar al Tribunal de Justicia hay que estudiar el caso muy atentamente.

P. ¿Existe en la Comisión el ambiente político para acudir al Tribunal si el estudio jurídico deja abierta la posibilidad?

R. Creo que el estudio jurídico será un elemento clave.

P. ¿ No habría que cambiar el Pacto, hacerlo mas ambiguo?

R. Si estuviéramos debatiendo el fondo, no estoy de acuerdo con que se haga más ambiguo. Creo que debemos mantenerlo predecible. Pero no estamos hablando de la sustancia del Pacto, sino de la seguridad jurídica y la igualdad de trato de los Estados miembros.

P. Algunos dicen que un mayor déficit puede alentar la recuperación económica.

R. Es un viejo tema el de si el Pacto es restrictivo o no en términos de crecimiento económico. Este punto hay que verlo de dos maneras. En primer lugar, el Pacto pretende conseguir un equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo, por lo tanto, si logramos una posición estructural básicamente equilibrada, quiere decir que en una situación de crisis económica hay margen para actuar. No hay que olvidar que los problemas de Francia y Alemania nacen de no haber conseguido esta posición en momentos anteriores. A partir de allí el Pacto establece una norma rígida: no superemos nunca el 3% en términos nominales. Y a mí me parece bien. No ha habido restricción fiscal alguna que impidiera el crecimiento, lo que sucede es que hay una tendencia a considerar que los problemas de Europa se resuelven con más gasto público. Yo creo que los problemas de Europa no son de más gasto público. El incremento de gasto publico tiene que estar muy bien definido para tener un impacto positivo. La historia de Europa es de exceso de gasto público y de dificultad de aprovechar los buenos momentos de crecimiento por exceso de gasto público. El problema de Europa es cómo mejorar nuestra capacidad productiva, cómo mejorar nuestro potencial de crecimiento y eso es lo que incluimos en el Proceso de Lisboa, que en pocas palabras quiere decir más gente trabajando y de forma más eficiente y productiva. Eso es lo que llamamos reformas estructurales. Si no las hacemos, al tener más gasto público vamos a tener más inflación y no necesariamente más crecimiento.

P. Controlar el gasto es una medida técnica factible. En cambio, las reformas estructurales requieren modificaciones sustanciales en la forma de ser europea: exceso de burocracia y reglamentación, anquilosamiento del sector servicios, barreras a negocios transfronterizos... Desde la Comisaría de Mercado Interior se mantiene que de aplicarse en la UE el sistema sobre servicios de EE UU se crearían 36 millones de empleos.

R. Creo que esto es parte del problema. Estamos en medio de un proceso de globalización y la globalización en sí misma trae más crecimiento porque nos permite trabajar con una visión más amplia. Pero trae consigo también más competencia y esto implica suprimir todos los obstáculos que hasta ahora hemos considerado normales. Considerábamos normal mostrar el pasaporte en las fronteras, tener monedas diferentes, controlar las mercancías. Son todas situaciones que han desaparecido. Pero tenemos que seguir avanzando. El hecho de tener una moneda única en 12 países no quiere decir que tengamos un mercado financiero único en 12 países. Por eso, nuestros costes financieros son más altos que los de EE UU y, en consecuencia, lo serán también los costes de las empresas y seremos menos eficientes que EE UU. Si somos menos eficientes, tendremos que competir con los salarios, que tendrán que ser más bajos.

P. Las previsiones de crecimiento señalan que la economía de EE UU crecerá en 2004 por encima del 4%, mientras que la UE no llegará al 2%, con diferentes estrategias de déficit fiscal.

R. No es un problema de más o menos déficit publico. La historia nos demuestra que la razón del incremento del déficit en Europa es muy diferente de la de EE UU. Para nosotros es mucho mas difícil eliminar el déficit. La diferencia de crecimiento no es consecuencia de una política fiscal expansiva. Todos los estudios de la Comisión ponen de relieve que dos tercios de la diferencia de crecimiento se deben fundamentalmente al sistema de trabajo en sentido amplio, cuánta gente trabaja, horas de trabajo..., y un tercio se debe a la productividad. La política fiscal contribuye muy poco.

P. Alemania y Francia siguieron afirmando que habían cumplido el Pacto, y al final hubo una declaración común con grandes alabanzas sobre el papel que sigue cumpliendo el Pacto.

R. La Comisión fue invitada a firmar este documento, pero decidimos no hacerlo. Nos parecía un poco como en los viejos textos del catecismo, al final de la confesión, el propósito de la enmienda. Pero el propósito de la enmienda exigiría también cumplir la penitencia, cambiar y corregir la situación actual, cosa que no se hace. El problema fundamental es que nosotros veíamos una gran contradicción entre lo que se estaba haciendo y lo que se estaba diciendo.

P. ¿Se ha sentido la Comisión desautorizada?

R. Siempre tuvimos una línea bastante clara, conscientes de que nos iban a tachar de burócratas, de imponer los reglamentos... por eso nunca me sentí atacado personalmente. Queremos ser lo más fieles posible a la norma.

P. ¿Hay alguna manera ahora de aplicar las normas, si ya hay dos países a los que no se aplican?

R. No cabe duda de que la decisión del otro día nos pone ante una contradicción importante entre decisiones jurídicas, que tenemos que respetar como Comisión, y una decisión política, que no tiene carácter legal, pero que nosotros como Comisión tampoco debemos menospreciar. Lo que nos comunica esta decisión política es que hay Estados miembros que no están dispuestos a votar a favor de determinadas medidas. Nosotros como Comisión no propondremos aplicar a otros países lo que no se ha aplicado ahora. Me parecería injusto que planteáramos tratamientos diferenciados a otros países. Todo eso nos está llevando a una reflexión a nivel técnico para ver cómo vamos a seguir trabajando en el futuro. Se seguirá en la línea de respecto al Pacto, pero esto incluye innovaciones que habrá que tomar en consideración.

P. Italia está llamando a la puerta con una previsión de déficit en torno al 4% en 2005.

R. Estas previsiones se realizan sobre la base de no cambio de políticas y en el caso italiano no discutimos las cifras, sino la utilización excesiva de medidas excepcionales. Nosotros insistimos en que Italia tiene que hacer esfuerzos adicionales, que cada vez tendrán que ser mayores si no se corrigen los verdaderos problemas estructurales.

P. Tras la decisión del martes se abre una brecha para la no aplicación del Pacto en otros países.

R. La Comisión tiene que seguir siendo coherente. Si hay países que corren el riesgo de superar el 3%, tenemos que lanzar alertas tempranas y, si superan el 3%, tenemos que lanzar déficit excesivos.

P. Algunos países, como Francia y Luxemburgo, dicen que hay que modificar el Pacto, pero cuando la situación esté más fría, en 2005/2006. ¿Hay que modificarlo?

R. El Pacto son dos cosas: unos conceptos básicos y unos procedimientos. Los conceptos básicos son irrenunciables. Nos parece razonable tener un marco fiscal para toda Europa parecido y que se base en equilibrios presupuestarios a medio plazo. Me parece muy difícil modificar esas ideas de base. Podríamos plantearnos si vale la pena modificar la cifra del 3%. Pero, ¿cambiará algo poner el 2,75% o el 4%? ¿En qué cambia el caso cuando lleguemos al 4%? Con políticas fiscales más expansivas, volvería a plantearse el problema. Ahora ya estamos en el 4,2% para Francia y Alemania en 2003. Si lo que queremos es cambiar el procedimiento, todos son válidos siempre que nos permitan alcanzar los objetivos. Lo que me preocupa es que se planteen procedimientos que hagan más fácil no cumplir los objetivos. Si se trata de eso, es un error.

P. ¿Qué credibilidad puede tener para el futuro un nuevo plan si el anterior no se ha cumplido?

R. De ahí la gran innovación que supone la decisión de cambiar un pacto basado en normas a un pacto basado en acuerdos políticos. Es un error desde el punto de vista de los mercados, que tienen que saber cómo se toman las decisiones y cuándo se puede esperar que la decisión se produzca en un sentido o en otro. Que las decisiones finales del Consejo se adopten sin un procedimiento jurídico claro, no creo que sea buena solución. Además, es importante señalar que el Pacto puede ser modificado solamente por unanimidad.

P. ¿Sorprendió la posición de España, que votó por la aplicación estricta del Pacto?

R. La posición de España fue digna de elogio, de gran coherencia a lo largo del debate. No puedo más que agradecer a España su posición.

P. ¿Y ahora qué? Usted mismo ha dicho que nos hallamos ante una crisis institucional grave.

R. Vamos a tener de inmediato que buscar soluciones a problemas tan importantes como qué hacemos con los programas de estabilidad. Habrá que debatir la posición de cada uno de los Estados miembros y buscar la solución a las contradicciones entre lo jurídico y lo político. No sé si será posible. En todo caso, esta decisión tiene consecuencias para el gobierno económico de la Unión. Por lo tanto es muy importante que los pequeños pasos hacia adelante dados por las Convención para reforzar la gobernabilidad económica no sean puestos en tela de juicio por la Conferencia Intergubernamental.

P. ¿Tendrá lo ocurrido en el Ecofin consecuencias sobre el ambiente negociador de la Conferencia Intergubernamental, cuando faltan dos semanas para la teórica conclusión de sus trabajos?

R. Es evidente que la negociación se está produciendo en un contexto en que cualquier elemento puede ser considerado por un país u otro como un indicador de posibles problemas. Ya veremos.

P. ¿Está justificado el temor a la potenciación del eje franco-alemán, ahora que algunos lo interpretan como un intento de ambos de imponer sus criterios al resto?

R. El eje franco-alemán ha sido fundamental en la construcción europea y va a seguir siéndolo. A mí me gustaría ver un eje franco-alemán activo en favor de la integración y no defensivo.

P. ¿Qué impacto cabe esperar de esta esta crisis sobre los tipos de interés y el euro?

R. Sobre los tipos de interés bueno no va a ser, desde luego. Hoy día, el tipo de cambio del euro está más definido principalmente por los datos de la evolución de la economía estadounidense.

P. Los mercados no han reaccionado ante esta crisis.

R. Estos problemas nunca hay que verlos a corto plazo, con una reacción mecánica y automática. El cambio de un modelo claro de norma fiscal por un modelo indefinido no es bueno para el euro.